Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
El aumento de la penetración de bandas del narcotráfico en el territorio nacional tiene una explicación política. Desde el año pasado, el gobierno nacional empezó a advertir que su desinterés por la seguridad de la población podría hacerle perder un alto porcentaje de votos en las elecciones legislativas del próximo 27. Buscó entonces impactar en la opinión pública con decisiones de alto impacto psicológico, aunque de dudosa eficacia. La más notable, sin duda, fue el traslado masivo de efectivos de Gendarmería al conurbano bonaerense a partir del Operativo Centinela y luego también a la Capital Federal. Instruidos y equipados como una fuerza de frontera, los gendarmes, que provienen en su mayoría del NOA y el NEA, se vieron obligados a improvisarse como policías urbanos, en jurisdicciones propias de la Policía Federal y la bonaerense.
Más allá de la supuesta sensación de seguridad que produciría la presencia en las calles de una fuerza militarizada, lo cierto es que las estadísticas no indican que la presencia de Gendarmería en el conurbano haya hecho bajar los índices delictivos. Sí, en cambio, el costo de esta pseudo sensación de seguridad parece ser alto en lo que hace a la seguridad de las fronteras. El traslado de alrededor de 10.000 gendarmes desguarneció significativamente los controles fronterizos y le facilitó aún más el trabajo al narcotráfico en una frontera terrestre que ya tenía las características de un colador. Alarmada por la gravedad de la situación que había provocado, la Casa Rosada, aconsejada por su principal operador militar, el Jefe del Estado Mayor del Ejército General César del Corazón de Jesús Milani, optó hace dos meses por transgredir algunas leyes más, en este caso las de Defensa y Seguridad Interior, y trasladar varias unidades militares para cumplir patrullajes en la frontera.
Así como los gendarmes no están capacitados para la seguridad urbana, los efectivos del Ejército no lo están para patrullar las fronteras. Además, como legalmente los militares no pueden trabajar en la seguridad interior, su presencia es desarmada y casi simbólica. Así fue que el kirchnerismo, con una enorme improvisación, fue cayendo en su propia trampa: no redujo la delincuencia en el conurbano y le abrió las fronteras al narcotráfico. Esto sin hablar de que, pese al publicitado Operativo Escudo Norte, la cobertura del espacio aéreo por radares continúa siendo ínfima.
Ahora los hechos se están precipitando. El sábado pasado balearon el domicilio particular del gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti. El trasfondo del episodio pasaría por la estrecha relación entre los narcos de Rosario y un sector de la policía santafesina. Esto ocurre dos semanas después del descabezamiento de la cúpula de la policía cordobesa por su presunta vinculación con el narcotráfico.
Además, en los últimos días hubo cinco muertes violentas en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Siguiendo con la secuencia están los episodios de ayer en Vicente López en el entierro del jefe de la barra brava del club Colegiales (de la Primera C), el “Loco Pocho” Morales. Este personaje integraba Hinchadas Unidas Argentinas, la agrupación que creó Marcelo Mallo, un operador del Senador Aníbal Fernández, quien fue acusado por Elisa Carrió de ser uno de los responsables del narcotráfico. Pero al margen de ésta y otras acusaciones, cabe recordar que el senador Fernández dijo que era una estupidez que hubiera radares en la frontera. Está claro sí que las bandas narcos llegaron para quedarse y se sospecha que varios gobernadores del Frente para la Victoria están implicados directa o indirectamente en ese tráfico y en el altísimo consumo que está dejando muertos todos los días.
Una ola imparable
Todavía en el país no se cruzaron ciertos límites, como sí está ocurriendo en Colombia y México, donde ya son varios los periodistas asesinados por el narcotráfico para poner fin a sus investigaciones sobre el tema. En El Salvador, donde gobierna el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (la ex guerrilla salvadoreña), crece el rol de los maras, unas pandillas de narcos que actúan hasta en ciudades como Los Angeles. En el caso de Brasil, el ejército ya interviene en forma permanente en las favelas. Pero no se ve el final de esta guerra y se piensa que los últimos incidentes estudiantiles en Rio, que fueron extremadamente violentos, fueron instigados por bandas narcos.
Pero volviendo a las particularidades de nuestro país, es evidente que en la década kirchnerista, el accionar violento de esas bandas aumentó considerablemente mientras el gobierno nacional en general se mantuvo en la inacción. Pero hay elementos suficientes como para que existan sospechas mayores.
Hay razones para sospechar que el gobierno podría estar seriamente complicado con la expansión del narcotráfico en el país. Y no se trata solamente de las acusaciones de Elisa Carrió sino del conjunto de factores que venimos mostrando. El gobierno nacional efectuó grandes purgas en la Federal y sobre todo en la bonaerense, lo que terminó debilitando a estas instituciones. Malgastó además la experiencia acreditada que tiene la Gendarmería, que recibe apoyo de la DEA, para favorecer una mayor penetración de las bandas por las fronteras. Para los narcotraficantes, ésta sí que fue una década ganada.
