A UNA SEMANA DEL 54%, EL GOBIERNO ESTÁ A LA DEFENSIVA.
Dentro de un mes se cumplirá una década de que Domingo Cavallo, entonces ministro de economía de Fernando de la Rúa, impusiera el corralito financiero que precipitó la caída del gobierno.
Ahora, en un clima enrarecido por la escalada de la demanda de dólares, el gobierno empezó a instalar un nuevo clima de inseguridad jurídica. Primero fue el decreto 1722, que estableció la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de la totalidad de las divisas provenientes de operaciones de exportación de petróleos crudos, sus derivados, gas y de empresas mineras, decisión que se extendió a las aseguradoras.
Simultáneamente, Daniel Scioli envió a la legislatura provincial el proyecto de reforma fiscal, que en su artículo 186 incorpora la figura del “informante tributario”. Se trata de un sistema de denuncia pública tributaria para que cualquier vecino pueda aportar a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) información y pruebas sobre las irregularidades impositivas que cometan otros y que hasta incluye el incentivo de recompensas. Este delator fiscal sería de una flagrante inconstitucionalidad, ya que violaría el derecho a la intimidad y fomentaría abusos y hasta extorsiones.
En la misma línea pero con mucha más urgencia, mañana podremos leer en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 3210 de la AFIP y el Ministerio de Economía, que dispondrá que el que compre divisas extranjeras será automáticamente auditado por la AFIP, la que avalará la compra. “Todos aquellos que quieran comprar dólares deberán demostrar su capacidad económica y financiera para hacerlo”, señaló el ministro de Economía Amado Boudou. Tal como está anunciada, la medida significaría la implantación solapada del control de cambios, quedando limitado al máximo el derecho a comprar divisas. Y, obviamente, se produciría una multiplicación automática de las operaciones en negro. Esta ofensiva antijurídica, que apenas comenzaría, no provocó reacciones en una oposición aplastada por los resultados del pasado 23. La única figura que alzó su voz fue Ricardo Alfonsín, pero para adherir entusiastamente a las medidas sobre petroleras, mineras y aseguradoras. Así las cosas, el cristinismo estaría convencido de que las medidas que adopte para intentar desalentar la compra de dólares, aunque violen derechos y garantías individuales, no encontrarían ninguna resistencia significativa en el campo político.
Moyano vio claro
No ocurre lo mismo en el terreno social y sindical. Hugo Moyano captó la semana pasada con perspicacia el signo de los tiempos. Esto es, que el veloz proceso de dolarización está achicando el margen de maniobra de la Casa Rosada. Si el gobierno se decidiera a devaluar o a reducir el déficit mediante la reducción de los subsidios y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, necesitaría para atenuar el impacto social de estas medidas el apoyo de la CGT. Pero Moyano ya le puso precio a su colaboración: pretende la sanción de la ley que establezca la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. A juicio de los moyanistas, sólo una conquista de envergadura como la participación en las ganancias de las empresas podría justificar que la CGT le ponga el pecho a topes salariales para el 2012, así como a medidas de ajuste que aumentarían inmediatamente la conflictividad sindical. Así como el mensaje de Moyano llegó claro a la Casa Rosada, ya que ningún funcionario hizo declaraciones criticándolo, desde el gobierno partió otro mensaje, esta vez en dirección al sindicalismo combativo. El miércoles pasado, el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, fue procesado por cortar la ruta Panamericana en 2009, en la misma causa en la que ya está procesada la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores Vilma Ripoll.
La medida fue dictada por el juez federal de Tres de Febrero, Mariano Larrea, quien también procesó por los mismos hechos a varios trabajadores de la empresa de productos alimenticios Kraft. La lectura política del hecho no dejó lugar a dudas. El cristinismo estaría convencido de que se aproxima un ciclo de conflictividad sindical y estaría entonces dando señales de endurecimiento.
Una vez más, la Argentina vuelve a mostrar su excepcional variabilidad. A tan sólo una semana de un triunfo electoral aplastante que prometía una larga hegemonía política, el gobierno se encuentra a la defensiva ante el creciente descontrol de una de las principales variables económicas. CFK fue reelecta por sus éxitos económicos y la crisis que se está desencadenado es el producto de sus errores económicos. Como ocurrió en el 2008 durante el conflicto con el campo -pero ahora con mayor gravedad- el kirchnerismo está amenazado nuevamente por la gravedad de sus propios errores.
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