El jefe de Gabinete Abal Medina y el ministro de Economía Lorenzino afirmaron que existía una "masa salarial judicializada" que se valió de medidas cautelares para que unos cobren más que otros. Además, advirtieron sobre la aplicación de descuentos salariales con destino a ciertas entidades.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino brindaron una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda en medio del conflicto salarial de Gendarmería y Prefectura.
En ese marco, ratificaron el decreto 1307/12 y denunciaron irregularidades en las liquidaciones tales como el pago de suplementos para los que más cobraban, la utilización de medidas cautelares como instrumento para llegar a un mejor salario y advirtieron que existe detrás una "industria del juicio" que derivó en estas desigualdades.
Aseguraron que seguirán investigando "caso por caso" y que la correcta aplicación de la norma redundará en beneficio de los que menos ganan.
La voz oficial
En primer término, Abal Medina buscó destacar las mejoras y beneficios que recibieron los efectivos en estos últimos ocho años y luego señaló que, con respecto a Gendarmería nacional hubo una evolución presupuestaria desde el 2003 al año pasado. "Se incrementó 7 veces más en ese lapso", afirmó. En cuanto al personal sostuvo que también hubo un aumento y una suba en materia de gastos y equipamientos.
Con relación a Prefectura naval, el funcionario mencionó que hubo un incremento similar. Por ejemplo, indicó que ya hay 3.700 efectivos nuevos.
Tras esta introducción, sostuvo: "El miércoles hablamos de realizar un pago complementario para los prefectos que cobren menos o igual a 12.500" y que "para Gendarmería se iba a volver a realizar la liquidación tal como el mes anterior". Para luego señalar: "El viernes recibieron los efectivos los haberes y no hubo quejas".
"Ese día dije que esa desastrosa liquidación podía deberse no sólo a la gestión o la liquidación en sí misma sino a otras situaciones y, por eso, ambas áreas dependen del Ministerio de Seguridad y también hay un área jurídica que fue intervenida", aclaró.
En este escenario, Abal Medina afirmó: "La información que tenemos agrava la situación".
"Las sospechas se ratificaron y agravaron", enfatizó.
"Se dio lugar a acciones judiciales porque las modalidades de pago presentaban gigantescas deficiencias", explicó y las calificó de casi "delictuales".
El jefe de Gabinete habló de que los problemas de la estructura salarial datan de la época de Menem. Y señaló que, según ese esquema, "un comandane general podía cobrar 30.000 o 93.000 pesos".
Frente a ese descalabro, aclaró la Corte decidió dar una "lógica" y que, en base a un fallo del Máximo Tribunal, se emitió el decreto 1307 de este año que buscó "subsanar o recomponer la parte remunerativa del salario".
Agregó que la norma apunta a los sueldos más bajos: "Quiero enfatizar que estamos con la puesta en práctica del decreto, con aumentos salariales concretos".
"El decreto 1307 perjudica a quienes armaron un negocio de los suplementos", advirtió luego Lorenzino y dijo que afectaba a los que usaban medidas cautelares en su beneficio "porque se mejoraba el componente del sueldo en blanco y se perdía la industria del juicio".
"Mejora a los menos judicializados que cobraban poco y mal", sostuvo.
De esta forma, el Gobierno ratificó la norma y rechazó el petitorio de Gendarmería y Prefectura de ajustes salariales. Para el Ejecutivo, lo que hay que hacer es "seguir trabajando caso por caso y continuar analizando cada uno de ellos para corregir las deficiencias".
"La inmensa mayoría va a salir beneficiada con la correcta aplicación del decreto, solo un 2 o 3 o 4 por ciento van a ver disminuído su salario y, probablemente, esos terminen presos", advirtió Abal Medina.
Irregularidades detectadas
En tanto, Lorenzino se refirió a los componentes remunerativos (que incluyen el básico) y a los no remunerativos, a los aportes de ley y a "otros descuentos" que pueden tener que ver con créditos, consumos o sentencias judiciales que disponen embargos.
"Nos encontramos, en primer lugar, con una profusión de descuentos vinculados con medidas judiciales, pero también con mutuales, fundaciones, círculos, más de 400 entidades en beneficio de las cuales se hacía descuentos en los haberes para Prefectura y Gendarmería", aclaró.
Y señaló que se necesitaba una normativa para regular el tema de los descuentos, en referencia al decreto.
El funcionario, además, habló de los "suplementos" al sueldo en desmedro del haber básico, es decir, aquellos que subían el salario de bolsillo pero no estaban sujetos a aportes".
Lorenzino afirmó que sólo el 22% de los haberes en Prefectura analizados estaban en blanco y advirtió que el resto eran "suplementos discrecionales". Y agregó que en el caso de Gendarmería era 20% y 80%, respectivamente.
Luego remarcó que detectaron irregularidades tales como que un sueldo de $44.941 aplicando el decreto pasaba a ser de $15.881.
Los motivos del "desquicio administrativo"
En este contexto, Lorenzino destacó que parte de la masa salarial estaba "cautelarizada". Y señaló que, detrás, había una "industria del juicio".
Lorenzino aseguró que hubo muchos casos en los que aún levantada la medida cautelar, esos levantamientos "dormían en los cajones de una oficina" y que los sueldos "se liquidaban según esas cautelares".
Concretamente, ejemplificó, se detectó un prefecto mayor que tenían una cautelar y cobraba más que otro no judicializado.
Y afirmó que detectaron que: "el 100% de la cúpula está judicializada" para agregar que "no hay un patrón claro de quién cobra qué".
"Estos no son casos hipotéticos", indicó Lorenzino.
En resumen, para el Ejecutivo, existía una "masa salarial judicializada" que se valió de medidas cautelares para que unos cobren más que otros por lo que consideran clave aplicar adecuadamente el decreto y seguir investigando.
