El regreso sin gloria de la presidente de su gira por EEUU está envuelto en señales de advertencia. Las incómodas preguntas que le hicieron los alumnos de Georgetown y Harvard representan el mismo mensaje que portaron los caceroleros del 13-S. Esta coincidencia entre la opinión pública en EEUU y la protesta social local es significativa. Mientras, los gobernadores e intendentes que representan el poder territorial del gobierno se están poniendo nerviosos.
Es que la concentración casi absoluta del poder en Cristina les facilitó las cosas hasta ahora, porque ganaron las últimas elecciones colgados de su alta imagen positiva. Pero ahora ella se debate por debajo del 40% de adhesión, o sea algo menos que el piso electoral histórico del PJ, que oscila alrededor de 42 puntos. No hay dudas en las filas oficiales acerca de que el gobierno necesita contraatacar y recuperar la iniciativa antes de que empiece el año electoral, porque a partir de marzo sería más difícil revertir las tendencias. Con el tiempo corriendo en contra, empezaron entonces los preparativos para retomar la iniciativa. Para esto el cristinismo necesitaría que se den ciertas condiciones mínimas. Para empezar, necesita que la economía vuelva a retomar impulso y todavía los indicadores son esquivos. La pesificación hizo que la construcción cayera en agosto el 8,1% con relación al mismo mes del año pasado y el consumo de servicios públicos apenas subió el 6% comparando los mismos periodos. Las miradas en Olivos están puestas en el ritmo que alcance la recuperación de la economía de Brasil de acá a fin de año. En definitiva, la economía no parece ser hoy la base suficiente para la recuperación política. La segunda condición para que la contraofensiva oficial funcione se resolverá el próximo 7-O. Un triunfo indiscutido de Hugo Chávez le daría a Cristina suficiente oxígeno como para intentar que su régimen sobreviva un turno más. Pero en el caso de que Henrique Capriles sea el vencedor, los costos serían enormes. Y a esto se le sumaría que podrían salir a la luz ciertos secretos de los acuerdos entre Chávez y el régimen iraní que descalificarían el nuevo diálogo entre éste y el gobierno argentino por el caso AMIA, ya cuestionado por EEUU e Israel. La tercera condición depende de una opción que está a punto de tomar la presidente. En Harvard, se mostró inflexible con la aplicación de la ley de medios el próximo 7-D y no dejó margen para otra interpretación. Si el gobierno cancela las licencias de Clarín que considera que no se adecuan a la ley y llama a la licitación pública de las mismas, corre serios riesgos de que se dicte alguna medida judicial frenando esta decisión. Una derrota en el campo judicial debilitaría aún más a CFK y crearía la impresión de que el gobierno está perdiendo poder rápidamente. Tal vez la decisión más prudente sería plantear ante el juez civil y comercial Edmundo Carbone -a cargo del recurso de inconstitucionalidad presentado por Clarín contra la ley de medios- que el gobierno entiende que el plazo de adecuación al artículo 161 de la norma vence el 8 de noviembre de acuerdo a una resolución de la AFSCA y que no debe abrirse entonces el plazo de un año que reclama el multimedios. Pero hasta ahora las señales de la Casa Rosada reflejan una necesidad, casi desesperada, de un gran golpe de efecto que sólo se conseguiría produciendo un hecho espectacular, aun con el riesgo de sufrir un revés judicial de alto costo político.
Soltar lastre
Con las tres variables señaladas en danza, el cristinismo está tomando nota de los mensajes que le están enviando. Por ejemplo, Pino Solanas, que apunta a presentarse como candidato a senador nacional por la Capital el año que viene, encabezó el reclamo de Proyecto Sur, para que el gobierno cumpla el artículo 21 de la ley de medios, y que impulse la adjudicación de licencias a movimientos y organizaciones sociales. La oportunidad del reclamo se relacionaría con la intención oficial de relicitar licencias que hoy tiene Clarín. La centroizquierda estaría fijando así sus condiciones para apoyar a Cristina en su batalla final contra Héctor Magnetto. En las filas radicales también el tema produce nerviosismo, porque en el centenario partido hay posiciones encontradas que van desde acompañar la postura de Clarín (Ricardo Gil Lavedra, Silvana Giudici) hasta posturas más afines al gobierno (Leopoldo Moreau y Mario Barletta). Por eso en la Casa Rosada llamó la atención que la semana pasada este último haya denunciado a la Tupac Amaru como un grupo armado y financiado desde el poder. En este clima enrarecido, la ministra de gobierno bonaerense y titular del PJ local, Cristina Álvarez Rodríguez, tuvo a su cargo repetir el mensaje oficial del sciolismo. O sea, apoyo a CFK si hay reelección, pero reserva de la candidatura de Scioli en caso contrario. El jefe de la Juan Domingo y vocero del ala dura sciolista, Baldomero Cacho Álvarez, se hizo presente en martes pasado en Retiro en el acto del peronismo disidente para reclamar la reapertura de la investigación por el asesinato de José Rucci. Álvarez conversó allí con Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Gerónimo Venegas y les anticipó que, si las cosas no cambian, una buena parte del sciolismo integrará el año que viene listas por fuera del Frente para la Victoria. Además, grupos sciolistas participarían el próximo 11-O de la marcha de Moyano y Pablo Micheli a Plaza de Mayo.
A todo esto, en el seno del cristinismo hay debates, lo cual no es habitual y se estarían sumando voces que concuerdan con la postura de Carlos Zannini. Éste sostendría que si la movilización del 8-N en la 9 de Julio tiene éxito, el gobierno debe pensar en soltar lastre. O sea, intentar calmar el malhumor social a través de una larga licencia de Amado Boudou, hoy símbolo de la corrupción oficial. El vicepresidente no sólo no aceptaría hablar de su exilio sino que ya probó que es capaz de amenazar si advierte que lo pueden dejar sin paraguas político. Cuando estalló el caso Ciccone, se plantó frente a las cámaras para denunciar al entonces Procurador General Esteban Righi, que se vio obligado a renunciar. 
