Por Carlos Burgueño/Ámbito.-
Mitad el acuerdo con Repsol por la reestatización de YPF y mitad el convenio que el fondo Elliott firmó en su momento con Perú. Todo esto con el riesgo por la eventual aplicación de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), decisión que debería ser tomada finalmente por el juez Thomas Griesa.
La próxima semana, altos funcionarios del Ministerio de Economía (podría viajar el propio Axel Kicillof), irán a Nueva York con un primer boceto de oferta de pago para los fondos buitre que ganaron el lunes pasado el "juicio del siglo" al rechazar la Corte Suprema de los Estados Unidos la apelación planteada por la Argentina.
Los hombres del Palacio de Hacienda se presentarán en el juzgado del segundo distrito Sur de Nueva York con la intención de pedir la apertura de una ronda de negociaciones, para "definir la forma de pago de la sentencia", según la fórmula verbal que los abogados de Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) recomendaron desde Nueva York respetar siempre en la audiencia que mantengan con el juez.
Griesa ya les anticipó ayer a Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman, los abogados del estudio, que los recibirá de muy mal humor, dado que "interrumpiré mis vacaciones para escuchar la propuesta".
El mensaje es técnicamente claro: la Argentina deberá llevar ante el juez una propuesta de pago concreta de los u$s 1.330 millones que reclaman el fondo buitre NML Elliott, el Olifant, el Aurelius y unos 15 litigantes particulares (todos argentinos), que vencieron en el caso y que ahora reclaman el 100% de ese dinero.
Al finalizar la audiencia de ayer (ver nota aparte), Robert Cohen, uno de los abogados que representan a Elliott, con inevitable aire triunfalista, se quejó a Blackman sobre la mesa con la frase: "Si tienen una oferta concreta, ya saben dónde encontrarnos". Virtualmente, más allá de la soberbia que transpiraba Cohen, fue una invitación a abrirle las puertas a la Argentina para una negociación.
Y la propuesta existirá y terminará de definirse en las próximas horas. Los lineamientos generales que los funcionarios que viajen a Estados Unidos mostrarán se basarán en las siguientes ideas:
•Bono. Lo primero que planteará la Argentina es la reapertura del canje de deuda de 2010 tal como se cerró ese año, lo que automáticamente será rechazado por los fondos buitre.
La Argentina planteará entonces la idea de comenzar a discutir sobre el pago de la deuda a través de un título público, con intereses y plazos a negociar.
Para esto se les asegurará "de buena fe" a las partes que si se pagara la obligación al contado, la Argentina caería en default. Se abrirían ahí dos posibilidades: que Griesa acepte abrir una negociación a partir del pago vía un título público, o que lo rechace. Si ocurre lo segundo (el peor escenario), el país retiraría la oferta y comenzaría a operar la alternativa de un canje de deuda y el pago del Discount del 30 de junio en Buenos Aires. Si Griesa avala el inicio de las negociaciones (el mejor escenario), el país les podría proponer a Elliott y al resto de los litigantes dos alternativas: negociar a la vista del tribunal de Griesa o buscar un "settlement" o acuerdo privado por fuera del tribunal.
Lo primero sería problemático ya que todas las alternativas serían seguidas de cerca y avaladas por funcionarios del tribunal, lo que a su vez sería observado por los bonistas que ingresaron a los canjes de 2006 y 2010 y que esperan ahora agazapados el momento de avanzar con juicios sobre la cláusula RUFO. Por todo esto la Argentina buscará el "settlement".
•Acuerdo privado. Esta alternativa implica que las partes, avaladas con Griesa, acuerdan reuniones periódicas en un ámbito aprobado por el juzgado, donde discutirán los términos de un acuerdo que luego sería presentado ante el juez. Si éste finalmente aprueba lo presentado, levanta el juicio y cierra el caso considerando lo acordado como "la ley misma".
La Argentina negociaría con los fondos buitre en una instancia privada el pago de un bono equivalente a los u$s 1.330 millones (más el resto de los holdouts que se sumen al llamado, lo que totalizaría una emisión de no menos de u$s 8.000 millones). Éste tendría la compra garantizada de alguna entidad privada, en una operación similar a la que Repsol concretó con JPMorgan y que le reportó el ingreso de aproximadamente unos u$s 5.000 millones. Luego, la entidad financiera que realice el juego financiero, colocará los títulos en el mercado.
Obviamente, Elliott y compañía tendrían una quita en ese bono, que podría ser aceptada por los acreedores o compensada por el propio banco que realice la operación, que luego negociaría alguna compensación (otro título) con la Argentina.
No es la primera vez que Elliott negocia una salida de este calibre. Ya había cerrado en 2000 un acuerdo con Perú por el cual cobró unos u$s 58 millones por un total de deuda emitida (bonos Brady) de u$s 100 millones comprada a 11 millones de dólares. En otras palabras, el fondo de Paul Singer ganó en esa oportunidad un 400%, en un acuerdo "settlement" luego de tener victorias judiciales similares a las que tuvo con el "juicio del siglo", pero sin llegar a una decisión final por parte de la Cámara de Nueva York (segunda instancia).
•Depósito. Una idea que se analiza para presentarle a Griesa, para que no embargue el dinero por el cual se le pagará el Discount (unos u$s 500 millones), se realice un depósito en algún banco que determine el juez como garantía mientras duren las negociaciones. Ese dinero no sería tocado por ninguna de las partes y continuaría depositado mientras se discutan las condiciones del acuerdo final. Con esto, y suponiendo que las discusiones permanecen abiertas hasta enero de 2015, Griesa permitiría las liquidaciones de los vencimientos hasta diciembre de este año sin ejecutar embargos.
El dinero (podría llegar a aproximadamente u$s 300 millones) quedaría a disposición de Griesa hasta que el acuerdo se firme.
•RUFO. Tanto los abogados de CGS&H como desde el Ministerio de Economía confían en que, dado que el pago a los fondos buitre se realiza por una obligación derivada del fallo de un juez y no de manera voluntaria, no regiría la obligación de cumplir con el pago de la diferencia que cobrarían los acreedores que ganaron el caso contra la Argentina el lunes pasado para los tenedores de bonos que aceptaron el pago de la deuda en default en los llamados de 2006 y 2010. Obviamente no es lo que pensarán algunos de estos bonistas que ya anticiparon que se presentarán ante la Justicia de los Estados Unidos a reclamar, eventualmente, la diferencia. Nuevamente, deberá resolver la situación Thomas Griesa. Una salida que, por razones obvias, nunca se reconocerá, es que en la negociación del settlement se aclare que el anuncio del acuerdo final se realice en enero de 2015, cuando la cláusula ya no esté vigente. Sería una solución efectiva, pero difícil de explicar públicamente, lo que hoy por hoy no es el principal problema del Gobierno de Cristina de Kirchner.
