Sin embargo, el 44% responsabiliza al Gobierno por la crisis petrolera. Respaldo crítico. Seis de cada diez argentinos apoyan la confiscación de YPF anunciada por el Gobierno, según la última encuesta nacional realizada por Poliarquía Consultores para LA NACION. El estudio deja en evidencia, no obstante, que el consenso sobre la medida viene acompañado por una fuerte crítica a las políticas energéticas del oficialismo: el 44 por ciento de los encuestados considera que el kirchnerismo es el principal responsable de la caída en la producción de hidrocarburos, por encima de los que culpan a la administración privada (36%). El análisis pormenorizado de los datos revela también una altísima correspondencia entre la opinión de los encuestados sobre la expropiación y su identificación política: casi nueve de cada diez argentinos que reconocieron haber votado por Cristina Kirchner en las últimas elecciones se manifestaron de acuerdo con la iniciativa impulsada por el Gobierno. Entre quienes tienen una imagen positiva de la Presidenta, la adhesión fue mayor: 92 por ciento. La lectura inversa deja al descubierto un llamado de atención a los dirigentes opositores que en los últimos días se mostraron en favor de la expropiación: la mitad de los encuestados que votaron por ellos en 2011 rechazan la medida. Ver más
"El punto más significativo es que efectivamente existe un apoyo mayoritario, pero no tan abrumador como algunos pensaban. También, que existe una conciencia en la opinión pública sobre las razones de la crisis energética y las consecuencias que esta medida puede tener para la imagen del país", señaló Sergio Berensztein, director de Poliarquía.
Casi como una constante en los últimos estudios sobre políticas o imagen presidencial, el polo de mayor resistencia a la toma de YPF vuelve a ubicarse en la Capital Federal. El 45 por ciento de los porteños consultados rechazan la medida. La ecuación se invierte más allá de la avenida General Paz: de cada diez encuestados en el Gran Buenos Aires, seis apoyaron la expropiación. El respaldo creció hasta el 66 en el interior del país. No sólo eso: en las provincias, cuatro de cada diez encuestados se mostraron "muy de acuerdo" con la medida.
El sondeo telefónico de Poliarquía fue realizado entre el jueves 19 y ayer, sobre un universo de 1115 casos. Tiene un margen de error de 3 por ciento.
El dato principal que arrojó fue un apoyo del 62% a la estatización de YPF, frente a un 31 por ciento de rechazo y apenas un 7 por ciento de indecisos. Entre los adherentes a la medida, más de la mitad (36%) se mostró "de acuerdo" con la expropiación, mientras que el 26% manifestó estar "muy de acuerdo". Del otro lado, dos de cada diez argentinos se expresaron en "desacuerdo", mientras que un 8% se plantó "muy en desacuerdo" con la iniciativa.
"Estamos frente a una sociedad que no está inerme frente a las medidas del Gobierno y las clases políticas, y que está abierta a los matices", agregó Berensztein.
Cabe destacar que, para evitar distorsiones, las preguntas realizadas no incluyeron las palabras "expropiación", "nacionalización" o "estatización". En cada caso, en cambio, los consultores preguntaron por el grado de acuerdo con "las medidas anunciadas por el gobierno nacional en relación a YPF".
APOYO MILITANTE
La correspondencia entre el apoyo al Gobierno y el respaldo a la medida fue más que elevada.
Entre quienes tienen una imagen positiva de la Presidenta, casi la mitad dijo estar "muy de acuerdo" con la medida, mientras que el 42% se mostró "de acuerdo". Apenas uno de cada cien encuestados con buen concepto presidencial dijo estar "muy en desacuerdo". La misma relación se evidenció entre quienes reconocieron haber votado a la Presidenta.
Por otra parte, los hombres apoyaron la medida oficialista en mayor medida (66%) que las mujeres (59%), mientras que los jóvenes fueron más entusiastas que los mayores de 50. El 63% de los encuestados de entre 18 y 29 años se mostró de acuerdo con la iniciativa. El apoyo crece un punto entre los menores de 50, para bajar al 59% entre los mayores, un tercio de los cuales rechazó la medida.
El cruce de datos más significativo lo aporta la zona de residencia de los encuestados. Los porteños muestran casi un empate técnico entre quienes apoyan la expropiación (49%) y quienes la rechazan (45%). El rechazo desciende en el Gran Buenos Aires (32%) y más aún en el interior del país, donde apenas uno de cada cuatro consultados dijo estar en contra.
La segunda gran conclusión de la encuesta surgió cuando los encuestados identificaron al "principal responsable" de la caída de la producción de hidrocarburos que se dio en los últimos años. "El gobierno nacional, por las políticas implementadas", respondió casi la mitad (44%). Poco más de un tercio (36%) señaló como responsable a "la especulación económica" de Repsol.
El dato para quienes buscan convencer desde las dos orillas: uno de cada cinco consultados no supo o no quiso atribuir responsabilidades.
Entre quienes sí se expresaron, la filiación política volvió a ser determinante. Menos de un quinto de quienes tienen una imagen positiva de la Presidenta responsabilizaron al Gobierno por el déficit en la producción de petróleo. Entre los opositores, la culpó el 77 por ciento.
Si algo quedó en claro es que la medida no pasó inadvertida para los argentinos: apenas el 7 por ciento dijo no estar interesado en YPF.
BUEN IMPACTO ECONÓMICA, MALA IMAGEN
La encuesta de Poliarquía Consultores también reveló un doble estándar entre los argentinos a la hora de analizar los beneficios y perjuicios que podría acarrear la reestatización de YPF tanto para la economía como para la imagen del país en el exterior. Así, casi la mitad de los encuestados consideraron que la medida tendrá un impacto positivo para la economía del país (49%), mientras que menos de un tercio (31%) sostuvo que será negativo. Un 9% juzgó que no tendrá impacto. Del otro lado, casi la mitad (47%) de los consultados consideró que la imagen de la Argentina se verá afectada negativamente tras la medida del Gobierno, mientras que el 22 por ciento postuló que el efecto será favorable. A medio camino entre ambas posturas, 18 por ciento juzgó que no habrá consecuencias para la imagen del país frente al mundo.
