Por Carlos Tórtora/El Informador.-
En 48 horas, dos decisiones judiciales aliviaron la situación procesal de Ricardo Jaime, Sergio y Pablo Schoklender. La Justicia volvió a beneficiar al Secretario de Transporte en una causa por corrupción. Los mismos camaristas de Casación que abrieron el camino para cerrar el caso Ciccone, donde está imputado el vicepresidente Amado Boudou, pusieron al borde del cierre uno de los primeros expedientes por corrupción en los que el ex secretario de Transporte iba a sentarse en el banquillo de los acusados. Los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky atendieron el pedido de Jaime y declararon nulo el llamado a juicio oral y público que hizo el juez Julián Ercolini en un caso de dádivas. Con esa resolución de Casación quedaría prescripto el caso en el que se iba a juzgar a Jaime y a los empresarios de Trenes de Buenos Aires (TBA) porque le pagaban viajes de placer en taxis aéreos al funcionario que debía controlar cómo llevaban adelante la explotación del ferrocarril Sarmiento y Mitre.
Y ayer, la Sala I de la Cámara Federal apartó al juez federal Norberto Oyarbide de la causa por el desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y anuló los procesamientos de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación. De este modo, la causa vuelve a foja cero, y queda en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Tanto los Schoklender como Jaime mantienen una relación especial con el gobierno nacional, ya que no es un secreto que habrían amenazado con revelar información comprometedora sobre la cúpula del oficialismo en caso de que su situación procesal se agrave. Estos nuevos movimientos en la justicia estarían en sintonía con la creciente preocupación oficial de que, si el resultado de las elecciones legislativas es malo para el Frente para la Victoria, se produzcan cambios de actitud en la justicia que lleven a una profundización de varias investigaciones sobre la corrupción oficial. En este escenario jugaría un rol decisivo el fallo que la Corte deberá dictar en la causa que impulsara el Grupo Clarín sobre la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de medios y en especial el 161, que establece la obligación de desinvertir para el multimedios. Anteayer, CFK desafió públicamente a los ministros de la Corte a que se expidan rápidamente. Dentro del hermetismo que rodea al tema algo es seguro: la Procuradora General Alejandra Gils Carbó dictaminó tres semanas atrás a favor de la constitucionalidad de la ley de medios y a esta altura es casi imposible que la Corte postergue su sentencia hasta después de las elecciones de octubre. Un fallo que confirme el dictado por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal dejaría a Clarín fuera del peligro de ser desguazado. También el multimedios, al quedar menos vulnerable, podría profundizar la difusión de los casos viejos de corrupción y tal vez destapar los nuevos. Ante esta perspectiva que aumentaría las chances de una rebelión judicial, el gobierno estaría acelerando en secreto los preparativos para dar un golpe desesperado. Esto es, intervenir la conducción de Clarín mediante la aplicación del cuestionado artículo 20 de la nueva ley que regula el Mercado de Capitales. En fuentes ligadas a Clarín se menciona que el mayor peligro empezaría a correr inmediatamente después de las primarias del próximo 11. Uno de los principales problemas técnicos que estarían enfrentando los funcionarios a cargo de preparar el plan de intervención es que la misma debería extenderse a diversos directorios correspondientes a cada una de las empresas del grupo, lo que haría más compleja la operación.
Y ayer, la Sala I de la Cámara Federal apartó al juez federal Norberto Oyarbide de la causa por el desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y anuló los procesamientos de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación. De este modo, la causa vuelve a foja cero, y queda en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Tanto los Schoklender como Jaime mantienen una relación especial con el gobierno nacional, ya que no es un secreto que habrían amenazado con revelar información comprometedora sobre la cúpula del oficialismo en caso de que su situación procesal se agrave. Estos nuevos movimientos en la justicia estarían en sintonía con la creciente preocupación oficial de que, si el resultado de las elecciones legislativas es malo para el Frente para la Victoria, se produzcan cambios de actitud en la justicia que lleven a una profundización de varias investigaciones sobre la corrupción oficial. En este escenario jugaría un rol decisivo el fallo que la Corte deberá dictar en la causa que impulsara el Grupo Clarín sobre la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de medios y en especial el 161, que establece la obligación de desinvertir para el multimedios. Anteayer, CFK desafió públicamente a los ministros de la Corte a que se expidan rápidamente. Dentro del hermetismo que rodea al tema algo es seguro: la Procuradora General Alejandra Gils Carbó dictaminó tres semanas atrás a favor de la constitucionalidad de la ley de medios y a esta altura es casi imposible que la Corte postergue su sentencia hasta después de las elecciones de octubre. Un fallo que confirme el dictado por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal dejaría a Clarín fuera del peligro de ser desguazado. También el multimedios, al quedar menos vulnerable, podría profundizar la difusión de los casos viejos de corrupción y tal vez destapar los nuevos. Ante esta perspectiva que aumentaría las chances de una rebelión judicial, el gobierno estaría acelerando en secreto los preparativos para dar un golpe desesperado. Esto es, intervenir la conducción de Clarín mediante la aplicación del cuestionado artículo 20 de la nueva ley que regula el Mercado de Capitales. En fuentes ligadas a Clarín se menciona que el mayor peligro empezaría a correr inmediatamente después de las primarias del próximo 11. Uno de los principales problemas técnicos que estarían enfrentando los funcionarios a cargo de preparar el plan de intervención es que la misma debería extenderse a diversos directorios correspondientes a cada una de las empresas del grupo, lo que haría más compleja la operación.
Mutua disuasión
Pero también en el escenario electoral determinadas variables podrían reinstalar la corrupción en el primer plano. Según sostienen conocedores de las conversaciones reservadas entre cristinistas y massistas, estaría funcionando un acuerdo por el cual el intendente del Tigre no menciona la palabra corrupción ni es acusado por el oficialismo. Días atrás, voceros del gobierno, en lo que debe interpretarse como una amenaza indirecta a Massa, mencionaron la estrecha relación que este último habría tenido con Amado Boudou cuando lo secundaba en la conducción de la ANSES. Muy molesto por éstas y otras zancadillas del kirchnerismo, el tigrense reaccionó diciendo que si querían pelea la iban a encontrar, pero la sangre no llegó al río y todo quedaría así hasta el próximo 11. Sin embargo, no hay que descartar que las tensiones entre la Casa Rosada y Massa recrudezcan rápidamente ni bien comience a fin de mes la campaña para las elecciones de octubre. En el entorno del intendente hay quienes afirman que el gobierno se verá tentado de jugar fuerte, sacando a relucir cualquier tema que pueda deteriorar aunque sea mínimamente al líder del Frente Renovador, permitiendo así que Martín Insaurralde gane las elecciones. Para prevenir esta situación, Massa tal vez haga valer su conocimiento de determinadas situaciones para disuadir al cristinismo de ingresar al terreno de la campaña sucia.
