El gobierno apeló una vez más a la teoría del complot para enfrentar la protesta salarial de gendarmes y prefectos, que ya se va extendiendo a las policías provinciales. El plan en ejecución empieza por intentar achicar la protesta ofreciendo un aumento de los básicos que en líneas generales no conforma a la masa de los suboficiales. Simultáneamente, el gobierno se desentiende de sus responsabilidades políticas por el desquicio del régimen salarial de las fuerzas, aunque Hernán Lorenzino no tuvo más remedio que reconocer que cerca del 80 por ciento del sueldo de gendarmes y prefectos está compuesto por “suplementos” originados en los ‘90 y mantenidos durante la gestión kirchnerista, o sea, pagos no remunerativos dispuestos para mantener congelados los haberes de los retirados.
Y en este punto el plan de la Casa Rosada gira hacia culpar a las fuerzas por la irresponsabilidad de las autoridades políticas desde el 2003. En esta sintonía, el Ministerio de Seguridad denunció ante la justicia federal a las ex cúpulas de Gendarmería y Prefectura por presuntas maniobras para liquidar irregularmente sueldos. La denuncia apunta a un supuesto conjunto de maniobras que habrían realizado los jefes junto a estudios de abogados y jueces que tramitaron pedidos de amparo por sueldos mal liquidados, de modo que las escalas salariales quedaron sustancialmente alteradas y fuera del control del gobierno, que los debe presupuestar y liquidar. De este modo, los depuestos ex jefes de Gendarmería, Héctor Schenone y Adolfo Arce, pasarían al banquillo de los acusados como pago a su probada lealtad al gobierno, que se había apoyado en estas dos fuerzas para poder castigar así con comodidad a la Policía Federal. El plan se complementa con el factor tiempo. En Olivos suponen que la política de inflexibilidad terminará dispersando los focos de protesta. Así las cosas, todo indica que la crisis en Gendarmería y Prefectura sólo acaba de empezar. Por un lado, el gobierno enviará a las cúpulas anteriores a tribunales por supuesta complicidad en la industria de los juicios por diferencias salariales. Por el otro, se considera inevitable que se ponga en marcha la cadena de sanciones administrativas contra los cientos de suboficiales que llevan nueve días insubordinados, de los cuales hasta ayer sólo cuatro fueron pasados a disponibilidad. La ruptura de la cadena de mandos producida se profundizaría entonces ahora con las represalias disciplinarias y los juicios por corrupción que desatarían las denuncias y las acusaciones en la interna de las fuerzas. Y esto sin mencionar que las nuevas cúpulas ya están prácticamente descalificadas, porque llevan una semana sin conseguir que los suboficiales vuelvan a sus casas. El método de eludir las responsabilidades y descargarlas sobre las fuerzas, provocando entonces la anarquía institucional, no le saldría gratis al gobierno. A partir de ahora, ante la existencia de cualquier foco de violencia social, es una incógnita cómo se comportarán gendarmes y prefectos cuando les ordenen reprimir. ¿Pondrán condiciones o exigirán garantías legales? De ocurrir esto, el Estado nacional puede quedar inerme en casos de conmoción interior. Aunque limitado, el foco que ayer se abrió en Chubut con la protesta salarial de la policía local sería el anuncio de una escalada de protestas policiales en media docena de provincias. Cuando se producen, por ejemplo, huelgas policiales prolongadas como la de hace dos meses en Santa Cruz, la Casa Rosada suele auxiliar a los gobernadores enviando a los gendarmes para garantizar la seguridad pública. En las actuales circunstancias, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Acostumbrado a actuar en términos dialécticos, el cristinismo apuntaría ahora a licuar la protesta en las fuerzas profundizando los enfrentamientos y las revanchas internas. Es probable que lo consiga, pero pagando el precio señalado de quedarse sin capacidad de controlar cualquier foco significativo de violencia.
Implosión judicial
En cierto modo, el gobierno está aplicando una fórmula similar a la usada con Prefectura y Gendarmería en la causa donde debe resolverse la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios. La misma quedó ayer sin juez, porque el magistrado que había sido nombrado interinamente, Raúl Orestes Tettamanti, presentó ayer su renuncia ante el Poder Judicial.
Según indicaron fuentes judiciales, la decisión de Tettamanti fue directa consecuencia de la conferencia de prensa que brindó el viernes pasado el ministro de Justicia, Julio Alak, anunciando que iban a recusarlo por entender que había sido designado mediante una “maniobra” del Grupo Clarín y del juez y miembro del Consejo de la Magistratura Ricardo Recondo. Esto sin contar con que rápidamente apareció una denuncia penal contra Tettamanti por su actuación en una vieja causa relacionada con Telecom.
De este modo, el gobierno le transfiere a la justicia la crisis por la aplicación de la ley de medios. De acuerdo al artículo 1° de la ley 23.376: “En caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los Jueces de Primera Instancia, Nacionales o Federales, la respectiva Cámara de la jurisdicción procederá a la designación de un subrogante de acuerdo al siguiente orden:
a) Con un juez de igual competencia de la misma jurisdicción, teniendo prelación el juez de la nominación inmediata siguiente en aquellos lugares donde tengan asiento más de un juzgado de igual competencia;
b) Por sorteo, entre la lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley”. O sea que el conflicto se traslada otra vez a la Cámara Federal Civil y Comercial. La maniobra oficial apuntaría a que el vicepresidente de esta Cámara y miembro del Consejo de la Magistratura Ricardo Recondo siga el camino de Tettamanti, para facilitar así la designación en el estratégico juzgado 1 de María Lorena Gagliardi, la candidata K para fallar a favor de la constitucionalidad de la ley de medios.
