LA EMPRESA QUE CUENTA LOS VOTOS FUE DENUNCIADA EN VARIOS PAÍSES.
Fraude: la multinacional INDRA bajo sospecha
A cargo desde hace 15 años de los cómputos electorales en la Argentina, INDRA se ubica entre las principales empresas de tecnología de la información del mundo y su expansión en los últimos años es notable. Este gigante español firmó recientemente un acuerdo con Prisa, el primer grupo de medios de comunicación en los mercados de habla hispana y portuguesa. Por el mismo, INDRA se convirtió en el socio tecnológico en todo el mundo del grupo presidido por Ignacio Polanco. El contrato, por un importe de 260 millones de euros y una vigencia de siete años, contempla la gestión y operación de la función de Tecnologías de Información de las áreas de Edición, Prensa, Radio y Audiovisual del Grupo Prisa en España, Portugal y en los más de veinte países de Latinoamérica en los que está presente. Sin embargo, este crecimiento se vio acompañado de una larga serie de escándalos por corrupción repartidos en distintas latitudes. El 30 de julio hubo elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela y el triunfo de Hugo Chávez se vio empañado por una ola de denuncias de fraude que convergieron en INDRA, que estaba a cargo del recuento. El ex gobernador de Mérida, William Dávila, anunció que demandaría a Indra por el supuesto fraude. Estas acusaciones se sumaron a las ya presentadas por el también ex gobernador democristiano Omar Calderón. Dávila afirmó que tiene pruebas que “demuestran que las actas originales de votación son incompatibles e inconsistentes con las informaciones numéricas que Indra presentó en el compact disk (CD) avalado por el Consejo Nacional Electoral”.
Días después de las elecciones presidenciales ecuatorianas del 17 de octubre del 2004 se desató otro escándalo. Desde Panamá, donde está asilado desde hace ocho años, el ex presidente de la República y líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Abdalá Bucaram, acusó de fraude electoral a Indra, contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para efectuar la transmisión rápida de resultados.
Bucaram aseguró -en una rueda de prensa telefónica- que “el presidente de esa empresa (Juan Navarro) es socio de un alto dirigente del Partido Social Cristiano”.
Como pruebas, añadió, mostrará actas halladas fuera de los recintos electorales. “Estamos notarizando esas actas”, dijo.
Siguiendo con la serie latinoamericana, en mayo del año pasado, Nacion.com, uno de los principales medios de Costa Rica, denunció en varios artículos que el Poder Judicial de Costa Rica contrató a INDRA, en una licitación con un único oferente, para una consultoría del sistema informático y el rediseño de procesos, por un valor de $1,8 millones (con financiación del BID).
Además del señalamiento por incumplimiento en los tiempos de entrega, el trabajo de Indra sufrió rechazos por parte de la Defensa Pública, contraparte local encargada de la fiscalización del cumplimiento del contrato.
También se objetó el cambio del equipo de profesionales de Indra, que sustituyó al declarado en la oferta licitatoria. La consultora española incluyó en el equipo de trabajo a cargo de la consultoría a una Bachiller en Artes y a una Licenciada en Optometría.
En el caso Jaime
La vinculación INDRA-corrupción irrumpió en el escenario nacional cuando el ex Secretario Jaime quedó imputado por enriquecimiento ilícito el año pasado. Lapoliticaonline lo explica así: “El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime le ofreció en 2005 una variedad de negocios a la empresa española Indra, la firma que desde 1997 realiza los escrutinios en todas las elecciones nacionales y que también figura en una lista de aportantes a la campaña kirchnerista.
De acuerdo al diario La Nación, las tratativas de Indra con el lobista y asesor de Jaime, Manuel Vázquez, y su socio en España, Miguel Ángel Lorente, abarcaron múltiples negocios durante el kirchnerismo, los que señalaron que podían acomodarse a los gustos de la empresa o, también, crearse desde cero, como detalló el propio Vázquez.
“Si no existe el producto, tal vez hasta es posible desarrollarlo”, le clarificó a Lorente para que pujara en esta capital. “Cosas que se me ocurre que pueden ser vendibles: sistemas de ticketing para las diferentes líneas de FFCC [por ferrocarriles] y un control centralizado para el Gobierno. O algo parecido para todas las líneas de colectivo y buses”, enumeró. Lo escribió en mayo de 2005, cuando aún faltaban cuatro años para que la presidente Cristina Kirchner anunciara el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), en el que Indra terminó por ganar una licitación como parte de una UTE.
El SUBE no fue el único proyecto que les propusieron Vázquez y Lorente a los ejecutivos de Indra. También discutieron, entre otros, el Belgrano Cargas, y un sistema para el control de las emisiones de radio y televisión para el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), según detallaron en los correos electrónicos cuya veracidad confirmó Lorente.
De un lado y del otro del Atlántico, la premisa era ampliar y diversificar los negocios. Así, en otro correo electrónico en el que Vázquez le detalla a Lorente los “gastos políticos” para cobrar por el negocio ferroviario, le aclaró que contaban con “una gran oportunidad con este gobierno y no sólo en el área de Transporte”, es decir, de Jaime.
“Tenemos la capacidad de contactar a diferentes señores ministros, secretarios, etcétera, y venderles proyectos factibles”, le señala a su socio de Madrid, aunque de inmediato admite cuál es su punto fuerte: “En el área de Transporte, todo es posible, por mi relación con el secretario”.
Consultados por La Nación, voceros de Indra manifestaron “de manera contundente” que la compañía “nunca hizo negocios con estos señores”, en alusión a Vázquez y Lorente, como tampoco aportaron a la campaña kirchnerista de 2005”.
Tres años antes, el 26 de septiembre del 2007, Perfil puso en evidencia la trama entre el gobierno nacional e INDRA, del siguiente modo: “La contratación de los servicios de INDRA SISTEMAS S.A. que impulsó el Ministerio de Interior a cargo de Aníbal Fernández, le costará al Estado nacional $38.612.000,00.
La adjudicación de la licitación pública 18/07 contó curiosamente con el visto bueno de la Sindicatura General de la Nación a los precios indicativos o testigos. Ese mismo organismo estatal de control fue el que detectó en 2004 que INDRA cometió “irregularidades” en los comicios que llevaron a Néstor Kirchner a la Presidencia. Entre otras cosas, dictaminó que “se han constatado inconsistencias en la carga de datos”.
Pero en esta ocasión fue la Dirección Nacional Electoral la que controló a la SIGEN. En la Decisión Administrativa figura que esa oficina del Ministerio del Interior tuvo que “elaborar un informe detallando los importes correspondientes a los puntos no incluidos en los valores informados por la Sindicatura General de la Nación”. Al parecer, la SIGEN recomendó contratar por más o por menos del 5 por ciento permitido según el valor de referencia.
En una segunda instancia, se confeccionó una nueva planilla de precios comparativos de ofertas y luego una “Comisión Evaluadora de justificación de la preadjudicación efectuada”, elaboró el positivo dictamen 108/2007 a favor de la firma ibérica.
Además de las observaciones de la SIGEN a elecciones pasadas, se suman las objeciones de la Oficina Anticorrupción en 2005, ante la presunción de que los pliegos estaban hechos a su medida y una denuncia judicial contra la cartera de Fernández por el pago de sobreprecios por 5 millones de pesos en 2003.
A pesar de las sospechas que pesan en su contra, la empresa encargada de llevar adelante la ardua tarea de contar voto a voto los comicios del 28 de octubre monopoliza el negocio de los escrutinios desde 1997”.
Para las recientes primarias, no solamente INDRA volvió a estar presente sino que consiguió una cotización bastante superior de sus servicios. Además de encargarse del recuento de votos en las elecciones primarias, lo hará también en la primera vuelta de las presidenciales y en una eventual segunda vuelta, por una suma de 134 millones de pesos, tras ganar una licitación pública, oficializada por el Gobierno nacional en el Boletín Oficial.
La decisión administrativa 255 del 18 de mayo pasado -que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y del ministro del Interior, Florencio Randazzo- establece la “adjudicación de la licitación pública de etapa única nacional e internacional” en favor de Indra Sistemas S.A.
Según se indica en la medida, la empresa cobrará una suma de 134.420.000 pesos “por resultar su oferta admisible y conveniente”.
Ahora se van acumulando cientos de pruebas sobre la adulteración de los cómputos del recuento de las primarias. Si bien lo ocurrido el domingo 14 no afectó la elección de ninguna fórmula presidencial, dado que todas se presentaron sin competencia, el precedente es lo suficientemente grave como para que INDRA esté en el centro de múltiples sospechas para el 23 de octubre.
