Por Diario HOY.-
El hallazgo de una nueva empresa fantasma de la familia presidencial, que tiene domicilio en un inmueble donde funciona una delegación de la AFIP, confirman las irregularidades que viene denunciando el diario Hoy. Echegaray y distintos funcionarios del organismo recaudador en la mira
En los últimos dos años, de forma permanente y sistemática, el diario Hoy publicó el resultado de investigaciones sobre la corrupción y las distintas irregularidades que se registran en la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), conducida por el polémico y denunciado Ricardo Echegaray.
En muchos casos, la mecánica era y sigue siendo la misma. La conformación de empresas fantasmas, con domicilio falso y participación de prestanombres, que tienen claras vinculaciones con funcionarios nacionales, integrantes del organismo recaudador y amigos del poder político. Estas sociedades comerciales, se sospecha, podrían está utilizándose para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, como sobreprecios de la obra pública, coimas y hasta narcotráfico.
En ese contexto, ayer se conoció un dato que confirma la veracidad de los que venimos denunciando: una de las empresas que la presidenta de la República declara como propia, llamada CO.MA SA, tiene un domicilio “fantasma”, según pudo comprobar la Justicia. La sede de esa sociedad está registrada en los organismos públicos en la calle Padre Agostini 351, en El Calafate, provincia de Santa Cruz, la región que fue calificada por la Presidenta como “su lugar en el mundo”. Pero en ese inmueble hay otra cosa: nada menos que una sucursal de la AFIP, el organismo gubernamental que debería encargarse de combatir la evasión impositiva.
La información forma parte del caso Hotesur, que estuvo a cargo del juez Claudio Bonadío hasta que fue apartado de la causa de forma escandalosa luego de haber ordenado hacer una serie de allanamientos a empresas de la familia presidencial.
El apartamiento del magistrado fue el resultado de una maniobra orquestada por el gobierno con el objetivo de que lograr que, una vez más, se consagre la impunidad. Cabe destacar que la hipótesis principal que seguía Bonadío era determinar si las compañías de la familia Kirchner se usaron para lavar dinero de la corrupción.
Antes de ser desplazado, Bonadio ordenó el 1º de julio pasado que se registre la sede CO. MA: fue sólo uno de varios operativos en busca de pruebas que incluyeron a todas las empresas que los K tienen en Santa Cruz. La Presidenta declaró que esa empresa fue parte de la herencia que recibió de parte de su esposo, Néstor Kirchner, por lo que se incorporó a su patrimonio recién en el 2011. Pero la aparición de CO.MA S.A en sus declaraciones juradas empezó antes, en el 2008. En aquel momento, ella registró que su esposo era propietario del 90 por ciento de las acciones.
Tal como consta en los registros públicos, la empresa “invisible” de Cristina tiene como “Actividad Principal” la de realizar “Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos o arrendados”.
Obviamente, semejante contubernio tuvo y tiene complicidad de la propia AFIP, que es comandada desde el año 2009 por Echegaray, quien acumula cada vez más pruebas de ser una suerte de “guardia pretoriano” del enriquecimiento presidencial. Recordemos que, hace seis años, una de sus primeras medidas como titular del organismo recaudador fue enviar un grupo de funcionarios del organismo recaudador a la Patagonia a fin de reunirse con el contador de la familia presidencial, Víctor Manzanares, y dibujar los papeles que le permita al inefable Norberto Oyarbide archivar una pesada denuncia por enriquecimiento ilícito que tramitaba en su juzgado.
¿Quiénes viajaron? El subdirector de Fiscalizaciones, Horacio Curien; el entonces jefe de la Sección Investigaciones, Carlos Leturia, y el director de la Regional de Comodoro Rivadavia, Héctor Sartal. Los tres llegaron hasta Río Gallegos en una camioneta Ford Ranger. ¿Qué fue de la vida de los tres expedicionarios? Tal como reveló el diario Hoy en octubre del año pasado, todos ellos fueron ascendidos y/o premiados con más poder dentro de la AFIP.
Si bien Curien sigue desempeñándose como subdirector de Fiscalizaciones, actualmente sería uno de los funcionarios con mayor peso dentro del organigrama de la AFIP. Y ello también le permitió elevar su nivel de vida: actualmente estaría radicado en el exclusivo country Pilar del Este, sobre la Ruta Panamericana. Curien fue uno de los funcionarios encargados de instrumentar los aprietes contra el diario Hoy, en un claro intento de silenciar nuestras notas e investigaciones. Asimismo, es un personaje muy vinculado con la denominada patria financiera. En definitiva, parafraseando a Shakespeare, “algo huele a podrido”. Pero el olor nauseabundo no proviene de Dinamarca, como ocurría en Hamlet, sino del edificio de la AFIP ubicado frente a Plaza de Mayo, a menos de 50 metros de la Casa Rosada.
Cómplices premiados
Sartal, otro de los que ayudar a dibujar las declaraciones juradas de los Kirchner, también fue escalando posiciones en el organismo recaudador durante la era K. De hecho, durante la gestión de Claudio Moroni en la AFIP (el antecesor de Echegaray), pasó de ser titular de la División Fiscalización de la Dirección Regional de Palermo a estar a cargo de la regional de Comodoro Rivadavia. Allí reemplazó a Norman Ariel Williams, quien cayó en desgracia por haber detectado que empresas de Lázaro Báez habrían facturado $ 500 millones con facturas falsas, de sociedades anónimas fantasmas. Junto a él, cayeron otros de sabuesos que formaron parte de las pesquisas. En tanto, como el entonces subdirector de Investigaciones de la Dirección General Impositiva (DGI), Jaime Mecikovsky, resistió el desplazamiento de Williams, también terminó siendo corrido. La misma suerte tuvo su superior en el cargo, el entonces director de la DGI, Horacio Castagnola.
En tanto, Leturia quedó a cargo de una de las regionales más importante que tiene el organismo recaudador en el interior del país, como es la que se encuentra en Mendoza, que también tiene jurisdicción sobre San Luis. Un dato llamativo es que Leturia, siendo director regional de la AFIP, en el organismo recaudador declara como actividad principal la de prestar “servicios inmobiliarios”.
