Por Carlos Tórtora/El Informador.-
Dos semanas atrás y luego de una tormentosa reunión en Olivos, CFK habría impartido instrucciones para intentar desmontar la confrontación con la justicia federal a través de una estrategia dual. Un nuevo grupo de tres operadores judiciales en el que se destaca el Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia Juan Martín Mena, tiene ahora a su cargo distender los ánimos con la mayor parte de los doce jueces federales con despacho en Comodoro PY.
Como ya es tradicional en el kirchnerismo, el método a utilizarse sería el del garrote y la zanahoria. O sea, la amenaza velada de hacer trascender carpetazos sobre el patrimonio de ciertos magistrados acompañada por las ofertas de incentivos económicos.
Como ya es tradicional en el kirchnerismo, el método a utilizarse sería el del garrote y la zanahoria. O sea, la amenaza velada de hacer trascender carpetazos sobre el patrimonio de ciertos magistrados acompañada por las ofertas de incentivos económicos.
Con este plan el kirchnerismo se propondría frenar en todo lo posible las principales causas por corrupción que afectan al entorno presidencial, con la expectativa de llegar a diciembre sin grandes resoluciones judiciales en contra. Luego, analizarían en la Casa Rosada que la crisis económica que se desataría después del 10 de diciembre taparía a la corrupción como preocupación central en la opinión pública. No por nada, el ministro de economía Axel Kicillof está difiriendo minuciosamente todos las tensiones económicas para que la crisis la herede el sucesor de CFK.
El caso es que el nuevo operativo del gobierno estaría contribuyendo a que se profundice la fisura -ya existente- entre el grupo de fiscales federales que llevó adelante la marcha del 18-F y los jueces federales que hoy están retomando conversaciones con los enviados del gobierno. En una reciente reunión de los fiscales más enfrentados con el gobierno, llegó a hablarse de la “traición” de algunos jueces federales. Ayer, la Cámara Federal deliberó y resolvió mantener al fiscal Moldes en la causa por la denuncia hecha por Alberto Nisman contra la Presidente por encubrimiento a iraníes acusados por el atentado a la AMIA, y que fue sostenida por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Lo resolvió en un fallo unánime la Sala Uno del tribunal de alzada al resolver dos pedidos de recusación contra Moldes que habían presentado las defensas de dos acusados, el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Andrés Larroque, y el presunto espía Allan Bogado. Esta resolución restableció la confianza de los fiscales anti-K con los camaristas de la Sala I, lo que no excluye el aumento de la desconfianza hacia ciertos jueces de primera instancia.
La nueva etapa
Como es obvio, las miradas están puestas en otra decisión de la Sala I, que, en un plazo de no más de dos meses, dictará un resolutorio que abra la causa a investigación o bien confirme la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia de Nisman-Pollicita por encubrimiento contra la presidente y el canciller Héctor Timerman. Aun cuando falta mucho para que esto se defina, ayer en el gobierno había optimismo en el sentido de que Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler se inclinarían, con algunos matices, en confirmar el fallo de Rafecas, en tanto que Eduardo Farah estaría decidido a revocarlo. Sobre este fallo trascendental, se calcula que puede coincidir para el armado de las alianzas y las listas de candidatos para las primarias del 9 de agosto, o sea a principios de junio. El efecto político contra el gobierno, en caso de revocar la Cámara el fallo de Rafecas, sería importante.
Por último, el núcleo de fiscales más decidido a impulsar un mani pulite local también analizaría que Rafecas, Rodolfo Canicoba Corral y otros jueces federales, si le siguen haciendo el juego al gobierno estarían en realidad cometiendo una especie de suicidio político. El kirchnerismo estaría decidido a que se aplique lo más rápido posible la reforma del Código Procesal Penal. De conseguirlo, los que perderían poder en favor de la Procuración General de la Nación serían justamente los jueces federales. O sea que el premio que recibirían por ayudar al gobierno sería la pérdida de la mayor parte de su poder. Sin embargo, en los mismos análisis se reconoce que en muchos despachos de Comodoro Py lo que impera es el “sálvese quien pueda” y que la mayor parte de los jueces temen -y con cierto fundamento- que el kirchnerismo los arrastre en su caída si la situación se vuelve incontrolable. Por ejemplo, una citación a declaración indagatoria de Máximo Kirchner en la causa Hotesur desencadenaría probablemente una crisis nerviosa en la presidente, que estaría dispuesta a tomar todas las represalias a su alcance.
