UN DEMONIO
Estalló una nueva batalla entre el Gobierno y los ruralistas. Tras un encuentro que terminó en fracaso, los ruralistas anunciaron el cese de la comercialización de cereales y oleaginosas, que comenzará el 17 de enero. También hubo fuertes discusiones sobre el trabajo esclavo en distintas dependencias rurales
El Gobierno y la Mesa de Enlace volvieron a reunirse ayer y el resultado fue un rotundo fracaso, ya que los ruralistas desestimaron la propuesta del oficialismo en relación a la liberación de 3 millones de toneladas del cupo exportable de trigo. Y anunciaron un cese de comercialización que comenzará el lunes 17 y se extenderá hasta el 24 de enero.
“Con esta política estamos subsidiando el pan dulce y las medialunas más caras de la Argentina”, ironizó el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías. La respuesta no tardó en llegar: el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, señaló que las entidades agrarias “deberán fundar ante la sociedad argentina las actitudes que resuelvan asumir”.
Del encuentro, que duró alrededor de dos horas, participaron los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati; de la Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi; de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías; y de Coninagro, Carlos Garetto. Por el lado del Gobierno, junto a Domínguez, se hicieron presentes el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís.
La propuesta realizada por el Ejecutivo nacional apela a liberar la totalidad del saldo exportable, así como otorgar una línea de créditos para productores a tasa cero para retención de trigo. El acuerdo obliga también a brindar líneas de financiamiento subsidiadas para compras adicionales de la molinería, y convocar a las bolsas y al sector triguero para monitorear y hacer un seguimiento del financiamiento acordado. “La totalidad del saldo exportable de trigo está liberado sin cuotificación alguna. Hoy se liberaron 3 millones de toneladas, que se suman a las 4 millones ya liberadas”, afirmó Domínguez, tras la reunión con los ruralistas.
La principal exigencia por parte de las entidades del campo residía en la apertura total de las exportaciones de trigo y maíz y la eliminación de los cupos y restricciones a la exportación, como los precios que se les pagan a los productores. Los hombres del campo afirman que el esquema de cupos hace que el productor pierda por “la falta de competencia” unos 240 pesos por tonelada a manos de los molinos y las cerealeras exportadores de granos, que acordaron oportunamente con el Gobierno nacional pagar el FAS Teórico de 984 pesos, conformado por el precio internacional menos retenciones y otros aranceles portuarios.
Al no encontrar respuesta a sus demandas, definieron el cese de comercialización. La medida no incluye productos perecederos, como la leche.
“Con la propuesta del Gobierno no se modificaría la necesidad que tiene el productor de vender a otros precios” indicó a Hoy Julio Currás, vicepresidente de la Federación Agraria.
Un condimento que no podía faltar en la eterna pelea entre el Gobierno y la Mesa de Enlace fue la aparición del secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Pese a no haber sido parte de la reunión, las entidades agrarias volvieron a cuestionar que el conflictivo funcionario kirchnerista formara parte del espacio previo que fijó el acuerdo impulsado por el oficialismo. La medida de liberar la exportación se definió en un encuentro en el que no sólo participó Moreno, sino que estuvieron presentes el propio ministro Domínguez; el presidente de la Oncca, Juan Manuel Campillo; la directora general de Aduana, María Siomara Ayerán; el director ejecutivo del Centro de Exportadores de Cereales, Alberto Rodríguez; y representantes de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).
Las repercusiones de lo sucedido se hicieron sentir considerablemente en la provincia de Buenos Aires, según estimaciones de la FAA. De acuerdo a Currás, existe un fuerte malestar entre los productores bonaerenses, que hace semanas vienen exigiendo salir a la calle. “Las bases nos vienen pisando los talones con medidas de fuerza”, admitió el dirigente, que además aseguró que existen “algunos planteos en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos”, en relación a profundizar las protestas.
En ese sentido, no desestimaron prorrogar el cese de la comercialización más allá de las fechas fijadas, así como realizar tractorazos o cortes en diversas ciudades del país. “Estamos en un problema bastante serio, donde no se puede comercializar a estos precios. En zonas como Bahía Blanca, se ha malvendido más del 50% del trigo por parte de pequeños y medianos productores que no tienen espalda como los grandes (productores)”, concluyó Currás, en lo que se refiere a un nuevo capítulo de una historia que parece no tener final.
Domínguez: “Satanás volvió a meter la cola y faltó a la verdad”
El cruce de declaraciones no tardó en hacerse sentir luego de concluida la reunión entre las entidades del campo y el Gobierno nacional. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguró esta tarde que “el cese de comercialización al único que perjudica es al productor con necesidad de vender trigo”, aseguró Domínguez.
En tal sentido, remarcó que “con los 7 millones de toneladas liberadas no hay ninguna razón para que al productor no se le pague el Fas Teórico”. Además, advirtió que “Satanás volvió a meter la cola y faltó a la verdad”, en clara alusión a los dirigentes rurales, a la vez que afirmó que “si esto es así, repito lo que dije días atrás: cuatro vivos se están quedando con el esfuerzo de los productores”. ”No entiendo esta medida. Es exactamente lo contrario que reclama el productor, que es vender”, concluyó el ministro de Agricultura.
Otro de los debates: el trabajo esclavo en el campo
Uno de los ejes que se tornaron secundarios en la discusión tiene que ver con la existencia de trabajo esclavo y en negro en varias dependencias productivas del agro. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció que el Gobierno y la Mesa de Enlace Agropecuaria conformarán un espacio de acción conjunta, para luchar contra el trabajo no registrado en el sector. “La primera responsabilidad es la de los empresarios, luego le sigue la de los sindicatos y a eso se le suma el Estado, porque recordemos que desde 2003 ha habido un cambio sustantivo en materia de fiscalización del trabajo no registrado”, afirmó el ministro.
En foco
La intransigencia y el peligroso juego de los halcones
La intransigencia, tanto del Gobierno como de los dirigentes de las entidades agropecuarias, está haciendo que la Argentina siga perdiendo una oportunidad histórica.
El mundo está demandando alimentos, especialmente muchas materias primas que se producen en nuestro país, que podrían constituir una importante fuente de recursos que permita modificar las estructuras económicas subdesarrolladas que existen desde hace más de treinta años en la Argentina, y que hace que uno de cada cuatro compatriotas esté viviendo en situación de pobreza o indigencia.
Varias veces, en las páginas de este diario, se señaló que la Argentina tiene un potencial productivo para alimentar a 300 millones de personas. Pero este potencial se basa en productos de nulo o escaso valor agregado. Por eso es indispensable la adopción de planes estratégicos, que superen los intereses sectoriales y definan políticas de Estado para ir hacia un esquema industrialista que permita desarrollar un mercado interno robusto y que genere importantes fuentes de trabajo auténtico.
Además, poco y nada sirve que las entidades del campo desarrollen un lock out patronal. Algunos de estos dirigentes, que ahora están poniendo el grito en el cielo y se rasgan las vestiduras por el hecho de que un puñado de cerealeras están obteniendo pingües ganancias con el trigo, miraron para otro lado cuando comenzó a profundizarse el proceso de concentración de la tierra y de la renta agraria.
A su vez, el Gobierno está equivocando el camino al caer en la provocación que significa darles intervención a personajes como Guillermo Moreno, que no es el funcionario más adecuado a la hora de encontrar consensos. Se trata del jefe de los halcones kirchneristas, que hacen de la intransigencia y prepotencia extrema su forma de hacer política. Pero no es el único: entre los ruralistas también hay varios halcones.
No se pueden volver a repetir los errores de hace tres años, cuando estalló el conflicto por la resolución 125, que tuvo en vilo al país durante varios meses.
El momento actual requiere que haya paz social. Y para que así sea, necesariamente, la clase dirigente, tanto gubernamental como empresaria, debe ponerse los pantalones largos y alcanzar los acuerdos necesarios para poder aprovechar al máximo un contexto internacional que resulta muy favorable para nuestro país.
FUENTE: DIARIO HOY de la Plata
