Por Micaela Pérez/El Cronista.-
El capítulo argentino del caso Odebrecht renovó la expectativa de que la ola de transparencia que sacude a Brasil se replique en Argentina. Pero los expertos son escépticos. A las restricciones del sistema penal se suman dificultades normativas, el desprestigio de las instituciones y el antecedente de la falta de sanciones ejemplares en casos de corrupción.
La reacción ciudadana, la protesta civil, la indignación es la clave para presionar a la clase política y a los jueces y fiscales para combatir la corrupción. El ciudadano debe ser el primer defensor del Estado de derecho. Solo de esta manera tiene todos los títulos morales para pedir Justicia".
El autor de esta frase es nada menos que Antonio Di Pietro, el ex fiscal italiano que en los años 90 llevó adelante una cruzada contra la corrupción conocida como mani pulite, aquel resonado proceso que puso al descubierto una extensa red ilícita que sacudió la raíz de los principales partidos políticos y a buena parte de la clase empresaria italiana. Se la dijo a El Cronista hace casi cuatro años, cuando visitó Buenos Aires y pudo observar in situ los rasgos más oscuros de la dirigencia política vernácula y conocer las sospechas de corrupción que por entonces ya pesaban sobre el gobierno kirchnerista.
El autor de esta frase es nada menos que Antonio Di Pietro, el ex fiscal italiano que en los años 90 llevó adelante una cruzada contra la corrupción conocida como mani pulite, aquel resonado proceso que puso al descubierto una extensa red ilícita que sacudió la raíz de los principales partidos políticos y a buena parte de la clase empresaria italiana. Se la dijo a El Cronista hace casi cuatro años, cuando visitó Buenos Aires y pudo observar in situ los rasgos más oscuros de la dirigencia política vernácula y conocer las sospechas de corrupción que por entonces ya pesaban sobre el gobierno kirchnerista.
El Lava Jato en Brasil, con su trama de corrupción en América Latina, y los coletazos que repercuten cada vez con más fuerza en el país y amenazan con hacer crujir a todo un sistema contaminado de hechos ilícitos, plantean una serie de interrogantes cada vez más inquietantes: ¿Está preparada la Argentina para hacer frente a una "ola de transparencia" similar a la que sacude a Brasil? ¿Son las instituciones locales lo suficientemente sólidas para soportar un mani pulite a la criolla? ¿Están disponibles las herramientas legales para que la Justicia local lleve adelante con éxito ese proceso? E hilando un poco más fino aún; ¿están dispuestos los jueces y fiscales argentinos a aplicar todo el peso de la ley para llevarlo a cabo? Las dudas crecen, mientras siguen su avance decenass de causas por corrupción contra el Estado y la sociedad reclama a gritos transparencia. Ahora, claro, con renovada expectativa de la mano del capítulo argentino del Lava Jato. ¿Habrá resultados?
Hace pocas semanas, el Gobierno volvió a poner en la mira a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, a quien esta vez acusa de demorar las causas contra Odebrecht y retacear la información respecto a las coimas que la empresa admitió haber pagado en el país (u$s 35 millones) para proteger a ex funcionarios kirchneristas, ya que los sobornos se materializaron entre 2007 y 2014, cuando gobernaba Cristina Kirchner.
Incluso, el oficialismo asegura ver la mano de Gils Carbó detrás de las denuncias motorizadas contra el actual titular de la AFI y amigo personal de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, por recibir supuestas coimas de la constructora brasileña. La propia vicepresidenta Gabriela Michetti planteó días atrás ante este diario que le resultaba extraño que Fernando Meirelles, el financista brasilero que denunció a Arribas, solo recuerde ese nombre cuando el titular de la AFI no era por entonces siquiera funcionario y haya omitido, ¿expresamente, quizá?, mencionar a funcionarios del gobierno anterior directamente relacionados con la Obra Pública.
Ayer se dio la señal de largada para que comience a llegar la información sobre las coimas que la empresa brasilera pagó en Argentina, pero en la Casa Rosada temen que la jefa de los fiscales intente encubrir responsabilidades de ex funcionarios kirchneristas amparándose en la condición que le puso su par brasileño para aportarle los datos: evitar filtraciones que entorpezcan las investigaciones. El asunto es más complicado aún porque, hasta donde se sabe, las ramificaciones llegan hasta Ricardo Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez. Pero también hasta el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. Es que las denuncias involucran a Iecsa, la firma constructora que recientemente fue adquirida por Pampa Energía, en el pago de coimas por el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. El fiscal que lleva adelante esa causa pidió esta semana incluir en la investigación al hípercuestionado ex ministro de Planificación Federal, el hoy diputado del FpV Julio De Vido.
La semana pasada, la legisladora porteña, ahora integrante de Cambiemos, Graciela Ocaña, le dijo a 3Días estar convencida de que el presidente Macri quiere llegar al fondo del caso Odebrecht "caiga quien caiga", y se ilusionaba con que la Argentina logre aprovechar la experiencia brasilera para reeditar aquí un proceso de transparencia como el que lleva adelante el principal socio del Mercosur. Pero no todos manejan el mismo grado de optimismo que Ocaña cuando de erradicar la corrupción en la Argentina se trata.
Instituciones desprestigiadas
Silvina Martínez, abogada y asesora de la diputada Margarita Stolbizer, cree que el país no está preparado para un mani pulite por la enorme "desconfianza" ciudadana que existe en las instituciones.
"Creo que si llegara a ocurrir nunca estaríamos conformes. Siempre un grupo pensaría que los jueces o los fiscales fueron comprados o actúan políticamente", dice a 3Días. Y también pone en duda la vocación política del Presidente de ir a fondo en este asunto.
"Lo que veo son movimientos un poco torpes. El Gobierno esperó seis meses desde que se conoció el escándalo internacional que afectaba a la Argentina y no movió un dedo. Y faltando una semana empezamos a ver una serie de ministros moviéndose como autitos chocadores sin rumbo. El único país donde no hay presos por este tema, donde el Gobierno no impulsó una sola acción judicial, es Argentina", sostiene Martínez.
Y agrega: "La ciudadanía no cree en la justicia ni en los fiscales. Mucho menos en la Procuradora General. Hasta los miembros de la Corte, como el caso de (su titular Ricardo) Lorenzetti, son cuestionados por miembros de Cambiemos (N de R: en alusión a las denuncias de Elisa Carrió). Imaginemos este contexto y es claramente imposible juzgar cualquier hecho de corrupción, no sólo Odebrecht".
Natalia Volosin, abogada y master en Derecho por la Universidad de Yale, coincide con Martínez. "La Argentina tiene montón de restricciones para llevar adelante este caso, como sí lo hicieron Brasil, Perú y República Dominicana. La Argentina tiene un problema de corrupción estructural, una parte de la política, del empresariado, del sindicalismo y de la sociedad civil come del plato de la corrupción, y hay pocos incentivos para romper ese sistema que beneficia a todos", sentencia.
Para el vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, el fiscal Ricardo Sáenz, el primer paso hacia la transparencia debería ser empezar a cambiar "una cultura judicial instalada para que los jueces que investigan casos de corrupción sean más expeditivos y lograr que se independicen los procedicimientos judiciales de los procesos políticos".
Como muestra de esta demanda basta un botón: Cristina Kirchner fue procesada en la causa Los Sauces (también lo está en el caso dólar futuro) recién en 2016 y ya fuera del poder.
Yendo un poco más atrás, el inicio de la causa por contrabando de armas a Croacia y a Ecuador se dio en 1995, pero recién en 2007, o sea 12 años después, la Justicia procesó al ex presidente Carlos Menem por contrabando agravado.
En la misma línea que Martínez, Sáenz también le apunta a la necesidad de "fortalecer las instituciones para que recobren prestigio", como planteó el Gobierno cuando llegó al poder. "No olvidemos que veníamos de 12 años en los que el Congreso era una suerte de ‘escribanía’ (del Poder Ejecutivo). Ahora, por lo menos, al no haber mayorías, se hace política, se negocia y consensúa", señala.
Según Volosin, esta debilidad de las instituciones hace prácticamente imposible que "la ciudadanía pueda identificar algún sector que logre llevar adelante, de manera profesional e independiente, esta investigación y no usarla con fines politicos". Una vía alternativa -plantea- "sería armar una comisión bicameral investigadora, con expertos independientes y mucha transparencia".
Leyes que faltan
Con el impulso de Cambiemos, el Congreso aprobó en noviembre pasado la ley que extiende la figura del arrepentido en el Código Penal para que abarque casos de corrupción, delitos contra el Código Aduanero y asociación ilícita. La norma es considerada un avance importante en la materia, aunque la abogada Silvina Martínez aclara que "falta un mecanismo que permita recuperar el dinero producto de ilícitos de la corrupción en forma rápida. Y faltan mecanismos para sancionar casos como Odebrecht de soborno transnacional. Pero creo que hay que pensar en una reforma integral y no parches que generan ruido pero no son eficaces", dice.
Con todo, la abogada cree que el problema del país excede al marco legal. "Acá en la Argentina nadie va preso -insiste-. Las causas de corrupción demoran años y terminan prescribiendo. Entonces no resulta atractivo ser un arrepentido", plantea.
En Brasil, en cambio, la "delación premiada" (equivalente a la ley del arrepentido) funcionó en el caso Petrobras porque ya antes se habían aplicado penas altas de prisión a actores relevantes de la política. Nadie quiere estar en el lugar de quienes están en prisión. Desde el ex jefe de gabinete y mano derecha de Lula Da Silva, José Dirceu, hasta el poderoso empresario Marcelo Odebrecht, purgan hoy penas en la cárcel junto a otros políticos brasileños por el escándalo del Lava Jato. Pero en la Argentina, la amenaza de sanciones aparece como poco creíble.
El fiscal Saénz marca otra diferencia no menor respecto de Brasil: "En la Argentina hay un Código Procesal Penal por el que la investigación la llevan directamente los fiscales, pero su implementación está suspendida. Se sancionó con Cristina Kirchner, pero Macri lo suspende apenas asume porque obviamente Gils Carbó no daba ninguna garantía en su tarea de comandar el cuerpo de fiscales. Ése es el sistema acusatorio que rige en Brasil y es lo más moderno. Mientras está suspendido, aquí son los jueces los que investigan los casos", dice el fiscal.
Volosín amplía: "En Brasil, la delación premiada te permite obtener inmunidad y funciona de manera directa; acá primero tenés que hacer un acuerdo con el fiscal, después debe homologarlo el juez, pero esto no te garantiza la reducción de la pena que depende de un tribunal oral al momento en que te da la condena". Además, remarca, este tipo de causas de corrupción rara vez llegan a juicio. Y recuerda un dato por demás desalentador: "En la Argentina las causas por corrupción demoran en promedio 14 años. En 20 años, hubo sólo siete condenas por corrupción en el país".
Martínez, por su parte, vuelve a detenerse en el caso Odebrecht: "Parecería que tiene más para perder si se suma a la ley del arrepentido. Hace seis meses que continúa con las obras, nadie lo fiscaliza, y está en el medio de una puja entre el Gobierno y el Poder Judicial. Lamentablemente nos toca vivir este escándalo en medio de un año electoral con lo cual no hay que esperar mucha seriedad", señala.
Justamente, el Gobierno avanza en negociaciones con Odebrecht para acercar posiciones y obtener datos del capítulo argentino del Lava Jato evitando así que sea sólo Gils Carbó la que acceda a esa información sensible.
Otras dos leyes que aguardan tratamiento en el Congreso son la de extinción de dominio (plantea el decomiso de los bienes obtenidos de forma ilícita) y la de responsabilidad penal empresarial o de las personas jurídicas. Sobre esta última, el propio Macri pidió en la apertura de las sesiones ordinarias su pronto tratamiento. La iniciativa impulsada por la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso plantea multas de hasta el 20% de los ingresos brutos anuales de las compañías y la suspensión de su personería.
Uno de los objetivos del proyecto es la "generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la administración pública por medio de programas de integridad", y también que "la amenaza de sanción a las personas jurídicas sirvan para aumentar la prevención de la corrupción y robustecer la eficacia en la persecución y castigo de los partícipes individuales".
Para el fiscal Sáenz, "es imprescindible que exista esta ley". Martínez coincide en que la ley es necesaria, pero dice que el proyecto tiene falencias. Y vuelve a insistir en que el problema es "la falta de aplicación de sanciones. Si un funcionario robó, tiene que ir preso. Si un empresario pagó coimas, no puede trabajar nunca más con el Estado. Si un juez no hace bien su trabajo, debe ser destituido. Nada de esto pasa en Argentina a pesar de existir el marco normativo".
La ciudadanía, mientras tanto, espera respuestas.
