Se estima que la mitad de lo que se consume son alimentos y son estos los que están atados a lo que realmente consume la sociedad, que es como debería medirse la inflación. Desde los estallidos de diciembre de 2001 –hechos en que los trabajadores resistimos e impulsamos los cambios–, los ingresos de la inmensa mayoría de nuestra sociedad se redujeron por efecto de la inflación.
Cabe aclarar que desde 1976 –año del golpe de Estado–, el poder adquisitivo se ha reducido en forma sistemática, mediante diferentes mecanismos de ajustes. Primero, con la dictadura, las desapariciones, persecuciones, despidos, falta de libertad y democracia, se prohibieron los aumentos salariales.
Después, con la hiperinflación, la convertibilidad, despidos, congelamiento y reducción de salarios, derogación de leyes laborales (32), se eliminó el estado de bienestar y la gratuidad en los servicios básicos (salud, educación, etcétera).
Luego, la fuerte devaluación con inflación mantuvo congelados los salarios. En la actualidad, los aumentos salariales por debajo de la inflación, sumados hoy a los tarifazos e impuestazos, continúan licuando el poder adquisitivo y los gastos sociales.
Modelo de ajuste. Todas estas restricciones perduran en todos los niveles de gobierno. A tal punto que en los últimos 10 años, las 200 empresas más concentradas pasaron de facturar el 11,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) al 21,6 por ciento, y de 107 que eran extranjeras, ahora son 128.
O sea: la concepción neodesarrollista vigente resulta funcional a los procesos de concentración, extranjerización, desigualdad y depredación de nuestros recursos naturales.
Este modelo de ajuste se mantiene con afirmaciones reaccionarias tales como llamar “privilegios” a derechos sociales que nos costaron vidas y años conquistar, o decir que “un paro es una extorsión”, cuando es la medida más legítima y constitucional para defender nuestros derechos.
Estas medidas se dan en una sociedad integrada en un 80 por ciento por trabajadores (formales, jubilados, precarizados, desocupados, cuentapropistas, profesionales, etcétera) que inciden mucho en el consumo interno y desarrollo de la economía; en definitiva, la gran mayoría del pueblo.
Impuestos regresivos. Una referencia indiscutible, ante la falta de parámetros serios son los ingresos impositivos como los del impuesto al Valor Agregado (IVA), tributo claramente regresivo que está incluido en todos los precios de los productos masivos que consumimos: tanto en alimentos, servicios, transporte, salud, educación, vestimenta, recreación, etcétera.
Se recauda según la cantidad de bienes que se consumen. Se estima que la mitad de lo que se consume son alimentos y son estos los que están atados a lo que realmente consume la sociedad, que es como debería medirse la inflación.
En 2001, el Estado nacional recaudó 15.351 millones de pesos por el IVA; en 2011, 154.236 millones, o sea que el impuesto aumentó 904 por ciento.
Si a esto le restamos el crecimiento de la economía en el mismo período, 69 por ciento en estos 10 años, ello significa que los precios atados al IVA aumentaron 835 por ciento.
En este mismo período, la carne vacuna costaba de dos a cuatro pesos según los cortes y hoy, de 20 a 40 pesos; la leche, 50 centavos y hoy, cinco pesos; el pan pasó de uno a nueve pesos; la yerba, de uno a 10; la lechuga, de 60 centavos a nueve pesos; las frutas de entre 10 y 30 centavos a entre cuatro y 10 pesos; el transporte, de unos 25 centavos a 2,50 pesos. En definitiva, el aumento de los precios de los insumos básicos oscila también en un 900 por ciento.
En el mismo período, el Estado nacional aumentó sus ingresos de 47 mil millones de pesos a 530 mil millones de pesos, un 1.027 por ciento más; el Estado provincial, de 2.100 millones a 22 mil millones de pesos, un 947 por ciento más. Pero los salarios no crecieron en la misma magnitud.
La invención de la pobreza. Los aumentos salariales entre 2001/2011 oscilaron entre el 500 por ciento y el 680 por ciento, según los sectores. En la provincia de Córdoba, el salario mínimo pasó de 300 a 1.800 pesos. Se incrementó 500 por ciento.
El salario promedio en el país pasó de 500 a 3.400 pesos: aumentó un 580 por ciento. La jubilación mínima pasó de 150 a 1.431 pesos, con una suba del 854 por ciento, manteniendo su “bajo ingreso”.
El salario mínimo pasó de 150 a 1.840 pesos, con lo cual es el único que superó a la inflación de 1.126 por ciento, aunque tan sólo llega al ocho por ciento de los asalariados.
Hoy, un tercio de la población está bien y tiene ingresos altos, otro tercio está por debajo del nivel de la pobreza y el tercio restante son asalariados que no llegan a fin de mes.
Si bien es cierto que se ha incrementado el consumo de bienes no esenciales (autos y electrónicos, debido a los créditos en muchas cuotas y la construcción en sectores altos, por recursos de las exportaciones), ello se contrapone a la falta de créditos hipotecarios para viviendas de sectores medios y bajos e inversiones en salud, educación y servicios.
Hoy el poder adquisitivo se debe medir con los ingresos básicos que necesita una familia tipo para poder vivir dignamente: vivienda, alimentos, salud, educación, transporte, vestimenta, recreación y vacaciones. Sectores estos donde más aumentaron los precios, mientras que los ingresos no subieron en la misma proporción, lo que genera una pérdida real de los salarios, sólo desde 2001, del orden del 30 por ciento.
En definitiva, los trabajadores hemos sido la permanente variable de ajuste, en forma directa e indirecta, en un país rico, donde sus gobernantes inventaron la “pobreza”, y uno de los principales productores de alimentos, donde también se inventó el “hambre”.
Datos extraídos de: presupuestos nacionales 2002 y 2012; presupuestos provinciales 2002 y 2012; Secretaría de Ingresos Públicos, Ministerio de Economía de la Nación; Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (IEF-CTA).
*Dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
