Por Diego Yañez Martínez/La Nación.- Dos grupos de empresas presentaron sus ofertas para quedarse con la firma; cómo fue su historia. En la planta uno de Cresta Roja, ubicada en Ezeiza, el silencio era abrumador. En la sala de reuniones, las sillas estaban vacías. Corría el 17 de noviembre de 2015 y la lluvia era intensa. La crisis se había profundizado en los últimos días. Mientras que en la recepción la secretaria reconocía que no sabía cuánto tiempo más conservaría su puesto de trabajo, a pocos kilómetros de distancia, en la otra fábrica de la avícola, los trabajadores decidían una vez más endurecer las medidas de fuerza. Ese mediodía Milenko Rasic, dueño de la firma, fue increpado por los empleados. Era el principio del fin.
Aunque no lo reconocía en público, el empresario culpaba al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. La política de precios máximos se aplicaba sólo a los pollos que se vendían en supermercados y Cresta Roja, pese a ser la segunda avícola en importancia del país después de Tres Arroyos, tenía la posición mayoritaria en ese canal de ventas. A cambio de vender a valores más bajos, el Gobierno otorgaba desde 2007 subsidios. Algunos nunca llegaron. Según fuentes del mercado, la deuda del Estado con la empresa fue de US$65 millones, de los cuales Rasic sólo pudo recuperar el 15%, con bonos en pesos.
La empresa, iniciada en 1959 estaba escribiendo sus páginas más tristes. Los 3200 trabajadores podían perder sus puestos de trabajo.
Rasic esperaba sortear una vez más el conflicto. Después de todo, el mercado avícola es pendular. Si hay algo que lo caracteriza es la velocidad con la que se puede recomponer, pero así también caer.
Los Rasic no hacían declaraciones. Faltaban pocos días para las elecciones en las que se terminaría imponiendo Mauricio Macri. Pero no hubo negociación ni rescate posible. La protesta del 22 de diciembre terminó siendo reprimida por Gendarmería, lo que aceleró el desenlace. Ese misma tarde, la Justicia decretó su quiebra.
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Pese a que el sector avícola había gozado del beneplácito de la ex presidenta Cristina Kirchner, que hablaba del boom del consumo interno (alcanzó el nivel récord anual de 43 kilos per cápita en 2014), una de las gigantes del sector caía. Se consumía más porque los precios habían bajado. El motivo: ya no se vendía más a Venezuela, país que se había convertido en el principal mercado por un convenio realizado entre el kirchnerismo y las autoridades bolivarianas. A cambio de pollos, el gobierno de Hugo Chávez entregaba petróleo. Además, se les pagaba a las avícolas un precio 42% superior como seguro de riesgo.
Por el mayor volumen exportado, los Rasic habían tomado 700 empleados más. Cuando se perdió el mercado venezolano, los números no cerraban, Cuando quisieron reducir la plantilla, fue imposible. El gremio de la alimentación se opuso, al igual que el Gobierno.
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La avícola quebró, y a partir de principios de este año es administrada por Proteinsa, un consorcio de empresas. El presidente Macri decidió tomarla como "símbolo de la recuperación", ya que a su entender la compañía, por voluntad o por imposición, resumía el modelo económico del kirchnerismo. Pero lejos está de ser el final del conflicto. Falta incorporar a más de 1500 empleados.
Mientras tanto, su futuro empezará a dirimirse la semana próxima, cuando la Justicia analice las ofertas de dos grupos de empresas que quieren comprarla. Se trata de propia Proteinsa, que cuenta con financiamiento del banco brasileño BTG Pactual, y de Avícola del Plata, integrada por Tres Arroyos, Adecoagro (perteneciente al grupo inversor de George Soros) y Lartigoyen, que cuentan con financiamiento de la entidad financiera holandesa Rabobank.
