Bonafini y Schoklender podrían terminar procesados por la nueva ley antiterrorista de Cristina.
“Salíamos a recaudar como en los viejos tiempos. [...] Y, choreo. En negocios, en supermercados más bien. Tratábamos de que fuesen lugares que representaran más la concentración oligárquica, no la farmacia de la esquina”, confesó Schoklender. Incluso reveló presuntos contactos que la Fundación Madres de Plaza de Mayo mantuvo con varias organizaciones guerrilleras latinoamericanas para formar un grupo similar en la Argentina y contó que había armas en el sótano de la Universidad de las Madres.
“La idea era mandar compañeros a formarse con las FARC en Colombia, con los zapatistas en Chiapas, y que después esos compañeros pudieran venir con alguna formación y comenzar un trabajo, digamos, foquista en algún lugar. Ése era el único modelo posible, no veíamos otra salida. Era impensable que el país se iba a recuperar en ocho años, quién se podía imaginar eso”, aseguró.
Mientras el parricida hablaba, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 134 votos a favor, 90 en contra y 2 abstenciones, el proyecto sobre prevención y sanción del financiamiento del terrorismo. La reforma modifica el Código Penal para incorporar un nuevo artículo (el 41 quinquies) y establecer que “cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo”.
La paradoja no puede ser entonces mayor. Por un lado, salen a la luz los vínculos entre la rama kirchnerista de los derechos humanos y la actividad guerrillera y, por el otro, el cristinismo -presionado por el GAFI- se dispone a agravar las penas contra las actividades terroristas. Por ejemplo, el texto del nuevo artículo 306 del Código Penal parece escrito a la medida para imputar a Schoklender y las Madres. El mismo dice: “Será reprimido con prisión de cinco a quince años y multa de dos a diez veces el monto de la operación el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito independientemente de su acaecimiento”. Como es obvio, la casi totalidad de la bancada oficialista votó el proyecto tapándose la nariz.
El boomerang
Así las cosas, la nueva ley antiterrorista del gobierno de CFK, de recibir la media sanción faltante del Senado, debería estrenarse con el procesamiento de Schoklender, Bonafini y sus cómplices, a partir de que el primero acaba de confesar ante un medio periodístico que las Madres trabajaban con una organización terrorista internacional -las FARC- y que además se financiaban mediante robos y planeaban actos terroristas, por ejemplo, el secuestro de Emilio Eduardo Massera. Pero el principio de irretroactividad de la ley se interpone como una barrera, impidiendo que una ley nueva sea aplicada a hechos del pasado. Sin embargo, la justicia argentina ya sentó jurisprudencia en esta materia, aplicando la ley retroactivamente en los casos de delitos de lesa humanidad. Este precedente podría hacer que, un futuro gobierno no comprometido con las Madres, propicie la aplicación retroactiva de la ley que está a punto de sancionarse.
No obstante ello, una cosa son los tecnicismos jurídicos y otra muy distinta los efectos políticos. Las declaraciones de Schoklender descalifican internacionalmente -aún más- al gobierno nacional. La razón es que, mientras Cristina intenta tímidamente congraciarse con el GAFI y la Casa Blanca a través de la sanción de nuevos tipos penales, se pone en evidencia que el kirchnerismo esta íntimamente conectado a las principales estructuras del terrorismo en la región, como quedó probado con el refugio otorgado al terrorista chileno Galvarino Apablaza Guerra un año atrás. Es imposible que la SI (ex SIDE) no conociera desde muchos años atrás lo que Schoklender acaba de revelar. En otras palabras, cabe concluir que el matrimonio Kirchner convirtió a las Madres en el ícono de su gobierno con pleno conocimiento de sus actividades delictivas y sus vinculaciones con el terrorismo. En este orden de cosas, hay por lo menos encubrimiento, si no complicidad, agravadas por el hecho de que las Madres recibieron un cientos de millones de dólares de financiamiento oficial que tal vez, por qué no, una parte de esos fondos nunca auditados ni rendidos haya ido a parar al tesoro de las FARC, en solidaridad con su lucha.
Más allá de esto, en caso de que efectivamente la nueva ley antiterrorista se sancione, habría que investigar si la conexión de las Madres con las FARC no continúa hoy, porque entonces efectivamente cabría la aplicación de la nueva ley antiterrorista. Esto explicaría más profundamente por qué las organizaciones de derechos humanos en general y el CELS de Horacio Verbitsky en particular se oponen denodadamente a que se sancione la ley. Públicamente argumentan que “se trata de un texto ambiguo que podrá usarse para criminalizar la protesta social”. Pero la verdadera razón de sus preocupaciones sería muy distinta. A través de las exigencias de los organismos internacionales se está abriendo una ventana para que no pocos dirigentes de los derechos humanos puedan tener que responder judicialmente en el futuro por sus vinculaciones actuales con distintas organizaciones terroristas. Schoklender, en su sed de venganza, empezó a develar la otra cara de las Madres.
