LOS PACTOS CFK-MACRI.
Un sitema de acuerdos que encubra a DE Vido.
El ciclo de coexistencia pacífica entre el macrismo y el cristinismo iniciado el 31 de julio pasado ingresó en una etapa de concreciones, luego de varios altibajos. La victoria de Jorge Macri, que le ganó la intendencia de Vicente López al radical K Enrique “Japonés” García, habría puesto de muy mal humor a CFK, y las relaciones entre la Casa Rosada y Bolívar 1 volvieron a tensarse. Pero el mal clima económico internacional y la corrida cambiaria habrían convencido a la presidente de que es conveniente afianzar la gobernabilidad a través de acuerdos con la única fuerza política de centro derecha que queda en pie, el PRO. Así nacieron las negociaciones por la transferencia de los servicios de subte y Premetro, a través de los buenos oficios del Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, ex operador político de Macri.
En las últimas dos semanas, se sucedieron una serie de novedades judiciales que parecen explicar en más de un sentido la nueva coexistencia pacífica entre el PRO y el cristinismo. Un fallo de la Cámara Federal porteña en la causa Skanska sobreseyó por inexistencia de delito a Daniel Cameron, secretario de Energía, y al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro, mientras que revocó el procesamiento que pesaba sobre el ex responsable del área de Fideicomisos del Banco Nación Néstor Ulloa y otra decena de ex ejecutivos de Skanska y de las transportadoras de gas TGN y TGS.
El fallo absolutorio, de unas 80 carillas, tiene como antecedente una pericia que descartó el pago de sobreprecios en las contrataciones, por la cual los especialistas que estuvieron a cargo pidieron que se les liquidaran honorarios por $48 millones y que fue impugnada por el fiscal Carlos Stornelli. Esta investigación empezó a fines de 2006, cuando la casa matriz de la compañía sueca Skanska admitió “irregularidades” en el pago de impuestos de su filial argentina, lo que dio lugar a un proceso por evasión tributaria por medio de facturas de empresas fantasma y luego a otro por cobro de sobreprecios y presuntos sobornos. Dos de las firmas que terminaron investigadas por esta operatoria fueron Camargo y IECSA. Angelo Calcaterra, primo de Macri es vocal de Camargo y presidente de IECSA, empresa familiar antes propiedad de Franco Macri. Estas constructoras habrían, por otra parte, aportado alrededor de 400.000 pesos para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el 2007. Calcaterra, con IECSA, es ahora el adjudicatario, por el gobierno nacional, de la mayor obra pública en marcha, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, con un presupuesto de 4000 millones, y goza de una estrecha relación con Julio de Vido. El anuncio de la reactivación de esta obra, paralizada durante tres años por las reyertas entre los Macri y los Kirchner, fue anunciada en agosto pasado por Schiavi.
Con el archivo de la causa Skanska pasarán entonces a la historia las sospechas sobre las constructoras del grupo Macri. Pero este caso tiene también otra faceta, igualmente significativa. El 28 de septiembre del 2007, el juez federal Guillermo Montenegro presentó la renuncia a su cargo y abandonó la causa Skanska -el expediente judicial que más preocupaba entonces al Gobierno- para asumir en diciembre como ministro de Seguridad de Macri. Esta renuncia demoró largamente que se retomara la investigación de la causa. Curiosamente, Montenegro estuvo en el ojo de la tormenta en la posterior causa de las escuchas ilegales, pero salió indemne de la misma.
Las piezas que encajan
Otros hechos recientes parecen contradecir, a primera vista, el sentido político de la liquidación de la causa Skanska. El 30 del mes pasado, la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría, llamó a indagatoria a Jaime Durán Barba, para el próximo 5 de diciembre, en la causa donde se investiga la denuncia contra éste por su presunta participación en la campaña sucia contra Daniel Filmus en la segunda vuelta porteña. La justicia encargó pericias sobre computadoras secuestradas en las empresas Tag Continental, Connectic SRL y NSS, acusadas de haber hecho el telemarketing con datos falsos sobre Filmus”.
“Allí, la Justicia encontró un ‘Acuerdo de confidencialidad y no competencia’, firmado por Durán Barba con accionistas de las empresas allanadas, Rodrigo Lugones y José Guillermo Garat, que lo vinculan directamente con ambas entidades, algo que el asesor del PRO había desmentido.
El segundo hecho se produjo el jueves pasado. El juez federal Norberto Oyarbide procesó al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios por haber pedido informes financieros sobre legisladores opositores a la gestión del jefe de Gobierno de la ciudad en Buenos Aires, Mauricio Macri.
¿Gravitaron estas decisiones judiciales en las negociaciones entre el PRO y el gobierno en el marco del Consejo de la Magistratura? Sea como fuere, la coincidencia temporal entre todos estos hechos es grande. Para Ricardo Alfonsín, por ejemplo, fue “escandaloso el acuerdo entre el oficialismo y el macrismo”, que permitió aprobar en el Consejo de la Magistratura una nómina de candidatos para cubrir las cuatro vacantes de primera instancia del fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. La nómina la integran el actual juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi; el actual juez federal de Morón Juan Pablo Salas; el juez de garantías de Quilmes Marcelo Goldberg; el juez de instrucción de la Capital Federal Luis Rodríguez; el secretario federal Sebastián Ramos y, por último, Sebastián Cassanello, actual secretario ante la Cámara Federal porteña.
Alfonsín recordó que el proceso fue “denunciado desde hace seis años, por todo el arco opositor, incluido el mismo PRO” de Mauricio Macri, e insistió en que el concurso está “severamente sospechado de irregularidades”.
“Que no se ofendan después si la sociedad los sospecha de designar jueces que les garanticen impunidad a la hora de ser investigados”. Ayer, La Nación remarcaba que “la jugada de Alejandro Fargosi y de PRO votando junto al kirchnerismo causó estupor, incluso, en la Corte Suprema.
“Fargosi llegó al Consejo con los votos de los abogados de PRO; de los estudios tradicionales y grandes que dominan el Colegio de Abogados de la Ciudad y de la UCR. ¡Y, ahora, esos sectores votan con el kirchnerismo! ¿Esos son los que quieren una justicia independiente?”, fue la chicana que disparó ayer uno de los ministros de la Corte”.
De Vido, el ganador
Así las cosas, la agenda de acuerdos entre CFK y Macri parece exceder el marco de un simple acercamiento circunstancial. En el círculo íntimo del jefe de gobierno se estima que estas maniobras no tendrán mayor costo político, porque sólo la UCR criticaría los pactos en marcha, ya que Hermes Binner haría la vista gorda y tanto el peronismo disidente como la Coalición Cívica están en plena diáspora. En la Cámara de Diputados, la decisión de Macri de dejar que sus legisladores actúen con libertad de acción en el proyecto de ley de legalización del aborto le hizo otro favor al gobierno, porque irritó a los peronistas disidentes, decididamente antiabortistas. La nueva red de acuerdos entre Macri y Cristina es probable que termine por sepultar el proyecto de un interbloque del PRO con los peronistas disidentes.
Hasta dentro de un año, la rivalidad electoral entre el PRO y el kirchnerismo no tomaría velocidad, con vistas al 2013. Entretanto, ambas partes sacan provecho de las buenas relaciones.
Tanta vocación de diálogo con una fuerza opositora -algo inédito en el kirchnerismo- tendría también efectos en la interna del gobierno. De Vido, el arquitecto de este entramado, estaría hoy más cerca que una semana atrás de la Jefatura de Gabinete. A su favor cuenta con ser el mejor puente con Hugo Moyano, la UIA y ahora también el macrismo.
