El bloque kirchnerista del Consejo de la Magistratura se apresta a rechazar, esta misma mañana, dos graves denuncias contra el juez federal de Mendoza, Walter Bento, un magistrado funcional al Gobierno. La sesión de la Comisión de Acusación promete ser escandalosa. Pero el consejero kirchnerista Carlos "Cuto" Moreno, según pudo lo comprobó LA NACION ya terminó de escribir el borrador de la resolución y hoy quiere dar la puntada final. Hay una explicación política para esa protección: Bento fue el juez que, en diciembre pasado, allanó la sede de Cablevisión, con el auxilio de la Gendarmería y frente a las cámaras y micrófonos de los canales oficialistas. Esta semana, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, insistió en que el Consejo debe apurarse para nombrar jueces. Sería bueno, además, que se tratara de hombres idóneos y, también, que el Consejo promueva la destitución de aquellos que se comportan de modo irregular.
Pero las cosas, en la Argentina, muchas veces ocurren al revés. En efecto, mientras el bloque oficialista del Consejo mantiene abierto desde hace dos años un juicio político contra dos jueces de la Cámara Comercial que dictaron varios fallos en favor de Papel Prensa -una empresa que está en la mira del Gobierno desde 2009-, ahora después de sólo tres meses de instrucción, en forma apresurada, se dispone a sobreseer al juez que allanó Cablevisión.
Detrás de aquel procedimiento en Cablevisión estuvieron el Gobierno y el Grupo Uno -de Daniel Vila y José Luis Manzano-, que comparten el objetivo de apoderarse de las radios y canales que el oficialismo le busca arrebatar al Grupo Clarín a través de la ley de medios.
En contra de Bento existen cuatro denuncias. Una fue hecha por un letrado que denunció que la esposa de Bento, que trabaja en el juzgado de su marido, mintió cuando declaró haber cumplido horas extras en la Secretaría Electoral.
Las restantes fueron iniciadas por el juez federal Claudio Bonadio, por Cablevisión y por los diputados Federico Pinedo y Jorge Triaca (Pro), Patricia Bullrich (Unión Por Todos) y Eduardo Amadeo (Peronismo Federal). Cuestionaron que el juez, que sólo tiene competencia en Mendoza, acogió una denuncia penal por una supuesta irregularidad de un contrato celebrado en otra provincia y que eso, a su entender, le bastó para hacer un allanamiento en la Capital. Incluso el juez Bonadio, en abril, declaró inválido ese procedimiento.
Pero nada de eso importa. Tampoco que el tema no está en el orden del día. Salvar al juez "amigo" justifica cualquier dislate.
