 |
| El DNU contra las telcos encendió las alarmas del sector. |
Por Andrés Sanguinetti/iProfesional.-
Después de haber dicho que eran los "socios" del Gobierno para sacar al país de la crisis, pasaron a ser los apuntados por las últimas medidas
Sin el dramatismo ni el peligro institucional de las declaraciones de Eduardo Duhalde sobre un posible golpe de Estado, la psicosis que, por estas horas, sufre el presidente Alberto Fernández tiene como disparador la relación con el mundo corporativo.
Mundo que en meses anteriores era uno de los invitados de honor a encuentros en la Quina de Olivos para analizar el impacto económico de las medidas sanitarias para combatir el Covid-19 y que ahora se ha convertido en uno de los principales "apuntados" por la usina oficial.
A pesar de la tibia desmentida oficial, la eventual suba de la alícuota de Ganancias es, por estas horas, el último eslabón de una cadena mayor de síntomas sobre el trastorno que lo caracteriza y que se evidencia en la alteración global de la personalidad y del sentido de la realidad en su trato con el establishment.
Vicentín; Edesur; el impuesto a la riqueza; revisión de las concesiones de las principales autopistas; congelamiento de tarifas; DNU contra el sector de las telecomunicaciones y reforma judicial conforman los eslabones finales de esta psicótica agenda de desencuentros con los hombres de negocios.
Desencuentro que se da mientras la economía se derrumba; la producción está en el peor momento de su historia; la pobreza se acerca al 50%; hay miles de trabajadores suspendidos que sólo cobran dádivas del Estado nacional; el dólar no para de subir; la inflación se mantiene incontenible.
Con sectores del comercio, la industria y los servicios que no saben desde cuándo podrán volver a la actividad y que todavía se mantienen con ingresos cero y, en muchos casos, con el fantasma de la desaparición definitiva.
Alberto Fernández y su desencuentro con el establishment, mientras la economía se derrumba. Y también con más de 160 días de aislamiento y comportamiento social casi ejemplar para combatir la pandemia del Covid-19 que no impiden que los contagios diarios se cuenten de a 11.000; que los muertos superen los 8.000 y que nadie sepa cuándo llegará el pico tan temido.
Datos sanitarios que ya cada vez importan menos a la mayoría de una sociedad harta de prohibiciones; que no quiere más represión sanitaria como único método de combate contra el Covid-19 al punto de llegar a criticarse a quienes se ríen; hablen fuerte o canten.
Quizá este desencanto social haya jugado para la desaparición del trío oficial que anuncia en qué fase de la lucha contra el virus nos encontramos.
Este viernes 28 de agosto marcó, quizá, el final de esa trilogía Alberto Fernández-Axel Kicillof-Horacio Rodriguez Larreta debido a que ya no hace falta que los tres repitan cada 15 días lo mismo a una sociedad que pide otras soluciones.
Retomar la agenda política
Con este escenario de catástrofe y con una aprobación que pasó del 68% de febrero pasado al 37% actual, y con un 44% de imagen negativa, ahora el Presidente busca retomar la agenda política.
Pero, en algunos casos, no la que propuso luego de haber asumido el 10 de diciembre sino la que desde el Instituto Patria y la cabeza de CFK imaginan. Alberto Fernández parece haber abandonado así su idea de convertir a los empresarios en sus "socios" en la búsqueda de un cambio de era que permita recuperar la producción y el trabajo; atraer nuevas inversiones; incentivar las exportaciones y reflotar la competitividad de la economía local.
Ni siquiera se han tenido en cuenta importantes documentos elaborados por la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Copal y otras organizaciones que agrupan a empresas grandes, medianas y pequeñas que fueron acercando propuestas tributarias, financieras y de desarrollo para sacar a la Argentina de esta desenfrenada carrera hacia el abismo. El libreto que el anfitrión de la Quinta de Olivos utiliza ahora es más parecido al que la vicepresidenta Cristina Kirchner redactó en su cuaderno de viejos rencores luego de que su fuerza política perdió las elecciones con Mauricio Macri en el 2015.
Ese día, prometió no olvidar a sus enemigos y transformar sus rencores en medidas de venganza si volvía a tomar el control del máximo poder político de la Argentina.
Desde la fracasada expropiación de Vicentín; pasando por la avanzada contra Edesur, Ausol y GCO y la persecución a las operadoras de telefonía; cable e internet, hasta el impuesto que tendrán que pagar las 12.000 personas más ricas del país tienen la impronta de CFK quien, en medio de un país incendiado, dice estar en su "mejor que nunca".
Un combo que se complementa con la profundización del rol del Gobierno a la hora de controlar y regular ingresos del sector privado como los que se aplican al sector de las telecomunicaciones con el flamante DNU y también al alimenticio a través de los programas de Precios Cuidados y Precios Máximos que se deben acatar, a pesar de costos que no dejan de crecer.
Miguel Arrigoni es tajante a la hora de analizar el ciclo "psicótico" del Presidente, en especial en lo que respecta al sistema tributario.
"Pretender tener tasas escandinavas viviendo en la Argentina es estúpido", dice el titular de la consultora financiera First, para quien el esquema impositivo nacional "castiga cada vez más a quienes se encuentran en la economía formal. Por eso, reclama que las autoridades combatan la evasión en lugar de pensar en aplicar tasas más altas que llevan a que cada vez más gente deje de poder pagar impuestos.
"Ideas pobres desde lo intelectual que deberían poner el esfuerzo en premiar a la inversión y a la producción, más que nada si se trata de un gobierno autoproclamado como Nac & Pop", describe el analista.
Un panorama idéntico al que detallan otros hombres de negocios y ejecutivos de empresas de todo tipo y tamaño, para quienes seguir subiendo impuestos condena a la Argentina a dejar de recibir inversiones, con el agravante de que el país ya es hoy poco atractivo para el capital internacional.
Pero la crítica contra el régimen tributario es solamente una arista de la grieta entre el mundo empresario y Alberto Fernández.
O mejor dicho, lo que el Presidente prometía al inicio de su mandato y las señales que emite ahora, con una puesta en escena que cumple el libreto escrito por su vicepresidenta y que van dinamitando a diario la posibilidad de que el sector privado tenga las condiciones adecuadas para ayudar a recuperar la economía del país.
Más aún, a partir de escandalosos cambios legales que impiden pensar en un país que ofrezca seguridad jurídica si se tiene en cuenta una sola señal como es la media sanción que a medianoche de este viernes logró la escandalosa reforma judicial en el Senado.
Más parecido a un reparto de cargos del PJ de última hora, los cambios a la iniciativa original se habrían negociado para entregarle juzgados a los gobernadores a cambio de que sus legisladores respalden la reforma. Cambios que llevaron los cargos de 300 a casi 1.000, con un costo superior a los $3.000 millones que un Estado quebrado deberá enfrentar.
