LA VORACIDAD FISCAL, AL ACECHO.

La presión fiscal va en ascenso y el Estado se queda con casi el 50% del salario, incluso contribuciones patronales y aportes que hacen los trabajadores. Sectores amigos del poder gozan de beneficios impositivos escandalosos

En uno de sus últimos actos oficiales, rodeada de los ya habituales aplaudidores, la presidenta Cristina Kirchner no dudó al afirmar que en la Argentina los trabajadores “casi están llegando al fifty fifty”, señalando así que los salarios alcanzan el 48,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Eso no fue todo: la primera mandataria sostuvo que nuestro país, además, tiene el mejor salario mínimo, vital y móvil de Latinoamérica. La realidad, que es la única verdad, muestra un panorama absolutamente diferente. Actualmente, cerca del 50% del salario en blanco de los trabajadores se lo queda el Estado, en concepto de aportes que salen del bolsillo del propio empleado y de las contribuciones patronales.

Así es como, si un comerciante quiere que su empleado cobre un salario de bolsillo de 4.000 pesos, deberá desembolsar alrededor de 6.000 pesos para poder cumplir con las obligaciones del fisco. Eso no es todo: a eso hay que sumarle que deberá afrontar otros impuestos altamente regresivos como Ingresos Brutos (con alícuotas promedio del 3,5% mensual del total de lo facturado) y el impuesto al cheque del 6 por 1.000 (0,6%) que se cobra en cada una de las transferencias bancarias. Además, en el cierre de cada ejercicio fiscal, deberá pagar el 35% del total de las ganancias netas obtenidas si es sociedad comercial, o afrontar una alícuota del 9% al 35% en caso de ser una persona física. Así es como el Estado se torna una especie de socio improductivo, imposibilitando la inversión y la creación de nuevas fuentes de trabajo genuino, en un país que, según estudios de la Universidad Católica Argentina, tiene 12 millones de pobres. Y donde está prácticamente todo por hacer en materia de infraestructura, producción y desarrollo. Ante una consulta de Hoy, el economista José Luis Espert explicó que la presión impositiva promedio en la Argentina para las personas que se encuentran en blanco “está en 50 puntos del producto. Esto quiere decir que la mitad del valor agregado que genera el sector privado en la Argentina se va en impuestos”.

Para el especialista, la presión impositiva en el país “es completamente desproporcionada, dado que siendo una nación de ingresos medios a bajos, se ejerce una presión similar a la de los países ricos”, donde los salarios son muy superiores y donde el Estado brinda servicios en materia de educación, seguridad, salud y créditos blandos muy superiores a lo que se ve en el sector público argentino. “Esa presión impositiva de 50 puntos la tienen países como Francia o Suiza. Argentina tiene una cuarta parte de la parte del PBI de Alemania, Canadá y menos del 20% del PBI norteamericano.

Pero tiene la misma presión impositiva que esos países”, añadió el especialista. Esta pesada mochila fiscal se está volviendo insostenible, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. “El mayor porcentaje de trabajo no registrado está en las pymes, y eso no es casualidad”, afirmó a Hoy Raúl Lamachia, titular de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires. El presidente de FEBA explicó que, para un pequeño empresario, pagar un salario con todas las cargas sociales que exige el Estado representa un costo importante en la estructura financiera de su empresa y, en muchos casos, se torna “inviable”. “Resulta un riesgo tener empleados en negro, porque las multas son muy altas, pero a la vez se hace cada vez más difícil soportar las cargas fiscales. Es por eso que muchos empresarios se arriesgan a tener empleados en negro. No les queda otra”, remarcó Lamachia. Desde FEBA reclaman que se trate una nueva ley para las pymes en el Congreso nacional que contemple las distintas realidades en temas tributarios, laborales y financieros. A modo de ejemplo, desde la entidad aseguran que no es lo mismo un comercio de Capital Federal que uno de Salta, Santiago del Estero o, incluso, del interior de la provincia de Buenos Aires.

“En esas zonas el poder adquisitivo es menor, por lo que los comercios no pueden tener las mismas cargas tributarias que una empresa de Capital Federal. Seguramente en esos lugares el empleo no registrado aumenta mucho”, remarcó Lamachia. Por el momento, en la agenda del Gobierno ni siquiera figura la modificación del esquema impositivo altamente regresivo que existe en la Argentina, que se instauró con el modelo neoliberal de los años ‘90 y que tiene plena vigencia.

Algunos sectores privilegiados

No todos los sectores empresarios afrontan por igual las cargas impositivas. Hay algunos amigos del poder central que gozan de escandalosos privilegios y que, en su mayoría, son empresas monopólicas o cuasimonopólicas. Un claro ejemplo en la provincia de Buenos Aires son las petroquímicas como YPF, que sólo pagan una alícuota del 0,1% de Ingresos Brutos, beneficio que le otorgó el menemismo en los años ‘90, cuando se concretaron las privatizaciones. Hay un proyecto para subir esta alícuota presentado por el senador provincial Luis Malagamba (GEN), el cual se encuentra cajoneado en la Cámara alta bonaerense.

Algo similar ocurre con las empresas de TV por cable como Cablevisión, que pagan apenas el 1,5%, mientras que prácticamente todos los profesionales y pequeños y medianos comerciantes afrontan una alícuota equivalente al doble de ese valor. La expresión máxima de la inequidad del sistema lo representa el hecho de que gran parte de la estructura tributaria se concentra en el cobro del 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, sin duda, es el gravamen con características más regresivas. Este impuesto rige desde la época en que Domingo Cavallo era ministro de Economía, y se aplica por igual tanto para aquellas personas de alto poder adquisitivo que compran un auto importado, como para familias humildes que adquieren un paquete de fideos en el supermercado.

Estado negrero: en casa de herrero, cuchillo de palo

En la Argentina kirchnerista el empleador que más evade las cargas patronales es el propio Estadio, en sus tres estamentos: Nación, provincias y municipios. Un caso testigo se da en el propio Ministerio de Trabajo de la Nación, que conduce Carlos Tomada. Los empleados pertenecientes a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de La Plata, que dependen de la cartera laboral, anunciaron que hoy se sumarán a una medida de fuerza por 48 horas debido a que autoridades del organismo no dan respuesta a los pedidos de recomposición salarial, como así tampoco a los reclamos de pase a planta permanente de sus trabajadores y trabajadoras. Así es como en el ministerio que debe encargarse de hacer cumplir las leyes laborales en todo el país, el 70% de sus 4.000 empleados se desempeñan bajo la modalidad de contratos (más conocidos como “contratos basura”), cuando la ley permite su existencia sólo en un 15%. Esto conlleva menos derechos laborales y, por ende, el pago de sumas en negro. También impide, entre otras cosas, que en los salarios se contabilicen beneficios como la antigüedad, el pago del título, el cobro de horas extras y adicionales, de los que goza el resto de los empleados públicos. Actualmente, en la Gerencia de Empleo de La Plata la totalidad de la planta es contratada, en algunos casos desde hace más de quince años.

Una situación similar se da en el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia (IOMA), donde unos 300 auditores médicos, que en algunos casos hace 20 años que se desempeñan en tareas en el organismo, denuncian que trabajan bajo la modalidad de “contratos basuras”. Ellos también decretaron un paro que comenzó el martes y se extenderá hasta hoy inclusive.

En tanto, se estima que al menos 20 mil agentes estatales, sobre un total de 110 mil trabajadores que trabajan de acuerdo a la ley 10.430, están percibiendo sumas no remunerativas. A ello hay que sumarle que hay unos 15 mil auxiliares docentes que tienen la categoría congelada, con lo cual en su salario no inciden beneficios como la antigüedad.

A su vez, según datos de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), el 47% del salario promedio de los maestros de la Provincia está constituido por sumas “no remunerativas”. “Se trata de una práctica que instauró Felipe Solá cuando fue gobernador, momento en el cual más se negreó a los docentes”, dijo Miguel Díaz, titular de Udocba, ante una consulta de Hoy.

La situación en los municipios también es complicada. “En casi todas las municipalidades, prácticamente no se realizan concursos para la designación de personal. Casi todos los ingresos son de personas contratadas, que tiene un salario promedio de 1.800 pesos, y todo indica que la situación va a seguir así. Los municipales seguimos percibiendo sumas en negro como el exbono canasta que representa, en promedio, unos $ 460 por mes, y el presentismo, que equivale a unos $ 300”, dijo a Hoy el secretario general del gremio de empleados municipales de Vicente López, Victorio Pirillo.

FUENTE: DIARIO HOY