Por iProfesional.- Para los letrados de ambos medios, el llamado a indagatoria de los accionistas se debe a las "presiones públicas" de "todo el aparato de comunicación oficial". Además, consideraron que la "estrategia" del kirchnerismo es "distraer a la atención pública" de algunas causas judiciales
Los abogados de los diarios Clarín y La Nación adjudicaron la solicitud del fiscal Leonel Gómez Barbella de citar a indagatoria a los accionistas de ambos medios por la compra de Papel Prensa a las "presiones públicas" de "todo el aparato de comunicación oficial", incluida la propia presidenta Cristina Fernández.
Según consideraron también como "evidente" los abogados Hugo Wortman Jofré, Alejandro Pérez Chada y Gabriel Cavallo, "la estrategia oficial apunta a distraer la atención pública sobre las causas judiciales que conmueven al Gobierno".
En un comunicado, los profesionales sostuvieron que "todo el aparato de comunicación oficial vino preparando el terreno para esta solicitud de un fiscal subrogante que, hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa".
En ese sentido, recordaron que "en pocos días, la Presidenta mencionó el caso Papel Prensa en una carta publicada en su Facebook y el oficialismo blandió enormes carteles en la Plaza del Congreso", al tiempo que se utilizaron también los medios públicos "para presionar desembozadamente a la Justicia y anticipar los pasos del nuevo fiscal".
Durante el fin de semana pasado, en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se llevó a cabo en Panamá, se alertó sobre una maniobra del Gobierno para perseguir penalmente a los editores de medios no alineados.
"Se busca alentar desde el oficialismo persecuciones penales a editores críticos, como en el caso Papel Prensa, presionando a la Justicia a través de declaraciones públicas, de la utilización de medios estatales o de la injerencia del Poder Ejecutivo en el ministerio Público", señaló la SIP en una Resolución.
Los abogados de Clarín y La Nación se refirieron también a la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, "del fiscal subrogante" Gómez Barbella, quien "(integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la Resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan".
El comunicado explicó que "la decisión de imponer arbitrariamente a Gómez Barbella se inserta en la disconformidad del Gobierno con la evolución de la causa", ya que el fiscal anterior "–cuya designación sí era válida y no se encontraba vencida- consideró que no había elementos que ameritaran una declaración indagatoria, rechazando así la pretensión impulsada por otros miembros de Justicia Legítima que no eran parte en el proceso".
La comunicación concluyó que "luego de más de 4 años de investigación, que comenzaron con una conferencia de prensa de la Presidenta el 24 de agosto de 2010, no se ha logrado recolectar ninguna evidencia que indique irregularidad alguna en la operación".
Para los abogados, "no existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad. Se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales", dijeron.
También afirmaron que "todo lo acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia", propiciada en 2010 por el gobierno nacional e instrumentada por el "ex secretario Guillermo Moreno" como "organizador de la denuncia", con el único fin "de ir contra la prensa que no controla".
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió este miércoles la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, además de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en el marco de la causa en que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.
En medio de la cobertura mediática que se llevó la muerte del fiscal Nisman y que a casi dos meses de su fallecimiento, no cesa, desde el Gobierno se intenta reflotar la causa y comprometer a los directivos del multimedio.
Ya se percibían cambios cuando la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó desplazó al fiscal Eduardo Taiano y lo reemplazó por Barbella, un integrante de la agrupación ultrakirchnerista Justicia Legítima.
Gómez Barbella desembarcó entonces en la causa Papel Prensa y ahora recibió una directiva clara: Llamar a indagatoria a Magnetto y Mitre.
Una noticia que obviamente ocuparía la agenda mediática y le permitiría al kirchnerismo recuperar algo de la mística pérdida.
El pedido del fiscal
Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, los directivos "resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación".
Allí argumenta que "Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo".
El pedido de Leonel Gómez Barbell se basa además en que el artículo 168 del Código Penal, reprime a quien "con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".
"Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión", concluye.
La causa por irregularidades en la venta de Papel Prensa durante la dictadura acumula 26 cuerpos y cinco de los imputados fallecieron antes de ser llamados a declarar por el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo la investigación desde 2011.
Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Gravier, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.
Precisamente, ambos fueron secuestrados por agentes de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios, promovida por el presidente de facto Jorge Rafael Videla.
Pedido declaración indagatoria Héctor Magnetto
De acuerdo con el fiscal, "Héctor Magnetto y Bartlomé Mitre participaron en el desapoderamiento extorsivo por haber sido adquirentes, mientras que Podestá, en su carácter de secretario de la junta de dictadores, lo hizo dentro del plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios".
En la imputación destaca que la viuda de Graiver, "Lidia Papaleo fue intimidada por el imputado Magnetto que "firmara para conservar la vida de su hija y la suya también" y así suscribió 'muchos papeles'. Y Rafael Ianover firmó los documentos por 'el temor y el terror que vivía en ese tiempo' a ser secuestrado, por lo que no conoció el contenido de los convenios, el importe, ni las condiciones de la transferencia, como así tampoco, recibió copia del convenio, ni se animó a solicitarla".
