HUBO CONTACTOS RESERVADOS CON EL GOBIERNO PARA DESTRABAR EL RECLAMO POR EL DINERO

Moyano prepara amparos judiciales para exigir fondos de obras sociales.

En la CGT afirman que la ofensiva judicial se pondrá en marcha si no reciben una respuesta del Gobierno. Ayer hubo conversaciones con funcionarios, pero aún no hay definición

ELIZABETH PEGER para EL CRONISTA COMERCIAL

Mientras aguardan por alguna respuesta concreta del Gobierno, Hugo Moyano y los gremios enrolados en la conducción de la CGT avanzaron en la definición de la ofensiva judicial con la que presionan a la presidenta Cristina Fernández para conseguir la distribución urgente a las obras sociales sindicales de alrededor de $ 9.000 millones retenidos por el Estado en el denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR). La estrategia que evalúa la central obrera contempla la presentación simultánea de recursos de amparo en la Justicia por parte de un grupo de obras sociales, encabezadas por la propia entidad de Camioneros que preside Moyano, exigiendo el reparto automático de esos millonarios fondos con el argumento de las dificultades financieras que atraviesan las prestadoras de salud sindicales. Según anticiparon referentes sindicales a este diario, la ofensiva se pondrá en marcha si en un plazo de dos semanas no reciben un compromiso firme del Gobierno con un cronograma preciso para la distribución de esos recursos. “Hoy tenemos un retraso de 5 años en el reparto de los fondos. Si seguimos así en un año se quiebra el sistema”, advirtieron desde la entidad. Tras la reunión del consejo directivo del lunes, la primera línea cegetista lanzó una dura embestida contra el Gobierno en dos frentes. Por un lado, exigió una reunión “urgente” con la Presidenta para definir la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, y a la par, amenazó con ir a la Justicia por los recursos adeudados a las obras sociales. Ayer la amenaza se reforzó a partir de los planteos de algunos gremialistas que deslizaron la posibilidad concreta de que los diputados que responden a la central den quórum hoy en la sesión especial convocada por la oposición en Diputados para tratar un proyecto de la Coalición Cívica que establece la suba del mínimo no imponible de Ganancias. “Nuestra obligación es representar los intereses de los trabajadores”, justificó un dirigente. Esa actitud, sumada a la idea de Moyano de ir a la Justicia por los fondos de las obras sociales, renovó ayer la inquietud del Gobierno en medio de los cortocircuitos generados en las últimas semanas en la relación con el camionero. En ese marco, fuentes sindicales mencionaron la existencia de contactos informales entre Moyano y otros dirigentes con algunos funcionarios del Gobierno (algunas versiones mencionaron al secretario Legal y Técnico y hombre de máxima confianza de Cristina, Carlos Zanini) con el objetivo de abrir un canal de negociación que permita destrabar ambos reclamos y descomprimir la tensión instalada en la relación entre el Ejecutivo y los gremios. Sin embargo, ninguna de las fuentes se animó a aventurar el resultado de esas conversaciones. Mientras tanto, la conducción cegetista ya alertó que no esperará más de 15 días por una respuesta oficial por los fondos para las obras sociales. En la reunión del lunes, los gremios acordaron que si en ese plazo no tienen respuestas avanzarán con la presentación de recursos de amparo en la justicia, un esquema que sería inaugurado por la obra sociales de Camioneros y un grupo de prestadoras de los gremios más numerosos, pidiendo la distribución urgente de los fondos acumulados en FSR. “La decisión es jugar a fondo porque la situación es crítica y cualquier juez nos va a dar la razón porque la ley establece que el reparto es automático”, indicó un referente sindical. En paralelo, en la CGT trabajan en la elaboración de un proyecto propio que promueve la reformulación total de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo estatal encargado de pagar los reintegros a las obras sociales por tratamientos de alta complejidad. Esa propuesta implicaría agilizar el pago de reintegros e incorporar a referentes de la oposición para controlar el manejo de los recursos.

FUENTE: EL CRONISTA COMERCIAL