Por La Nación.-
Pekín decidió suavizar la política del hijo único, eliminar los trabajos forzados y promover la competencia; es uno de los cambios más audaces desde su apertura a fines de los 70
Tres días después del plenario a puerta cerrada de los máximos dirigentes del país, China anunció finalmente ayer una de las reformas más audaces desde su apertura al mundo hace tres décadas, que la convirtió en una de las mayores potencias del mundo. Los cambios involucran temas sociales y económicos; el régimen, sin embargo, evitó reformas en el sistema político, también cada vez más cuestionado.
Las modificaciones prometidas en el informe emitido tras la conferencia del Comité Central del Partido Comunista (PCC) apuntan a suavizar un régimen muy criticado por su indiferencia a los derechos humanos. También aspiran a reemplazar parcialmente el exitoso modelo económico basado en exportaciones, que dio lugar a un asombroso crecimiento, pero que ya da señales de agotamiento.
Las reformas sociales no tienen igual en la historia reciente china y son las más importantes desde que el país inició su apertura económica , a fines de los 70.
Se trata de la flexibilización de la política del hijo único, la suavización de la pena de muerte y la abolición de los campos de trabajos forzados, dos de las normas más cruelmente represivas del régimen comunista instaurado en 1950 por el líder revolucionario Mao Tse-tung.
La política de hijo único rige la vida familiar desde fines de los años 70, cuando fue impuesta como intento de moderar el crecimiento demográfico de un país que hoy tiene 1400 millones de habitantes. Cualquier pareja que viole esa norma debe pagar fuertes multas. Pero según uno de los puntos más destacados de la reforma, una vez que ella entre en vigor, los matrimonios podrán tener dos hijos si uno de los padres es hijo único.
Si bien se estima que estos cambios no tendrán un impacto demográfico sustancial, podrían allanar el camino para la abolición total de la norma. "La importancia demográfica es mínima, pero el significado político es sustancial.
Éste es uno de los cambios políticos más urgentes que hemos estado esperando por años", dijo el especialista en demografía china Wang Feng.
En línea con esta sorprendente desactivación de instituciones anacrónicas, el PCC decidió abolir el severamente cuestionado sistema de campos de trabajos forzados, una dudosa reliquia de la era Mao.
Diseñados para confinar a los primeros críticos del partido a fin de "reeducarlos a través del trabajo", los campos son usados ahora por los burócratas locales contra las personas que desafían su autoridad en asuntos como el uso de la tierra o la corrupción. Hay unos 350 campos de trabajos forzados con unos 310.000 prisioneros en todo el territorio chino.
En cuanto a la economía, el objetivo es "reforzar el papel del mercado" y permitir un protagonismo central del consumo y los servicios.
Para eso el PCC quiere abrir los grupos estatales para que estén controlados a la vez por capitales privados y públicos. En lo inmediato, sin embargo, la medida más espectacular es la reducción del margen de maniobra de los grupos públicos, que cuentan con una posición de monopolio en diversos sectores.
Las empresas públicas deberán pagarle al gobierno el 30% de sus beneficios, frente al rango actual de 5 al 15%. El excedente será transferido a los fondos de seguridad social, que están faltos de dinero, al tiempo que obligará a las empresas a gestionar mejor sus inversiones y a una mayor competitividad.
La medida concierne a 113 empresas públicas de diversos sectores, desde la energía hasta las finanzas pasando por los transportes, y situadas bajo el control directo del gobierno.
No menos importante, y en relación con el estímulo a la producción y al consumo, los agricultores recibirán derechos para "poseer, utilizar y transferir las tierras que cultivan, y podrán emplear sus derechos de propiedad como garantía" para efectuar operaciones financieras. Hasta ahora todas las tierras cultivables son propiedad del Estado, que cede su usufructo a los campesinos.
Los planes, más ambiciosos de lo que se pensaba, disiparon el temor de que el presidente reformista, Xi Jinping, llegado al poder hace un año, necesite más tiempo para enfrentar a los intereses creados por la vasta burocracia gubernamental. Toda reforma del sector público se verá de hecho complicada por la resistencia de los grupos estatales, que prosperaron gracias a la falta de competidores y a sus estrechas relaciones con las autoridades.
Como era de esperar, los cambios ni siquiera rozarán el control del PCC sobre la política del país, que incluso se reforzó últimamente con nuevos controles sobre los medios e Internet. Para los chinos, una cosa es la apertura y otra, la renuncia.
