Boudou jaqueado por el cambio de humor de los magistrados. Crece la inquietud del cristinismo por lo que está pasando tanto en el Ministerio Público como en la Justicia Federal. En un clima plagado de supuestas conspiraciones, el Gobierno estaría advirtiendo movimientos hasta ahora inusuales. Por ejemplo, en varias reuniones de fiscales se habría conversado acerca de la necesidad de marcar distancia de la Casa Rosada, acentuando el perfil profesional y apolítico. En este contexto se inscribiría la postura del Fiscal Federal Federico Delgado, que el mes pasado le envió tres escritos al juez Claudio Bonadío, en los que se quejaba en términos muy duros por la reserva con la que el magistrado llevaba la investigación sobre la tragedia de Once y TBA.
Paralelamente, en la causa Ciccone, el fiscal Carlos Rívolo está asumiendo un protagonismo importante que se traduce en la velocidad que va tomando la investigación, sobre todo si se la compara con algunas otras causas por corrupción. Pero la preocupación kirchnerista se extiende también a lo que ocurre en los juzgados federales de Comodoro Py. La firme postura del juez federal Daniel Rafecas avalando las medidas solicitadas por Rívolo en el caso Ciccone llamó la atención. Pero también sorprendió que otro magistrado, Claudio Bonadío, anteayer haya considerado “ilegítimo” el polémico allanamiento realizado el 20 de diciembre pasado en las oficinas de Cablevisión, en Barracas. Consideró que su colega de Mendoza, Walter Bento, se “extralimitó” al no requerir la participación de un juez porteño, denunciando además ante la Justicia a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por haberle prestado el auxilio de la Gendarmería Nacional. Por último, la Cámara Federal porteña anuló ayer la decisión de Bonadío de aceptar como querellante al Estado en la causa por la tragedia de Once que causó 51 muertos y más de 700 heridos. Un claro indicio de que la intención de diferenciarse de la Casa Rosada ya incluye a los niveles más altos de Comodoro Py.
El síndrome del pato rengo
Al menos dos operadores judiciales de la Casa Rosada habrían coincidido en señalar que lo más probable es que se vayan sucediendo nuevos hechos que marcarían una toma de distancia de jueces y fiscales federales en relación al gobierno. Esta tendencia apuntaría a que Norberto Oyarbide quede aislado como el símbolo del acompañamiento judicial a los intereses del Poder Ejecutivo, para iniciarse un cambio de imagen hoy simbolizado por Rafecas. Como es lógico, las evaluaciones políticas respaldarían este giro. De mantenerse la actual tendencia al enfriamiento de la economía, la caída de la imagen positiva de CFK en alrededor de 20 puntos podría consolidarse, reduciéndose entonces significativamente las probabilidades de una reforma constitucional con reelección. La presidente podría así llegar al 2013 como un auténtico pato rengo y los jueces que aparezcan muy ligados al gobierno se expondrían entonces a sufrir el desgaste producido por esta situación. Atrapado en el medio de estos síntomas de cambio, Amado Boudou es el primer funcionario investigado desde el 2003 que se encuentra con un clima judicial adverso o cuando menos poco complaciente. La propuesta oficial para que el Síndico General de la Nación, Daniel Gustavo Reposo, sea designado en el lugar de Esteban Righi sería un reflejo del gobierno para intentar controlar su pérdida de consenso en las filas judiciales a través de la designación de funcionarios incondicionales y sin trayectoria en la justicia y, en este caso, ligado directamente a Boudou.
