Por Alberto Armendariz/La Nación.- El juez federal Sergio Moro, que lleva la mayor parte de las causas de la Operación Lava Jato en Curitiba, condenó hoy al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso de un departamento tríplex que el ex mandatario habría recibido de una constructora beneficiada dentro del esquema de sobornos de Petrobras.
Se trata de la primera vez que un ex presidente de Brasil es sancionado por corrupción, aunque el mandatario no irá a prisión hasta que el fallo sea ratificado en segunda instancia.
A pesar de que Lula, máximo líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), aún puede apelar este fallo, la sentencia de Moro dificulta los planes del ex jefe del Estado para volver al poder.
Si fuera condenado en segunda instancia ya quedaría prohibido de presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, como se preparaba. Todas las últimas encuestas de intención de votos lo apuntaban como el gran favorito.
La decisión del juez Moro confirma las acusaciones de la Fiscalía de que Lula, de 71 años, recibió sobornos por US$ 1,2 millones de la constructora OAS, involucrada en la red del "petrolão". Los pagos habrían sido hechos en especie: un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá, la reforma y decoración del inmueble, así como el depósito para almacenar los bienes de Lula desde que dejó el Palacio del Planalto, a fines des 2010.
Según la defensa del ex presidente, el departamento nunca fue de Lula; su esposa, Marisa Leticia, lo tenía reservado para comprarlo pero desistió, y nunca estuvo a nombre del ex mandatario. Sin embargo, el ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, declaró a la Justicia que el tríplex era efectivamente de Lula y que el ex mandatario le pidió no ponerlo a su nombre hasta que no acabaran las investigaciones anticorrupción de la Operación Lava Jato.
Aunque el fallo de Moro era esperado, llega en un momento de suma tensión política en Brasil, cuando el actual presidente, Michel Temer , enfrena una denuncia por corrupción pasiva en el marco del escándalo de sobornos del frigorífico JBS, por el que podría perder el cargo en los próximos días. En estos momentos, la demanda presentada por la Procuraduría General de la República está bajo análisis de la Cámara de Diputados.
Las otras cuatro causas en las que está procesado Lula
*Instituto Lula - Operación Lava Jato
Acusación: corrupción pasiva y lavado de dinero
De acuerdo a los fiscales, Lula recibió de la compañía Odebrecht -principal involucrada en el "petrolão"- un terreno valuado en US$ 3,7 millones para la construcción de la nueva sede del Instituto Lula y un departamento en São Bernadro do Campo, valuado en US$ 156.000, en el mismo piso donde vive el ex presidente.
La nueva sede del Instituto Lula jamás se construyó. Según la defensa del ex presidente, el instituto siempre recibió donaciones legales, declaradas y dentro de la ley. El departamento está a nombre de otra persona. Sin embargo, el inmueble fue usado por la familia de Lula, que jamás pagó alquiler al propietario, primo de un empresario amigo de Lula hoy condenado por haber recibido dinero de Odebrecht.
*Tentativa de compra de silencio - Operación Lava Jato
Cargo: obstrucción de la Justicia
Según el testimonio del ex senador Delcidio do Amaral (Partido de los Trabajadores), Lula buscó a través suyo comprar el silencio de uno de los delatores de Petrobras, el ex director del área internacional Néstor Cerveró.
Los abogados de Lula niegan las acusaciones y aseguran que el ex presidente jamás interfirió o intentó interferir en las investigaciones anticorrupción en la petrolera estatal.
* Influencia sobre el BNDES - Operación Janus
Acusaciones: tráfico de influencia, asociación ilícita, lavado de dinero y corrupción pasiva
La justicia federal de Brasilia acusa a Lula de haber usado su influencia en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y en otros órganos del gobierno para asegurar préstamos y contratos de obra en Angola para la compañía Odebrecht. El ex presidente habría recibido como retribución US$ 9,4 millones de Odebrecht, a través del pago de conferencias de Lula, y contratos-fachada (sin prestación de servicios) con una empresa de su sobrino, Taiguara Rodrigues.
Lula asegura que nunca intervino en la concesión de ningún financiamiento del BNDES y que tampoco estuvo involucrado en las cuestiones comerciales de su sobrino.
* Beneficios a empresas - Operación Zelotes
Acusaciones: tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita
La Fiscalía acusa a Lula de integrar un esquema a través del cual su hijo Luis Claudio ofrecía a empresas los servicios de lobby de su padre ante el gobierno de Dilma Rousseff para conseguir incentivos fiscales. Las empresas pagaron US$ 800.000 a la firma de consultoría del hijo de Lula.
Según la defensa del ex presidente, ni Lula ni su hijo intervinieron en la concesión de beneficios fiscales a ninguna empresa.
