GERARDO MARTINEZ (UOCRA), OTRO CACIQUE EN ZOZOBRA JUDICIAL.
El secretario general del sindicato de obreros de la construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, fue denunciado ante la Justicia como presunto colaborador del último Gobierno militar. La acusación fue presentada por una docena de organizaciones sindicales y de derechos humanos y quedó a cargo del juez federal Sergio Torres. En el escrito se señala a Martínez como presunto Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 de Inteligencia, que durante buena parte de la dictadura estuvo a cargo de Guillermo Suárez Mason.
La presentación señala que con su posible actuación como PCI, Martínez habría revistado en el Batallón 601 que, de acuerdo con un fallo judicial, constituyó una «asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida implementado por el Estado argentino durante la última dictadura militar». Y reclama ordenar «la inmediata detención y declaración indagatoria del imputado».
En el escrito pidieron ser incorporados como querellantes el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic, opositor a la UOCRA y sin personería jurídica), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la Liga por los Derechos del Hombre. También participaron en la denuncia la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y un sector de la CTA.
Además de estar al frente de la UOCRA, Martínez es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y miembro destacado de la central obrera, en la que integra el grupo de los denominados «independientes» junto con Andrés Rodríguez (estatales) y José Luis Lingieri (obras sanitarias). En las últimas semanas fue mencionado como posible reemplazante de Hugo Moyano en la jefatura de la CGT, en caso de una eventual salida del camionero, a partir de la sintonía que el albañil mantiene con Cristina de Kirchner. Hace un mes, el columnista-asesor Horacio Verbitsky escribió en Página/12 que Martínez no reemplazará a Moyano en la CGT, porque el Gobierno tenía información sobre él durante el último turno militar.
Los denunciantes aseguraron haber comprobado la presunta participación del sindicalista en el Batallón 601 a través de su supuesta aparición en la nómina de «personal civil de inteligencia que revistó en el período 1976/1983» desclasificada en febrero del año pasado a través de un decreto presidencial. «En dicho listado, a foja 52, con el número de orden 2.798, se encuentra el nombre de Martínez, Gerardo Alberto, DNI 11.934.882».
Se presume que entonces el dirigente tenía 22 años y, de acuerdo con los documentos de la ANSES citados en el escrito, ya tendría en ese momento filiación a la UOCRA. Este diario intentó comunicarse con el dirigente y con sus colaboradores, pero los llamados no fueron contestados.
Sus colegas de la CGT intentaban ayer buscar una explicación política a la denuncia. Por lo bajo, algunos de ellos recordaron que la alusión a eventuales antecedentes de Martínez era un tema recurrente. Incluso en 1996, cuando el dirigente renunció a su entonces cargo de secretario general de la central obrera para cederle el cargo a Rodolfo Daer, lo hizo sin darles demasiadas explicaciones a sus pares, aunque entre ellos se mencionaba una supuesta carpeta de la SIDE.
La denuncia presentada ayer refiere que el Batallón 601 «no se limitaba a realizar tareas de inteligencia» y que su actuación incluía el manejo de «grupos de tareas periféricos».
También incorporaron un listado hecho por la Conadep con 105 obreros de la construcción desaparecidos durante el Gobierno militar. «De manera harto evidente, la pertenencia del imputado Martínez como agente de inteligencia en un aparato dedicado a la infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final de militantes populares, en forma simultánea con su actividad gremial en la UOCRA (...), ha resultado determinante en el destino de los compañeros obreros de la construcción que permanecen detenidos desaparecidos», agregaron.
Más adelante, pidieron en la presentación investigar «la constante intervención del aparato sindical dirigido por el imputado en la ejecución de hechos represivos al servicio del actual Gobierno» al mencionar una decena de episodios en distintas provincias en los que estuvieron involucrados representantes de la UOCRA.
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