Fiel a su estilo de no hacerse cargo de los problemas, el gobierno kirchnerista decidió tirarle por la cabeza a las provincias, especialmente a Buenos Aires, el conflicto salarial con docentes y empleados públicos.
Sólo así puede entenderse la decisión de la administración K -desde los años ‘90 el Gobierno Nacional no gestiona ni una sola escuela pública- de cerrar unilateralmente las negociaciones paritarias con los gremios con representación nacional, fijando en un 22% el aumento salarial, no estableciendo ningún esquema de asistencia económico -financiera de carácter federal, para que todas las provincias pudieran estar en igualdad de condiciones de hacer frente a la actualización de haberes. Asimismo, la suba de 22% está varios puntos por debajo de la inflación real que el año pasado cerró por encima del 25% y que, para este año, se espera que supere el 30%.
Ante esta situación, el gobierno K, que hizo de la centralización de los recursos su forma de hacer política, intenta acorralar a las provincias, especialmente a Buenos Aires, para luego someterlas políticamente.
Es un mecanismo extorsivo y muy peligroso porque los principales perjudicados no solamente son los maestros y los empleados estatales, sino el conjunto de la ciudadanía que se verá afectada si los paros se extienden, lo que implicará que el Estado provincial quede sin posibilidad de prestar servicios claves en salud, educación y seguridad.
Los más perjudicados, obviamente, son los sectores socialmente más postergados que no tienen otra alternativa que atenderse en hospitales públicos que se caen a pedazos y mandar a sus hijos a escuelas públicas que, lejos de ser los lugares de excelencia para la trasmisión del saber (como ocurrió durante gran parte del siglo XX), se han convertido en meros comedores.
Por otra parte, el conflicto salarial es producto de un problema de fondo que ni siquiera es reconocido por el kirchnerismo: la inflación galopante que está haciendo trizas el poder adquisitivo. Y esto está demostrado el fracaso absoluto de la política económica de los K, que recurre a la emisión monetaria de manera descontrolada y saquea las reservas de la Anses y del Banco Central, para financiar el enorme aparato de clientelismo político, sin desarrollar en lo más mínimo el sector productivo. Por eso, la generación de empleo genuino brilla por su ausencia y el mercado interno está paralizado. En definitiva, no se genera nueva riqueza y eso lleva a que la torta sea cada vez más chica, mientras se suman cada vez más los comensales.
Asimismo, el gobernador Scioli, que ya blanqueó su proyecto presidencial, también se encuentra en una encrucijada: ¿Romper o no romper en la casa Rosada?, ¿plantar bandera e iniciar una cruzada por los fondos que le corresponde a la Provincia, que queda en manos del gobierno nacional, o someterse mansamente a la extorsión K?
Está claro que el accionar del sciolismo, durante el desarrollo de las negociaciones paritarias, apuntó a dejar expuesto la responsabilidad de la administración K antes las crisis estructurales que afecta, en mayor o menor medida, a casi todas las provincias por la centralización de recursos. De ahí que no sólo Buenos Aires debe, necesariamente, volver a endeudarse para cumplir con las obligaciones salariales: Santa Cruz, cuyo gobernador está abiertamente enfrentado con La Cámpora, se encuentra en una situación muy similar.
El futuro cercano viene complicado, y el gobierno K no parece encontrar el rumbo.
