NEGOCIAN PACTO DE IMPUNIDAD CON JUECES Y FISCALES

    Por Diario HOY.- El fin de semana se conoció que las gestiones están avanzadas. Los K buscan que no avancen las causas que involucran a la presidenta, como el caso Hotesur. Uno de los operadores es un abogado de la AFIP que defendía a represores Ayer se conoció que el gobierno kirchnerista está negociando impunidad con jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py.

Según trascendió, el objetivo sería sellar una tregua con todos los magistrados que sea posible y por un plazo determinado: el 10 de diciembre próximo, día en que expirará el mandato de la presidenta Cristina Kirchner. El secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, lidera la negociación, que en la práctica quedó en manos del secretario de Justicia, Julián Álvarez, y otros funcionarios y operadores. Entre ellos, el número dos de la ex SIDE, Juan Martín Mena, y un estrecho colaborador del ministro Julio De Vido, José María Olazagasti, a quien también señalan con funciones dentro del área de Inteligencia. Además, está interviniendo el abogado Sergio Vargas, de extrema confianza del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Vargas es un viejo conocido del diario Hoy: fue teniente de navío y formó parte de un equipo de letrados que estaban abocados a defender de represores de la Marina durante la última dictadura militar. Cuando se conocieron estas conexiones fue expulsado de la Marina por el Ministerio de Defensa, pero logró reinsertarse en el gobierno de la mano de Echegaray, con quien fue compañero de promoción en el Liceo Naval de Ensenada en los años 80. 

Tal como informó en exclusiva el diario Hoy el pasado 1º de diciembre, Vargas actualmente tiene una sociedad hotelera fantasma llamada Aonikenk Apart SA, con un domicilio trucho (Basavilvaso 287 Piso C), en la ciudad de Neuquén. En esta empresa se asoció con otro funcionario de la AFIP, que también pasó por el Liceo Naval de Ensenada: Guillermo Jorge Fabián Cabezas Fernández, un licenciado en informática nacido y criado en Berisso. Vargas tendría un estrecho vínculo con el juez Ariel Lijo, que procesó al vicepresidente Amado Boudou en la causa por la compra de la exCiccone Calcográfica. De forma inexplicable, Lijo dejó afuera de las declaraciones indagatoria a Echegaray, cuando el titular de la AFIP avaló un escandaloso plan de pago que le permitió a los testaferros de Boudou levantar la quiebra de la fábrica, requisito indispensable para poder acceder a los multimillonarios contratos con el Estado para imprimir papel moneda. Al revisar el fallo de Lijo, el camarista Eduardo Farah remarcó: "Se impone a mi criterio que el Juez de Primera Instancia escuche en declaración indagatoria a Ricardo Echegaray y al resto de los funcionarios de la AFIP intervinientes en el procedimiento". 

 Interlocutores 

 Desde Comodoro Py, dos jueces aparecen como interlocutores o "amigables componedores" con el kirchnerismo. El primero es Rodolfo Canicoba Corral; la otra, María Servini de Cubría. Los esfuerzos del Gobierno se centran, casi en exclusividad, en los expedientes que afectan a la Presidenta. Es decir, la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal Alberto Nisman y la pesquisa sobre la sociedad Hotesur, con Máximo Kirchner y Lázaro Báez como primeros actores (ver aparte). Pero el plan es acordar una tregua con el mayor número posible de jueces y fiscales de Comodoro Py, y aislar a los más díscolos. Entre otros, el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, uno de los referentes de la marcha del 18 de febrero. A Moldes primero buscaron tentarlo. Le ofrecieron impulsar el pliego para juez de su hijo. Pero la respuesta que cosecharon no fue la esperada: "Hagan un cucurucho con ese papel y métanselo en el orto". 

Pasaron entonces a la ofensiva. Lo recusaron en la denuncia contra la Presidenta por presunto encubrimiento. Y hasta fueron por lo minúsculo: le retiraron el auto del Ministerio de Justicia en el que Moldes se movía desde que se lo ofreció el entonces presidente Néstor Kirchner. Según el ministro Julio Alak, la orden no la dio él, sino su segundo, Álvarez. Moldes no fue el único. El fiscal que impulsó la denuncia de Nisman contra la Presidenta, Gerardo Pollicita, recibió una llamada de Canicoba Corral. El juez le avisó que "los muchachos" estaban dispuestos a tirarle con un "carpetazo" si apelaba el veloz desistimiento de esa denuncia que firmó el juez federal Daniel Rafecas. Pollicita apeló igual.