Por Hernan de Goñi, Subdirector Periodístico/El Cronista.- Es posible que la economía de un país funcione bien, y la política funcione mal. Pero lo único que garantiza que lo malo no estropee lo bueno, son las instituciones, que actúan como barrera dentro del propio Estado y generan previsibilidad cuando se instala la anormalidad o el conflicto.
La Argentina nunca cultivó demasiado esta escuela. Y cuando lo hizo, terminó rendida ante los atajos. La discrecionalidad se transformó en regla, y su destino como país quedó sujeto a la capacidad de los gobernantes de turno de sortear los problemas internos y las crisis externas.
La falta de instituciones genera un déficit intangible. Pero cada vez lo es menos. La anulación de la elección tucumana deja a la vista que la sociedad no ha sabido protegerse de los vicios de la política con un sistema electoral con el que pueda asignar premios y castigos. Si el fraude sigue en pie, es porque hay una minoría que usufructúa sus beneficios y una mayoría que no cree que la calidad del sistema tenga un impacto positivo en su vida cotidiana.
Cuando se altera el resultado de una votación, cuando el Congreso se transforma en avalador de decretos, cuando el Banco Central descuida el valor del peso o los datos económicos reflejan parcialmente la realidad, hay una institución que está fallando. La Argentina necesita recrear estas garantías para poder preservarse como país de las arbitrariedades de aquellos que, aunque suene irreal, juraron desempeñarse con lealtad y patriotismo.
