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| Carlos Gonella Crédito: Adrián Escandar |
Por infobae.-
En la resolución por la que confirmaron la detención de Báez criticaron la actuación de Gonella
La Sala II de la Cámara Federal respaldó la decisión tomada hace días por el juez federal Sebastián Casanello y confirmó que el empresario kirchnerista Lázaro Báez tiene que continuar detenido.
El juez había basado la detención del empresario sospechado de ser testaferro de la familia Kirchner ante el posible riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah consideraron adecuada la medida tomada por el juez Casanello y mantuvieron la detención de Báez.
Los magistrados consideraron que el enorme caudal económico de los negocios que hizo Báez en la década kirchnerista le permite tener medios como para fugarse: "Merece considerarse especialmente la firme sospecha que la suma económica que se dice habría comprendido la totalidad de la maniobra resulte sumamente abultada y que se encuentre aún en poder de los involucrados en tanto su destino todavía se desconoce, por cuanto se investiga si pudo haber sido depositada en entidades bancarias de otros países a través de su paso por un engorroso entramado de sociedades y/o se especula que parte de ella pueda encontrarse oculta en alguna de sus numerosas propiedades en la vasta extensión del sur del país. En suma, en cualquiera de las hipótesis el dinero sigue en poder del grupo económico y no pudo ser recuperado por el Estado".
Los jueces presumen que ese dinero le permite tener contactos en el exterior que le podrían facilitar una fuga.
Lo mismo consideran sobre el hecho de tener una empresa de aviación propia.
La segunda parte de la resolución de la Cámara sobre Baéz, habla sobre una serie de maniobras de "entorpecimiento" de la investigación por parte de diferentes actores de distintos estamentos del Estado. Los jueces resaltaron la relación de Báez con la familia de Rubén Ángel Toninelli, quien fuera jefe de la DGI, y su hijo.
También recuerdan que Casanello tuvo que apartar de la investigación a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) porque uno de sus agentes había trabajado para Báez. Y a la Prefectura porque un agente de esa fuerza salió de las oficinas de la financiera SGI antes de que comenzara uno de los allanamientos ordenados por Casanello.
Pero la más virulenta de las críticas respecto de las maniobras de encubrimiento se la llevó el fiscal Carlos Gonella, quien está al frente de la Procuraduría Antilavado (Procelac). Los camaristas Irurzun, Cattani y Farah recordaron que Gonella fue procesado y ellos mismos confirmaron su procesamiento porque "cuando en el primer requerimiento que impulsó la encuesta propuso una investigación limitada excluyendo el nombre de Lázaro Báez de la imputación".
Además, resaltaron el hecho de que Gonella, uno de los hombres de confianza de Alejandra Gils Carbó, que se cuenta entre quienes llegaron a ocupar cargos de relevancia en la estructura del Ministerio Público Fiscal bajo la impronta militante que se le imprimió al área durante los últimos años del kirchnerismo, aún sigue en funciones, a pesar del procesamiento en su contra.
