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| Jorge Raventos |
La movilización auspiciada por Hugo Moyano, el discurso del jefe de los camioneros en Plaza de Mayo, la errática intervención de la señora de Kirchner en la cadena nacional del martes 26 y el demorado y mezquino monto que la caja central le giró a la provincia de Buenos Aires constituyeron, en la semana que concluye, pruebas insoslayables de la desagregación de la coalición oficialista. No fueron las únicas.
Argumentos y argucias
Un día antes de que los camioneros y muchos de sus aliados gremiales colmaran la mitad habilitada de la Plaza de Mayo y varias cuadras de las avenidas que convergen en ella, la Presidente pretendió dar una respuesta adelantada a la protesta gremial. Para quejarse de la protesta de los sindicatos, rechazó los reclamos contra el impuesto a los salarios y cuestionó por “falta de solidaridad” a quienes se niegan a pagarlo. “Sólo un 19 por ciento de los trabajadores en blanco están alcanzados por ese impuesto”, argumentó la Señora. Podría haber agregado -como hizo el jueves uno de sus seguidores- que ese porcentaje es aún menor si se computan todos los trabajadores informales, aquellos que hoy no cuentan con un salario de convenio, ni con cobertura de obras sociales y que no aportan para las jubilaciones que necesitarán mañana. Si se corrige la cifra con ese rasero, se podría decir que sólo un 10 por ciento de la fuerza de trabajo (más de 2 millones de personas) sufre los descuentos por el impuesto al salario.VER MÁS
El argumento puede, en principio, traducirse así: después de una década en que la economía argentina contó con condiciones excepcionalmente favorables proporcionadas por el mundo, el 90 por ciento de las personas que en el país trabajan en blanco, en gris y en negro ganan menos de la cifra afectada por el impuesto al salario (algo menos de 6.000 pesos para un trabajador sin cargas de familia). No parece un logro satisfactorio para un gobierno que (así sea de a ratos) invoca parentesco con el peronismo y con su bandera de la justicia social.
Tampoco parece un razonamiento que sostenga bien la exigencia de que quienes ganan un sueldo por encima de ese límite oblen un gravamen que no pagan, por caso, quienes reciben rentas financieras. La Presidente, por ejemplo, no paga impuestos por los intereses que recibe de sus depósitos en plazo fijo que (antes de pesificarlos) eran de alrededor de 3 millones de dólares.
El discurso de la Presidente del martes 26 incurrió en más de una incoherencia. Después de admitir que 90 de cada 100 asalariados argentinos ganan menos (y hasta mucho menos) de 6.000 pesos, la Señora quiso convencer a la audiencia de que en el mundo se observa con estupefacta admiración los porcentajes de aumento -superiores al 20 por ciento- que pactan las convenciones paritarias. Ciertamente, si alguien tomara en serio las cifras de inflación que provee oficialmente el Estado argentino a través del INDEC, tales porcentajes (reiterados en los últimos años), reflejarían un sorprendente nivel de recomposición de los sueldos. Pero los porcentajes del INDEC son una mentira y nadie cree en ellos. El hecho de que los salarios del 90 por ciento de los trabajadores estén por debajo de los 1.000 dólares mensuales muestra que la presunta recomposición no ocurrió. Cuando en el exterior observan los porcentajes que se discuten en las negociaciones salariales dan por descontada la impresionante tasa de inflación argentina, una de las tres mayores del mundo.
Provincias y concentración
Pero ese martes la Presidente no se contentó con argumentar sobre la movilización de Moyano. También quiso hablar de las provincias. Antes que nada, de la de Buenos Aires que, según ella, no está bien administrada. No tan bien como ella administra el país.
La filípica fue escuchada por todos los gobernadores. Las campanas doblan por todos. La Señora advirtió -para todos- que la Gendarmería nacional no aportará colaboración en las provincias. También prometió que la Policía Federal, al día siguiente, sólo protegería la Casa Rosada, pero no custodiaría los alrededores del acto de Moyano. Si se quiere, esas palabras operaban como metáforas de la actitud del gobierno central frente al conjunto de la sociedad: los recursos -impuestos, instrumentos de seguridad- van a manos del Estado central, los aportes y los servicios quedan a cargo de los ciudadanos-súbditos, de las empresas, de las estructuras subnacionales.
La Presidente empleó para argumentar su reacción un accidente sufrido por el ómnibus que conducía de regreso a varias decenas de gendarmes que habían sido enviados a Río Negro, a raíz de los candentes episodios ocurridos en un yacimiento petrolero de la empresa Pan American. El choque de ese ómnibus provocó la muerte de nueve gendarmes y más de cuarenta heridos.
Los efectivos, que habían tenido que afrontar una durísima situación en el yacimiento, donde soportaron el acoso de un grupo de militantes de la construcción que se autodenominan “los dragones”, fueron finalmente evacuados a Buenos Aires en el micro que chocó. “Nos envían en avión cuando las papas queman y nos mandan de vuelta en ómnibus”, que quejó un vocero de los efectivos. El episodio provocó un planteo en la fuerza. Es probable que la decisión presidencial de no enviar la Gendarmería a las provincias haya sido una manera de transformar la necesidad en virtud o, si se quiere, de convertir en decisión propia una imposición de los hechos.
En cualquier caso, la Presidente anunció que las provincias no podrán contar con respaldo del Estado nacional en materia de seguridad. Cubrir la vacancia que esta decisión provoca implica costos (políticos y monetarios) que quedarán a cargo de los estados provinciales.
Simultáneamente, el Estado promete ser más cicatero en sus obligaciones monetarias con las provincias y aplicarles a ellas criterios de supervisión de la calidad administrativa de carácter análogo a los que el propio Estado central rechaza cuando (pese a los compromisos asumidos ante el G20) se niega a la auditoría del Fondo Monetario Internacional.
Moyano y el gobierno
La Señora dejó la Casa de Gobierno vacía el miércoles 27. No quiso escuchar de cerca el discurso de Hugo Moyano. Hasta dio órdenes para que nadie se asomara a observar el acto del camionero desde las ventanas o balcones de la Casa Rosada. Prefería no registrarlo.
El dirigente camionero insistió en un programa (oposición al impuesto al salario, universalización de los subsidios familiares) que comparten hasta sus adversarios sindicales; en lo político fue más allá: apuntó a la condición de “exiliados de la 1050” del matrimonio Kirchner en la década del ‘70, cuando se dedicaron “a enriquecerse con la resolución 1050” (una descripción no por exacta menos ácida para la cúspide oficialista) y le quitó virtudes al “modelo K”, reduciéndolo a epifenómeno del precio de la soja y del “viento de cola” internacional. Ruptura clara con la cosmovisión kirchnerista. Ruptura difícil, también. Porque en el seno de las fuerzas que respaldan al secretario general de la CGT (y hasta en su propia mirada) todavía subsisten una dependencia del relato K y una coincidencia con la, digamos, ideología del oficialismo.
Esas ambigüedades son simultáneamente, si se quiere, vulnerabilidades y fortalezas del moyanismo. Denotan una coincidencia remanente con la lógica kirchnerista que, entre los amigos políticos y gremiales de Hugo Moyano puede ser dispar, pero existe. Al mismo tiempo, esa ambigüedad, propia de quien rompe con algo que compartió, opera también como puente para facilitar la salida -actual o próxima- de otros sectores de la coalición oficialista que se ven sofocados por los comportamientos actuales del gobierno.
Moyano habló invocando el peronismo y la necesidad de diálogo con los que disienten. Aunque es difícil que su pedido sea escuchado por la Casa Rosada, que ya ha roto los puentes con el sindicalista, ese planteo expresa a muchos sectores que todavía se mantienen -por la fuerza de los hechos- en el redil oficialista pero esperan (desean) cambios de actitud. Moyano está abriendo un canal que otros, probablemente, navegarán en algún tiempo.
Pero los planteos económicos de Moyano (y del resto del sindicalismo) son todavía más difíciles de admitir desde el gobierno, porque reclaman soltura de una caja que hoy no cuenta ya con la abundancia de otros tiempos. El rigor presidencial está determinado por los problemas fiscales y por la decisión política de endosar a otros (trabajadores, provincias, jubilados, empresas) la “sintonía fina” que el propio Estado central se resiste a ejercer sobre sus propios gastos.
El gobierno y los otros gremialistas
El gobierno ha decidido que, puesto que ha fracasado en ganarle la CGT a Moyano, la mejor política es dividir la central obrera y en ese rumbo se marcha.
Para conseguirlo necesita apoyarse sobre un sector de la dirigencia sindical frente al cual el kirchnerismo siempre se mostró, como mínimo, reticente. Y al cual a menudo repudió. Hoy, para pelear contra el camionero, el gobierno ha colocado alegremente el letrero: “Se acepta tierra”. Los intelectuales oficialistas se encargarán de adecuar el relato y explicar las nuevas afinidades.
De hecho, ese gremialismo le podrá servir mientras las discusiones se den en los pasillos o las oficinas. No parece posible que los grupos que conformarán la CGT oficialista estén en condiciones de conseguir ni cercanamente movilizaciones como la de Moyano en Plaza de Mayo, que la Presidente juzgó “flaca”.
Quizás esa incapacidad es lo que vuelve a esa fracción del sindicalismo más grata a los ojos de la Casa Rosada: sus dirigentes son débiles y políticamente vulnerables. Por lo tanto, están condenados a ser más dependientes del gobierno. En todo caso, su fuerza negociadora dependerá menos de su propia fuerza de la que exhiba Moyano desde la (otra) CGT que indudablemente liderará. La CGT oficialista parasitará la presión que ejerzan Moyano y las fracciones más combativas del movimiento obrero.
La actitud ante Scioli
La decisión de vapulear verbalmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, chucearlo a través de los arietes centralistas y retacearle los recursos que le corresponden parece una decisión poco ponderada, provocada por la constatación de que Daniel Scioli tiene una fuerte imagen positiva (tanto en el distrito como en el país) y aparece como un plausible candidato a la presidencia en 2015.
Hasta hace poco se podía suponer que la resistencia provenía exclusivamente de lo que podría definirse como “fundamentalismo cristinista”, hostiles a la idea de que la sucesión de la era K derive hacia el gobernador bonaerense. Los últimos acontecimientos, el hecho de que los golpes contra el gobernador hayan surgido no sólo de personajes como Gabriel Mariotto o Juan Manuel Abal Medina, sino de ministros (De Vido, Randazzo, Lorenzino) y hasta de la propia señora de Kirchner, son evidencias irrefutables de que hay un distanciamiento objetivo.
El hecho de que Scioli haga un nuevo y denodado esfuerzo por eludir una confrontación abierta no puede ser atribuido ya a una interpretación equivocada, sino más bien a una decisión política: el gobernador parece apostar a que la sociedad comprenderá y aprobará su actitud de evitar los conflictos abiertos.
¿Lo comprenderán los trabajadores provinciales a quienes se les postergará y fraccionará el pago del aguinaldo por la ausencia de los fondos que debía girar la caja central? El gobernador afronta un verdadero desafío. El Estado Nacional lo empuja a soportar el cuestionamiento de los sindicatos del Estado. Le crea problemas con la policía provincial (también afectada por el recorte en el giro de fondos), al tiempo que el retiro de la Gendarmería le genera nuevas exigencias y los ideólogos del centralismo lo critican por su política de seguridad.
Buenos Aires, como otras provincias, enfrenta el reto de un estado Nacional ensimismado, que atiende a su propio gasto y a sus propias necesidades y traslada a los demás sus propios costos. Moyano, las provincias -y todos “los demás”- empiezan a entrever que sus problemas provienen de una misma fuente.
