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Último intento oficial por Club de París: cumbre G-20. Por: Carlos Burgueño - Ámbito Financiero
El Gobierno se jugará desde esta semana la posibilidad de cerrar un acuerdo con el Club de París antes de que termine la gestión de Cristina de Kirchner. Será desde el miércoles, cuando la Presidente busque apoyo de los países más desarrollados que integran ese bloque de acreedores para renegociar la deuda de u$s 6.500 millones sin la intervención del Fondo Monetario.
La delegación argentina partirá hoy por la tarde, y, además de Cristina, volarán los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, ambos también afectados a la negociación con los acreedores.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que Cristina tiene la promesa de al menos dos países (Estados Unidos y España) de aceptar la posibilidad de un acuerdo con el FMI siempre que el pago de la deuda se efectivice en menos de un año. Desde la Argentina se sabe que ésta será una de las pocas oportunidades que le quedarán para comenzar a encaminar las negociaciones con los acreedores. Para esto comenzó desde hace casi un mes el operativo seducción de los Estados acreedores. Concretamente, la decisión fue tomada entre la Presidente y Néstor Kirchner el 11 de octubre pasado, cuando desde Washington llegaban malas noticias de la reunión anual del FMI. En ese encuentro, Amado Boudou había intentando evitar que el FMI exigiera la aplicación de las inspecciones previstas en el artículo 4 de la carta orgánica.
Desde el organismo no sólo no aceptaron debatir la idea, sino que además amenazaron abiertamente al país con sanciones en la próxima reunión de primavera (del Hemisferio Norte) del FMI, prevista para el 16 de abril de 2011. La amenaza apuntaba a que el Gobierno argentino debía aceptar una auditoría al ser miembro de la entidad.
Al día de hoy, los Estados que se encuentran en esta situación son tres: la Argentina, Venezuela y Somalia, con la aclaración de que esta última se encuentra aún en guerra civil sin la posibilidad de que los técnicos del FMI puedan desembarcar en ese territorio. La idea de la conducción del Fondo es la de eventualmente suspender al representante o «gobernador» de la Argentina (el ministro Boudou) de la posibilidad de integrar el directorio. Sin embargo, una sanción de este tipo debería contar con el aval político de los gobiernos de los principales Estados, y desde Buenos Aires se descarta que Barack Obama, Angela Merkel, José Luis Rodríguez Zapatero o Nicolas Sarkozy avalen una pena de este tipo.
La orden de Buenos Aires fue continuar con la negativa a la auditoría del FMI y acelerar la idea de negociar «país por país» para liquidar la deuda. Para Cristina de Kirchner, cerrar esta negociación es una cuestión de Estado, ya que quiere terminar su mandato con la Argentina totalmente fuera del default.
Para seducir a los acreedores, el Banco Central elaboró un Reporte de Observancia de Estándares y Códigos (ROSC, según las siglas en inglés), en el cual se exponen los principales números de la economía local, especialmente los referidos al sistema financiero y la situación fiscal de la Argentina. El informe es obligatorio para todos los países miembros del G-20, y fue preparado por Mercedes Marcó del Pont, en colaboración con la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Bancos y Seguros. El documento, del que hay una sola copia en poder de Cristina, intentará demostrar además que el país no tiene problemas en exponer sus datos siempre que no sea ante los hombres del FMI.
FUENTE: ÁMBITO FINANCIERO