LA POLÍTICA DE SUBSIDIOS EMPEZÓ A ESTALLAR POR EL LADO DEL TRANSPORTE.
En La Plata y Posadas los intendentes tuvieron que interponer amparos contra las petroleras que cortaron los subsidios al gasoil para los colectivos, que en protesta suspendieron los viajes. El conflicto es el emergente de la crisis del sistema de subsidios diseñado por el Ministerio de Planificación. La posición de las petroleras y los intereses detrás de un conflicto que recién comienza.
El sistema de transporte público está inmerso, en mayor medida en varias ciudades del noreste argentino (NEA) y la Mesopotamia, en un conflicto –que se deja sentir por la decisión de algunas empresas de empezar a reducir la frecuencia de sus viajes- motivado por la reducción del cupo de gasoil subsidiado que aportan las petroleras con el respaldo del Gobierno nacional.
En los últimos años, el kirchnerismo implementó un complejo programa de subvenciones al combustible que consumen las empresas que prestan servicios de transporte público de personas. Tras el objetivo político de impedir la suba indiscriminada de los pasajes, el Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido, fijó en $ 0,97 el precio del gasoil que utilizan las transportistas. El combustible representa un parte importante –cercana al 50%- del costo de los boletos. La diferencia con el precio de mercado que cobran las petroleras –que a nivel país ronda los $ 3,50- la cubre el Estado.
El problema es que no paga ese margen con dinero, sino que les entrega certificados de crédito fiscal que luego las petroleras tienen que canjear cuando liquidan impuestos. Ese es el andamiaje que empezó a fallar este año, porque las refinadoras –encabezadas por YPF- acumularon bonos fiscales por tanto dinero que hoy excede lo que deben pagar por impuestos. De ahí la decisión de las empresas de entregar, paulatinamente, menos gasoil del previsto, y la posterior medida del Gobierno –alineado en este caso con las destiladoras- de reducir en un 20% la oferta del combustible subsidiado.
El correlato directo de ese escenario es la amenaza de las empresas de colectivos del interior de paralizar una buena parte de los servicios por “la imposibilidad de afrontar económicamente, de forma autónoma, el abastecimiento de gasoil sin subir exponencialmente la tarifa de los boletos”, admitió un funcionario de Formosa.
Empiezan las protestas
En varias ciudades a las complicaciones provocadas por las menores entregas de gasoil diferencial, se ha sumado la falta de ese combustible en las estaciones de servicios por los conflictos gremiales que están afectando la producción de las petroleras.
La escasez de gasoil y la negativa de las empresas a pagar el combustible faltante a los precios de surtidores –tres veces más caros– generaron una disminución de los servicios regulares del 15% al 30% en Santa Fe, Salta, Paraná, La Plata, Posadas, Tandil, San Juan, San Luis y Jujuy.
Incluso los intendentes de La Plata y Posadas llevaron sus reclamos a la Justicia para que la petrolera YPF –que aporta un 65% del gasoil subsidiado- garantice el suministro del gasoil para los medios de transporte. En Santa Fe, en tanto, los empresarios quieren que la intendencia se haga cargo del abastecimiento de gasoil y que ésta se arregle con la Nación.
En esa dirección, la semana pasada y con el fin de descomprimir la tensión, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi le prometió a las líneas urbanas del interior que iba a compensar la quita del gasoil diferencial con más subsidios. Pero hasta ahora, los empresarios cobraron ningún tipo de subsidio y ahora amenazan con recortar significativamente la frecuencia de viajes a partir de la semana que viene si no aparence los fondos para paliar la situación.
Problema estructural
El esquema de subsidios para abastecer de gasoil al transporte de pasajero le cuesta al Estado más de 4.100 millones de pesos por año. La Secretaría de Transporte, a cargo de Juan Pablo Schiavi, dispuso desde el 1º de junio una reducción del 18,5% del cupo de diesel subvencionado, que bajo de 97.000 a 79.000 metros cúbicos mensuales. La medida convalida la reducción del suministro que venía aplicando gradualmente YPF desde fines de abril, y que creó inconvenientes en el servicio y protestas de las empresas prestadoras en ciudades como La Plata, Córdoba y Santa Fe.
Desde la Secretaría de Energía dejaron entrever, desde otro punto de vista, que el gasoil subsidiado era excesivo y que las empresas de transporte se enriquecieron con la subvención. “Un indicio de eso es que hoy se consigue en el interior gasoil de YPF a 2,20 pesos, por debajo del precio en surtidores”, advirtieron.
Shell, que cubre el 14% de la oferta, y Esso –el 7%- también están complicados porque se redujeron sus ventas de naftas vírgenes. Y Oil –la compañía de Cristóbal López, que se incorporó al mercado el mes pasado- acumuló una acreencia de $ 9 millones durante mayo (por mes, cubre 1,5 millones de litros de gasoil).
“Este esquema nos genera un enorme costo financiero, porque los certificados fiscales sólo son utilizables por compañías que exporten. No es nuestro caso”, señaló un alto directivo de la empresa, que prefirió la confidencialidad. “Si en agosto no resolvimos la situación, podríamos dejar de vender gasoil a las transportistas que nos paguen menos que el precio pleno”, alertó.
Menos exportaciones
La reforma del sistema de gasoil obedece, además, a que ante la caída de las ventas al exterior de combustibles -y por consiguiente de las retenciones que hay que cancelar-, las petroleras acumularon un crédito fiscal que hoy no pueden liquidar. Esa situación preocupa especialmente a YPF, la mayor petrolera del país.
“YPF exportaba fuel oil y naftas vírgenes, para uso petroquímico, durante el primer trimestre de cada año. Pero en 2011, con el aumento de la demanda de las usinas eléctricas y el alza del consumo de combustibles, las ventas cayeron significativamente”, explicaron desde Energía.
La compañía de Repsol y la familia Eskenazi acopió certificados por alrededor de u$s 120 millones, que superan la carga impositiva que se desprende de sus exportaciones corrientes.
Por eso, el Gobierno permitirá en los próximos meses que las petroleras vendan los certificados a otros exportadores de insumos energéticos -como los productores de biodiesel- y también se baraja que puedan canjearlos por otros impuestos, como la liquidación del IVA.
Las exportaciones de biodiesel –realizadas por las grandes cerealeras de Rosario- llegarán este año hasta los u$s 1.850 millones, de los cuales cerca de u$s 330 millones quedarán en el Tesoro como retenciones, que representan un 16,6% de las ventas. “A futuro, las petroleras podrán pagar con certificados fiscales el biodiesel que compren para mezclarlo con gasoil y venderlo en las estaciones”, señaló el asesor de Daniel Cameron, titular de la cartera de Energía.
