La primera represalia de España hacia la Argentina le pegó de lleno a una de sus industrias más eficientes: la del complejo sojero. Tras el anuncio de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en la petrolera argentina, el gobierno de Mariano Rajoy echó mano a la medida más sencilla para perjudicar a la Argentina y decidió prohibir la importación de biodiesel, como anticipó El Cronista en su edición impresa del 26 de marzo. En ese momento, los embates contra la petrolera se limitaban a la quita de concesiones, pero la Comisión Delegada de Asuntos Económicos española ya daba tratamiento a una orden ministerial que obliga a las petroleras con operaciones en la región a comprar el biocombustible sólo a elaboradores europeos. Tras el anuncio de expropiación, se aprobó la llamada "Orden del Biodiesel", por la que se prohibieron las importaciones del producto argentino, que representaron en 2011 ingresos por cerca de u$s 1.000 millones. La medida, que estuvo por ser aprobada en mayo pasado, fue detenida -según trascendió-por la presión del gobierno argentino ante la inminencia de las elecciones que ungieron el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ver más
Pero esta semana, el gobierno español no dudó en tomar la primera represalia con una medida que, además, tiene un fuerte apoyo del empresariado local: cerca del 70% de la capacidad de producción de biodiesel en España se encuentra ociosa. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la portavoz del anuncio, que promete no ser el único.
La decisión de España fue un baldazo de agua fría para los fabricantes argentinos, que tenían en España, hasta hoy, su principal destino. Se estima que más del 60% de los envíos de biodiesel durante el primer trimestre del año fueron a la Madre Patria.
La sorpresa no es menor: desde 2010 a esta parte las empresas del sector del biodiesel anunciaron inversiones por más de u$s 600 millones. Las protagonistas de estos desembolsos son nada menos que las internacionales Cargill y Louis Dreyfus, y las locales Molinos Río de la Plata y el grupo Eurnekian, que comparten la producción en el país con Bunge, Aceitera General Deheza y Vicentín, entre otras empresas que tendrán que redireccionar sus ventas, no sin costos.
