Por Carlos Tórtora/El Informador.- La sala I de la Cámara Federal rechazó esta tarde el pedido de la defensa de Amado Boudou para que anule los testimonios de Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, que declararon en la causa como testigos antes de que el juez Lijo los convocara para esta semana como acusados.
Los tres jueces también le ordenaron al juez Ariel Lijo que “amplíe la investigación” citando a indagatoria a más personas, que es lo que había pedido el fiscal Jorge Di Lello. De este fallo se destaca muy notablemente el voto de Eduardo Farah. Este camarista se explayó con una extraordinaria precisión sobre las responsabilidades en el financiamiento de la adquisición de la ex Ciccone. Por ejemplo, señala el juez que “el modo de financiación de la operatoria investigada, que incluiría la presunta utilización de “dinero en negro” para saldar deudas y/o atender gastos, presuntos movimientos de fondos tendientes a ocultar su origen, presunta utilización de formas societarias para ocultar el origen real de esa financiación y la identidad de quienes efectuaron aportes dinerarios, presuntas ventajas indebidas o al menos una dudosa legalidad de la forma de cancelación de deudas con algunos acreedores de la fallida por fuera de la quiebra (mientras otro de sus acreedores -AFIP- habría de ser postergado para cobrar en cuotas), presuntos acuerdos espurios con quienes gestionaron y/o intervinieron en la obtención y concesión, respectivamente, de un plan de pagos por parte de la AFIP (que fue calificado “cuanto menos llamativo” para entonces por el propio Juez Comercial en virtud de la conducta contradictoria de ese organismo en el expediente falencial), a lo que cabe sumar la sospecha existente en punto a la magnitud de los aportes dinerarios que se dicen realizados para el levantamiento de la quiebra y la transferencia de la empresa en comparación con el valor varias veces millonario en dólares del predio, la planta y las maquinarias, entre otros bienes, que Ciccone Calcográfica S.A. posee sobre la avenida Panamericana a corta distancia de esta ciudad, impone escuchar en declaración indagatoria al resto de las personas indicadas por el Fiscal Dr. Li Lello en el dictamen que obra a fs. 4925/4931, a saber: Pablo Jorge AMATO, Jorge Enrique CAPIRONE, Máximo Eduardo LANUSSE, Sergio Gustavo MARTINEZ y Ricardo ECHEGARAY”.
Teniendo en cuenta que los tres camaristas coinciden en ordenar que se a cite a prestar declaración indagatoria al titular de la AFIP, se abre ahora el camino para su eventual procesamiento.
La onda expansiva
Más adelante, Farah retoma los alcances de las responsabilidades de Boudou en los siguientes términos :”Esa adquisición habría tenido la ultra-intención de lograr la contratación con el Estado Nacional para la producción de billetes de curso legal. En razón de ello, se investiga el supuesto de negociaciones incompatibles en el que se vería involucrado el actual vicepresidente de la República Argentina Amado Boudou, por cuanto se habría interesado en la operación comercial referida, junto a su socio comercial José María Núñez Carmona.
Para materializar esta adquisición, los imputados antes señalados, habrían sido contactados en primer lugar por Guillermo David Reinwick (que, según las pruebas reunidas en autos, conformó el directorio de la empresa TOF) quien, en principio, habría obtenido el capital que finalmente fuera aportado para el rescate de la empresa de su suegro, Nicolás Tadeo Ciccone”. Y continua el camarista sosteniendo “Más allá de lo sostenido por el Sr. Juez instructor a fs. 5494vta. (auto del 29 de mayo pasado), la sospecha que pesa sobre Ricardo ECHEGARAY y que el Fiscal correctamente ha sostenido habida cuenta de su intervención en una parte de los hechos investigados, exigen que sea él también relevado del juramento de ley prestado en autos para que brinde sus explicaciones con los recaudos y derechos que la ley asigna a todos los imputados, pues recién después, y solo después de ello, será factible analizar o descartar, en función de las pruebas producidas y de las que aún se encuentran pendientes, la relevancia penal de esa intervención, ya sea como partícipe de la maniobra junto al Ministro de Economía Boudou, ya sea por no haberla impedido, o bien por no haber denunciado lo ocurrido estando obligado a hacerlo en su condición de funcionario público”.
Que la crisis judicial se extiende inevitablemente sobre Brito lo marca claramente este otro párrafo de Farah:
“Pero además de las personas indicadas claramente como imputadas por el Fiscal en el referido dictamen de fs. 4925/4931, pesa también la sospecha de su aporte a la financiación de la maniobra investigada o cuanto menos de la facilitación a través del Banco Macro de los medios necesarios para que se llevaran a cabo los movimientos de fondos”. Y continúa: “Teniendo en cuenta la envergadura de la empresa fallida y la operatoria en marcha de levantamiento de la quiebra, no pueden pasar inadvertidas -como si se trataran de un ignoto cliente menor- las cuentas de The Old Fund S.A. abiertas en el Banco Macro ni la caja de seguridad que poseía en esa institución Alejandro Paul Vandenbroele, supuesto testaferro de Amado Boudou, como presidente de dicha sociedad”.
Por ultimo, el relato de Farah sobre la mecánica utilizada para financiar el financiamiento de la adquisición de la ex Ciccone es revelador. Señala el mismo que “Se impone, en consecuencia, que Jorge Horacio BRITO comparezca a proceso en calidad de imputado para requerirle las explicaciones correspondientes con los derechos y garantías del caso, hecho lo cual será dable analizar la relevancia penal su intervención (arts. 45 y 46 del Código Penal) o los motivos por los que no podrá ser incriminado (art. 34 ídem).
Análogo estado de sospecha (art. 294 del Código Procesal Penal) pesa sobre Raúl MONETA, teniendo en cuenta para ello las múltiples referencias que surgen del expediente, obtenido para esta causa a instancias del Fiscal, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nº 5, caratulado “Mayer Business Corp c/ EN-AFIP-DTO 252/13 DISP 71/13 s/ amparo Ley 16.986″, en el que invoca que “… 1) THE OLD FUND S.A. (accionista controlante de COMPAÑÌA VALORES SUDAMERICANA S.A.) recibió diversos préstamos de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda. por la suma total de $ 29.580.000… en concepto de capital… 2) Mi mandante se constituyó en fiador y codeudor solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones de THE OLD FUND S.A. indicadas en el punto anterior. 3) THE OLD FUND S.A. aplicó el total de los fondos recibidos a través de los préstamos desembolsados por la Cooperativa Marítima (que fueran afianzados por mi mandante) al otorgamiento de préstamos a favor de Compañía de Valores Sudamericana SA. El total de los préstamos recibidos por ésta última fue aplicado al giro normal y habitual de dicha sociedad, incluyendo el pago de salarios, impuestos, proveedores y cuotas concursales. 4) Acaecido el vencimiento del plazo para el pago de los préstamos otorgados por la Cooperativa Marítima Ltda a THE OLD FUND, lo que tuvo lugar el día 31/07/2012, la prestamista requirió la cancelación total del monto adeudado en concepto de capital e intereses convenidos, requerimiento éste que fuera asimismo extendido a mi representada en su carácter de fiadora. 5) Ante la falta de pago incurrida por THE OLD FUND S.A., mi representada abonó el día 03/08/12 a COOPERATIVA MARITIMA DE CREDITO LIMITADA la suma de $ 35.558.400… en concepto de capital e intereses devengados, mediante transferencia a su cuenta corriente bancaria dando así cumplimiento a la fianza oportunamente otorgada. 6) Cumplido ese pago y nacida por consiguiente la obligación de reembolsar las sumas abonadas por mi mandante en carácter de fiador, THE OLD FUND S.A. solicitó la refinanciación de dicha deuda; pedido que fuera aceptado por mi representada. A tal efecto, THE OLD FUND S.A. y COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A. (atento haber resultado la beneficiaria directa de los fondos obtenidos en préstamo) suscribieron un RECONOCIMIENTO DE DEUDA que compren todas las sumas oportunamente pagadas por mi mandante a Cooperativa Marítima y comprometiéndose a cancelar las mismas en el plazo de 12 meses (plazo que podría darse por decaído ante el acaecimiento de determinados hechos que, en realidad, luego se verificaron). 7) Por su parte, además, THE OLD FUND cedió y transfirió en esa misma fecha a MAYER BUSINESS CORP. la totalidad de las acciones”.
El escenario vuelve a cambiar
En términos políticos, lo ocurrido ayer corporiza una doble crisis interna en el cristinismo. Primero el enfrentamiento entre el vice y el titular de la AFIP y además el choque de aquel con Brito. Ni éste ni Echegaray cuentan con fueros especiales como Boudou, lo que los deja más expuestos no sólo a un procesamiento sino a una eventual prisión preventiva. En esta pulseada, Boudou aparece hoy en una posición relativa de ventaja sobre los otros dos, porque en tanto sea vicepresidente no podrá ser juzgado. La gran perdedora de la jornada de ayer fue CFK, ya que el pronunciamiento de la Cámara Federal destruye la posibilidad de que el frente interno del oficialismo permanezca homogéneo y controlable. En el fondo, se instala la idea del sálvese quien pueda. En los pasillos de Olivos, hace rato que reina la disconformidad con Brito, acusado no solo de haber promovido la corrida cambiaria de fines del año pasado sino de estar muy cerca del proyecto presidencial de Sergio Massa. En la nueva etapa que se abre, será un factor fundamental la estrategia que sigan de ahora en más las defensas de Echegaray y Brito y ya se puede anticipar que se viene una batalla ante la Cámara de Casación para intentar revertir el fallo de Cámara. En todo caso y aunque es difícil predecir el rumbo de los acontecimientos, lo cierto es que Boudou consiguió ayer un triunfo político. Su licencia o renuncia como vicepresidente ya es menos importante que antes. Ahora empezarían por ejemplo las presiones para que renuncie Echegaray, en tanto que el principal banquero de la década ganada ingresa en un terreno sumamente peligroso.
