"La campaña electoral
de Cristina se hizo
en los shopping",
decía irónicamente un dirigente K
en la etapa previa al contundente 54%
que logró la jefa de Estado
El Gobierno, los salarios y un dilema para el "diván": por qué ahora "más es menos" y "menos es más". Por primera vez en nueve años el Ejecutivo se enfrenta a una gran encrucijada sobre cuál debe ser la "vara de referencia" en los aumentos de sueldos de privados y estatales. El diagnóstico que haga y el camino que elija pueden sellar a fuego los próximos años.
El Gobierno se enfrenta a una de las disyuntivas más complejas en estos nueve años de gestión kirchnerista: O calentar el crecimiento del país a corto plazo -en base al consumo y a una elevada pauta salarial- pero arriesgándose a que la economía se "descarrile" en el largo. O "encarrilar" el país pensando en el largo plazo, pero arriesgándose para ello a enfriar la economía en el corto. En lenguaje de "bolsillo": si convalida fuertes aumentos de salarios, a "tasas chinas", tal como sucedió hasta ahora, la Argentina sufrirá un nuevo impacto inflacionario y la suba de costos en dólares dejará al Gobierno y a las empresas contra las cuerdas. Si aplica un "torniquete" al alza en los sueldos, el consumo caerá aceleradamente, la economía se irá enfriando y las compañías estarán indefensas a la hora de tener que hacer frente a un eventual escenario de estanflación, tal como definen algunos analistas al actual escenario u otros expertos como el próximo al caer. Es por eso que definir la pauta salarial que resulte más conveniente para estos tiempos se transformó en un dilema casi de "diván": "más salarios" significa "menos enfriamiento" y "menos salarios" se traduce en "más desaceleración". Las recomendaciones que pudieren hacérsele a un "paciente" que presenta este controvertido cuadro no escapan de algunas consideraciones previas. Como por ejemplo que el consumo ha sido la base del sustento electoral K. Y que el Gobierno debe tener presente que -en breve- habrá que dar batalla para las próximas elecciones legislativas. Pero también se le aconsejaría que, antes de avanzar en dar rienda libre a los salarios, el "paciente" mire los duros datos que le devuelve el espejo de la realidad: faltan dólares en el país, la energía no alcanza, los productos importados le ganan a los nacionales en precio, la capacidad de producción de las empresas está al tope, las alzas de costos laborales se trasladan al valor final de los bienes, llegan pocas inversiones, los gremios están "cebados" y elevan sus amenazas, si no consiguen alzas mayores al 20%. En fin, resolver el dilema del "paciente" no es tarea fácil y se requerirá de muchas horas de "terapia" y -por sobre todo- de un buen diagnóstico para salir de la encrucijada. Ver más
Pronóstico reservado
"Hay sectores industriales, como algunas ramas metalúrgicas, donde el salario medido en dólares ya está un 40% por encima del de Brasil. Es una pérdida de competitividad demasiado fuerte y el Gobierno lo sabe", argumenta el politólogo Jorge Giacobbe.
Los hechos parecen darle la razón: un contundente 55% de las empresas afirma que su rentabilidad viene disminuyendo aceleradamente, lo que deriva en que las inversiones estén estancadas (45%) o, directamente, disminuyendo (29%), de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora SEL.
"Los cambios en los planes de inversión probablemente tengan que ver con la desaceleración de las ventas y con el aumento de la opinión pública sobre que el estado actual de la economía es inestable", afirma Ernesto Kritz, titular de SEL.
Este panorama no escapa a los ojos del Ejecutivo, que ya empezó a advertir que habrá que tomar -más que nunca- los recaudos que sean necesarios.
"Pido a los dirigentes sindicales responsabilidad, porque cuando se arman los barullos en los cuales todos gritan para ver quién puede lograr más y después se pudre todo, se van a sus casas, que nunca son pobres, y los trabajadores son los que se quedan sin empleo", dijo Cristina Kirchner en un acto en la Casa Rosada, mostrando un enojo como nunca antes lo había hecho.
Es que la jefa de Estado sabe, además, los riesgos que implica tener a Hugo Moyano en la vereda de enfrente, que ya amenaza con paros de actividades si no se aceptan sus reclamos, ahora en torno del 30 por ciento.
La única pauta de un "gremio amigo" que el gobierno pudo mostrar es la de los empleados de la administración pública, representados por UPCN, que firmaron por 21%, en un país donde los pronósticos de inflación para este año se ubican cerca del 25 por ciento.
Ni siquiera tuvo suerte con las negociaciones salariales de la industria metalúrgica, liderada por Antonio Caló -al que el Ejecutivo le ponía fichas y quería encumbrarlo en el trono de la CGT- hasta que sus pretensiones de fuertes aumentos y amenazas de paro provocaron el enojo de Cristina y que el oficialismo lo tache de su lista de candidatos.
"Los dirigentes moderados tienen una gran dificultad en imponerse, ya que están sometidos a una gran presión de las bases. Todos los trabajadores quieren lo mismo que se les ha concedido a otros. Además, los líderes sindicales se ven expuestos a la competencia de otros aspirantes a su cargo", afirma el economista Juan Alemann.
"Es lo que le pasó a Moyano, que este año no quiere repetir la experiencia del 2011 cuando hizo el papel del hijo de la pavota", afirma Alemann, en alusión a que en el capítulo anterior el líder camionero había firmado por 24% mientras que hubo gremios que pactaron 35 por ciento.
"El problema que se le presenta ahora al Gobierno es que nadie quiere firmar antes que Moyano, para no quedar mal parados ante las bases. ¿Qué incentivo tiene un dirigente en acordar un 20% para que luego Moyano le enrostre que no defendió los derechos de los trabajadores por no haber pedido un 30 por ciento?", se pregunta Giacobbe.
Para este analista, el kirchnerismo cometió un error al elegir la estrategia de confrontar con el líder de la CGT justo en un año en el que pedía al mismo tiempo moderación salarial.
En este contexto, las primeras reacciones tras el discurso de la Presidenta confirman que, lejos de tener buena receptividad, la dirigencia sindical parece reafirmar su postura inflexible.
Dolor en el bolsillo fiscal
Por si el Gobierno no tuviera suficientes motivos de preocupación con la pérdida de competitividad del sector privado (y el riesgo de que los aumentos en las remuneraciones sean inmediatamente trasladados a los precios), este año se agrega un nuevo factor de preocupación: los aumentos salariales empiezan a lastimar al bolsillo fiscal.
Primero fueron las provincias, que tienen un déficit total estimado en la friolera de algo más de $20.000 millones.
Tal es así que en muchas jurisdicciones el agua parece haber llegado al cuello.
Una es Santa Cruz, en donde el pago de haberes quedó limitado a aquellos que cobran un "bruto" inferior a los $9.000 pesos.
La situación fue descripta como "corralito salarial". Incluso, la asfixia de caja volvió a agitar viejos fantasmas, como la vuelta de las "cuasi monedas", un hecho por ahora lejos de convertirse en realidad pero utilizado por los gobernadores como una herramienta de presión hacia el Ejecutivo.
"Las provincias tienen mucho personal a cargo, la recaudación sube por debajo de los gastos y el nacional les Gobierno nacional adeuda dinero", describe Salvador Di Stefano, consultor financiero que estima para este año un déficit de $20.000 millones en las provincias.
También en este caso, Cristina Kirchner culpó a los sindicalistas y a algunos gobernadores por "acordar sueldos que son maravillosos en los papeles pero no hay plata para pagarlos".
Pero los problemas para la "caja" del Gobierno están lejos de limitarse a una eventual asistencia a las provincias. También se observan algunas dificultades en empresas de las que el Gobierno se hizo cargo, como es el caso Aerolíneas.
El sindicalista Jorge Pérez Tamayo -fuertemente enfrentado a la gestión del "camporista" Mariano Recalde- denunció que los problemas se deben a "la falta de fondos por parte de la empresa".
De todas formas, la peor parte puede venir desde otra área, la de los servicios públicos, que todavía está en manos privadas.
Ocurre que en el sector eléctrico, las firmas distribuidoras plantearon su imposibilidad de hacer frente a un aumentos extra de $300 para los empleados, a no ser que el Gobierno autorice un aumento tarifario.
"Este mix de tarifas congeladas, mayores costos y mantener el ritmo de inversiones prometidas en la concesión hizo que las empresas se endeudaran y perdieran una fortuna", observa Di Stefano, quien no descarta el escenario de reestatizacion.
De momento, el Gobierno participa de manera directa en estas paritarias, casi como si fuera la contraparte empleadora.
Lo hace a través del "comité de competitividad sectorial" creado por la Presidenta, donde funcionarios a las órdenes del viceministro Axel Kicillof determinan cuál es el "tope" salarial en sectores que son particularmente importantes y sensibles para el modelo K (ver nota: "La Cámpora desembarca en las paritarias para marcar el rumbo y la ‘sintonía fina' en las negociaciones salariales").
La fórmula para acelerar y frenar
Claro que, mientras se queja por el desborde de los pedidos salariales, al Gobierno tampoco se le escapa que su suerte política está fuertemente ligada al sostenimiento del consumo.
Los sociólogos advirtieron el tema con toda claridad: consideran que si el kirchnerismo convalidara una caída generalizada del nivel de compras de los argentinos, ello implicaría romper un "pacto social" con la población que podría afectar la estabilidad económica.
"Hoy la confianza en el Gobierno sube y baja en función de la capacidad de consumir", es la categórica definición de Guillermo Oliveto, de la consultora W.
Así las cosas, el actual escenario muestra que resulta necesario lograr un equilibrio que, en principio, parece difícil de conseguir: es decir, entre una demanda interna que siga motorizando la economía pero que, al mismo tiempo, no agregue presión sobre la inflación ni desgaste la competitividad.
La interrogante es si podrá lograrse. Algunos analistas, como Jorge Colina, economista jefe de la fundación Idesa, cree que el kirchnerismo agotará las instancias para estirar la sensación de bonanza todo lo que sea posible.
"Históricamente el Gobierno ha convalidado los pedidos salariales de los sindicatos sin hacer grandes objeciones. Aunque es cierto que ahora están sin superávit y ven que se les complica. Lo que creo que va a ocurrir es que van a intervenir solamente si ven que hay riesgos de despidos o de suspensiones de personal", afirma Colina.
Pero no todos los analistas vislumbran ese panorama. Para Giacobbe, la idea que predomina en el oficialismo es que "la etapa de la suba del salario real ya está terminada".
Por lo pronto, es difícil sacar una conclusión clara a partir de las declaraciones gubernamentales.
Es que la Presidenta, al mismo tiempo que se queja sobre los excesos de los sindicatos, también destaca la necesidad de sostener una fuerte demanda interna.
En sus propias palabras: "Hoy más que nunca, trabajadores y empresarios necesitan de un mercado interno fuerte que nos resguarde del vendaval externo. Tenemos que ser muy competitivos porque el mundo se nos viene encima y va a ser despiadado en la competencia".
Este panorama, de "mercado interno fuerte" -que implica salarios altos- amalgamado con el concepto de ser "muy competitivos" -que implica subas moderadas- parece ser un "dilema" difícil de resolver y para el cual quizá sólo ella tenga la respuesta.
