El asesinato del Fantasma Paz en 27 de febrero y Entre Ríos, un día después de que acribillaran a un abogado frente a tribunales, y el triple crimen de Villa Moreno. Casos que encienden alarmas en el gobierno. Rosario parece ser la locación elegida para que se filme un thriller de bajo costo, berreta, como si lo hubiera escrito Jim Tompson, con sus personajes poco coordinados y previsibles, pero que a su manera son efectivos a la hora de ser parte de un crimen, que muchas veces queda encerrado en la impunidad gracias a las conexiones aceitadas con la policía y la influencia en otros poderes, como la Justicia.
Pero la ficción es a veces, como en este caso, de escaso rigor periodístico, aunque la realidad alimente una riqueza morbo que solo tiene referencia en aquellas viejos relatos de los 50. Una sucesión de hechos violentos y muertes encendió las alarmas en el gobierno provincial, donde piensan que el narcotráfico es la madeja de fondo que entreteje las historias. El volumen de dinero que maneja la droga, incalculable hoy por hoy por los expertos, con un mercado cautivo en ascenso, es la madre de todas las batallas.
Pero la ficción es a veces, como en este caso, de escaso rigor periodístico, aunque la realidad alimente una riqueza morbo que solo tiene referencia en aquellas viejos relatos de los 50. Una sucesión de hechos violentos y muertes encendió las alarmas en el gobierno provincial, donde piensan que el narcotráfico es la madeja de fondo que entreteje las historias. El volumen de dinero que maneja la droga, incalculable hoy por hoy por los expertos, con un mercado cautivo en ascenso, es la madre de todas las batallas.
El asesinato de Martín Fantasma Paz (con un sobrenombre que sugiere demasiado) a las cuatro de la tarde en 27 de febrero y Entre Ríos, ejecutado por un supuesto sicario a cara descubierta encierra enigmas que disparan preocupación. Un supuesto narco que comercializaba unos 80 kilos de cocaína por semana y ligado a la banda de Los Monos, que se movía en un BMW que apenas tenía horas de uso (y estaba a nombre de un empresario metalúrgico) era un fantasma desconocido por la justicia y la policía.
Un día antes, un abogado fue tiroteado dentro del palier de su estudio, que esta frente a los tribunales. Se trató del penalista Alberto Tortajada, de 71 años. Alguien lo había contactado para ofrecerle un caso relacionado al narcotráfico. Concretó una cita pero minutos antes de este encuentro ingresó al edificio donde tiene su estudio jurídico y un hombre le asestó tres disparos con una pistola calibre 22. El abogado se salvó de que le siga disparando porque –aparentemente– el arma se trabó. Y el martes otro hecho sacudió las crónicas policiales. Un hombre de 45 años fue baleado cuando transitaba con su Audi A4 por Callao al 1000.
Para los que caminan desde hace años los barrios de la ciudad, sobre todo en la zona sur, los bandos funcionan desde hace años ajustando sus cuentas a los tiros, pero con el tiempo el negocio de la droga fue subiendo de tono los enfrentamientos en la ciudad. No respetar el territorio, las deudas y las traiciones se pagan con sangre. La violencia entre los diferentes sectores que manejan el negocio va en aumento y trascienden sus propias fronteras. Esto quedó bajo luces tras el triple crimen de Villa Moreno, donde tres adolescentes fueron acribillados a balazos cuando quedaron en medio de un ajuste de cuentas entre distintas bandas que actúan en la zona.
Las muertes de los tres pibes inocentes que tomó una gran dimensión pública y que abrió una investigación que trascendió el crimen en sí, desentrañaron hechos que son moneda corriente en diferentes puntos de la ciudad: complicidades policiales, con comisarios de alto rango que suelen quedarse con varios miles de pesos por los favores a los narcos, enfrentamientos entre familias de los distintos bandos que terminan a los tiros sin mucho motivo porque todos viven en un radio de no más de dos manzanas. Después llegan los intentos de acuerdos entre partes, para bajar las tensiones. Intentos que no siempre llegan a buen puerto. Pero para ese entonces, ya cargan con varias muertes y denuncias al hombro. Quizás eso no es lo que importa, sino que el poder, tanto territorial como económico, parece estar por encima de todas las cosas.
Un caso testigo
Los rastros que siguió el juez de instrucción penal de la 7º nominación Juan Andrés Donnola en la investigación por el triple crimen de Villa Moreno, lo llevaron mucho más allá de investigación por la matanza ocurrida esa primera noche del año en una canchita de fútbol de Dorrego y Presidente Quintana. También excedieron al ataque sufrido horas antes por Maximiliano Rodríguez en donde fue herido de varios balazos. Donnola lo definió como un “submundo”, en donde el narcotráfico, los negociados con la policía y los ajustes de cuenta están a la orden del día.
La muerte de tres pibes inocentes, de Jeremías Trasante, Claudio “Mono” Suárez y Adrián “Patón” Rodríguez, que fueron acribillados en medio de una venganza que no iba dirigida a ellos, tuvo una gran repercusión a poco de suceder los hechos. El reclamo de organizaciones sociales y políticas, de familiares y amigos de las víctimas hizo que la justicia no de vuelta la cara y se aboque a dar con los responsables de esta tragedia. Pero el juez decidió no terminar su trabajo ahí y fue hacia el corazón de la cuestión: los negociados de la droga.
“La causa la afronté sabiendo que ahí había un trasfondo mucho más grande que tiene que ver con el narcotráfico”, aseguró Donnola quien logró confeccionar un expediente de unos 14 cuerpos relacionados a este delito y que ya remitió a la justicia federal. Hoy esta causa está en manos de la fiscal federal Liliana Bettiolo.
Para llegar al fondo del caso y lograr una recolección de pruebas, el magistrado usó como herramienta, además de los testimonios, escuchas telefónicas que engrosan esos expedientes con unas 300 páginas. En esas desgravaciones se pudo comprobar, por ejemplo, que Sergio El Quemado Rodríguez, principal procesado por las muertes de los tres jóvenes, pudo usar la coartada que tenía preparada por si lo capturaban. En una conversación telefónica con otra persona le dijo que iba a argumentar que estaba muy nervioso por la salud de su hijo. “No, no recuerdo, porque yo estaba mal por lo que había pasado con mi hijo y no recuerdo mucho como fue eso”, fueron sus palabras en la indagatoria. Las mismas que las de la escucha.
Según fuentes que lograron acceder a las escuchas telefónicas que sirvieron de prueba clave para armar la causa por narcotráfico, son varias las comisarías que estarían implicadas y negociando con quienes manejan el mercado de la droga, la manutención de los quioscos, la construcción de los bunkers, (le pagan a un albañil para armar la estructura de un lugar así unos mil pesos) y que los ingresos pueden alcanzar los cien mil pesos mensuales. La metodología es avisar a los narcos qué zona va a estar libre de procedimientos y en qué momento, para que puedan actuar en esos lugares, evitando otros en donde si se realizarán allanamientos.
Para Donnola, la relación entre narcos y policías, los enfrentamientos entre bandos, los ajustes de cuenta y las deudas pendientes, son moneda corriente en muchos barrios de la ciudad. “Si tuviéramos las autoridades correctas, el narcotráfico se podría combatir. Tampoco contamos con una policía especializada para eso, ni medidas preventivas para evitar que se instale en los barrios”, expresó.
“Durante las primeras horas transcurridas después de los hechos, la policía actuó de tal forma que dejó en claro que había intenciones de ayudar o encubrir a alguien. Sino cómo se explica que cuando hablaron con el Quemado no le preguntaran en ningún momento por su hijo”, afirmó el juez que procesó a los policías por “omisión de cumplir actos de su oficio y encubrimiento agravado en su condición de funcionario público”. Se trata del comisario inspector Eduardo Ismael Carrillo, quien prestaba servicio como jefe de la 3º Zona de Inspección de Rosario, su chofer, el suboficial Norberto Claudio Centurión, quienes se comunicaron con el Quemado ese mismo día, y Lisandro Jesús Martín, a cargo del destacamento del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca), quien no registró adrede el ingreso de Maximiliano Rodríguez al nosocomio.
“Solamente intentaron sacarse las pruebas de encima y tratar de guiar a Sofía Laffatigue, novia de Maximiliano, a estos policías antes de que llegue a una comisaría”, explicó Donnola y agregó: “Todos ahí saben quién es quién y con la situación de Maxi Rodríguez se les fue de las manos, todo se les fue de las manos”.
En el fallo donde procesa a los policías, el magistrado argumentó en cuanto al accionar policial con respecto al Quemado y su hijo: “E l punto de partida que pone de manifiesto o por lo menos deja al desnudo una eventual o posible conexión entre un hecho muy grave y la presunta negligencia, colaboración o irregularidad policial que pretendería ocultarlo, hacerlo menos visible o lisa y llanamente encubrirlo”.
