El Gobierno rescindió ayer -por el decreto 793 /2012- los contratos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que administraba la línea Sarmiento y Mitre. “Rescindimos el contrato por los incumplimientos del concesionario, sancionados por el Gobierno con 250 multas que serán descontadas de las acreencias que podría tener la empresa”, justificó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Esta respuesta política a la tragedia del Once, ocurrida tres meses atrás, abre un nuevo abanico de posibles consecuencias. Un primer interrogante es por qué el gobierno resolvió ahora y no antes soltarle la mano públicamente a Claudio Cirigliano, sin duda el mayor receptor de subsidios oficiales y uno de los empresarios predilectos de Olivos. ¿Abrió el gobierno el paraguas ante la posibilidad de que el juez federal Claudio Bonadío haga girar la investigación hacia las responsabilidades de las autoridades por deficiencias en el control del concesionario? Hay que tener en cuenta que, un mes atrás, la Cámara Federal revocó la anterior resolución de Bonadío aceptando al Estado nacional como querellante en la causa, lo que era un verdadero contrasentido. Con esta derrota judicial, el gobierno quedó expuesto a pasar -tarde o temprano- al rol de sospechoso, por su complacencia con los manejos de Cirigliano. Luego de la comentada decisión de la Cámara, Bonadío quedó descolocado y, según una versión, después de la reciente imputación a Amado Boudou por parte del Fiscal Federal Jorge Di Lello, crecerían las posibilidades de que en la causa de la tragedia del Once se tomen algunas medidas contrarias a los intereses de la Casa Rosada. VER MÁS
No es fácil despegar
La nueva estrategia oficial de desvincularse del grupo Cirigliano tiene, sin embargo, sus bemoles. El artículo 4° del Decreto 793 establece: “Instrúyese a la Secretaría de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, para que con la intervención de la SIGEN y de la Procuración del Tesoro de la Nación, una vez efectuada la correspondiente liquidación del contrato conforme al régimen contractual aplicable, determinen los eventuales daños y perjuicios que fueron ocasionados al Estado nacional y al público usuario en general durante la ejecución del contrato de concesión, a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan”. En otras palabras, que al gobierno no le queda otra alternativa que demandar al Grupo Cirigliano por su reiterado incumplimiento del contrato. Pero tanto el decreto como las mismas palabras de De Vido conducen al oficialismo hacia un callejón sin salida. ¿Cómo justificará De Vido que TBA, luego de ser castigada con 250 multas por incumplimiento del contrato, siguiera a cargo del Sarmiento y cobrando los subsidios como si no pasara nada? La gravedad de las fallas del Estado en su obligación de controlar a TBA surge ahora como una confesión de los propios responsables. De más esta decir que en la causa, la rescisión del contrato del Estado con TBA alimentaría también los planteos y las demandas de los damnificados. Y no se trata sólo de una cuestión económica. De Vido, Juan Pablo Schiavi, las autoridades de la CNRT y otros, quedan ahora más cerca de eventuales responsabilidades penales por su negligencia -o sea, culpa- en el control de TBA.
Otra consecuencia es que Cirigliano está a partir de ahora obligado a demandar al Estado por los perjuicios económicos que le causa al rescindir el contrato. Es que, en caso de no demandar, el polémico concesionario estaría reconociendo sus culpas y se agravaría su situación judicial.
Así las cosas, TBA se alinea junto a YPF, porque en ambos casos el Estado dejó hacer y aprobó durante años la gestión tanto de Repsol como de los Cirigliano, para después pasar a culparlos por sus falencias.
