Por Fernando Gutierrez/iProfesional.-
La ex Presidenta se caracterizó por ejercer un sistema de "premios y castigos" a los gobernadores. Ahora denuncia discriminación contra Alicia Kirchner.
Las acusaciones de Cristina Kirchner al Gobierno de Macri -por tildarlo como responsable por la crisis financiera santacruceña e instigador de los graves incidentes del fin de semana- están teniendo cierta dificultad para encontrar eco en la opinión pública.
Aun cuando es ampliamente reconocida la habilidad retórica de la ex Presidenta, hay un "ruido" que limita el margen para el discurso de la auto-victimización.
Ocurre que la imputación sobre el "ahogo financiero" a Santa Cruz hace recordar peligrosamente a las situaciones que ella misma vivió como Presidenta.
En sus ocho años de mandato, el método de premios a los gobernadores amigos y castigos a los díscolos fue de uso común y extendido.
De hecho, los recursos que se distribuyeron de manera automática a través de la coparticipación disminuyeron y, como contrapartida, aumentaron los fondos que el Gobierno repartía con criterio discrecional.
Un informe de la consultora Economía & Regiones demuestra que, hacia fines de la gestión K, sólo el 27% quedaba en las arcas provinciales.
Así, sufrieron provincias como Córdoba -que atravesó serias complicaciones para el pago de jubilaciones- y, muy especialmente, Buenos Aires, comandada por Daniel Scioli.
Bajo la gestión de Cristina, pocas veces quedó tan al descubierto la intención de un presidente para forzar a un gobernador a tomar medidas impopulares.
En 2012, Scioli se quedó sin recursos para pagar el medio aguinaldo de los estatales. Cristina no estuvo dispuesta a "rescatarlo", por lo que el mandatario provincial se vio obligado a aumentar el impuesto inmobiliario rural.
Durante la gestión sciolista, el conflicto con los docentes se transformó en una norma cada mes de marzo. De hecho, en 2014 las clases comenzaron cinco semanas después de lo previsto.
En aquella ocasión, Cristina estuvo bien lejos de mostrar una actitud como la que hoy le pide a Macri, en el sentido de emular a Néstor Kirchner quien, recién asumido, aportó dinero para ponerle fin al conflicto docente en Entre Ríos, provincia gobernada por el radicalismo.
Por el contrario, cada apremio que surgía implicaba para Scioli un mayor costo social, bajo la forma de aumentar la presión impositiva.
En tanto, para el Fondo del Conurbano -originalmente creado para auxiliar a la provincia de Buenos Aires-, se impuso un tope de $650 millones en el monto que le correspondía al gobernador.
Ese valor "techo" no sólo resultaba escaso sino que se iba licuando con el avance de la inflación.
Tanto, que hacia fines de la gestión K, Scioli recibía apenas un 2% de lo que recaudaba ese fondo, mientras que otras 18 provincias percibían bastante más.
Los economistas coincidían en que, de no ser por esa política de licuación del dinero que le tocaba por el Fondo del Conurbano, el mandatario bonaerense habría podido atender el reclamo docente sin conflictos y sin tener que recurrir a la asistencia financiera.
Santa Cruz, una larga historia de crisis.
Aun así, ese no es el peor argumento en contra de Cristina: lo más grave es que la propia Santa Cruz tiene antecedentes de profundas crisis sociales y acusaciones de asfixia financiera.
De hecho, tres gobernadores -Sergio Acevedo en 2006, Carlos Sancho en 2007 y Daniel Peralta en 2012- acusaron al gobierno kirchnerista de retacearle fondos y provocarles acuciantes conflictos sociales.
Tal es así que los dos primeros no llegaron siquiera a completar sus mandatos y tuvieron que renunciar luego de violentos incidentes.
Más allá de la gravedad de lo ocurrido el viernes, lo cierto es que para Santa Cruz este tipo de hechos lejos está de ser una novedad.
Por mencionar algunos casos que cobraron notoriedad, sólo entre 2005 y 2007:
- Se produjo un auto-acuartelamiento policial
- Un año después murió un policía, producto de un enfrentamiento con trabajadores petroleros
- Meses más tarde se registraron 18 heridos por represión a una marcha de empleados municipales y se llegó a incendiar el edificio de la secretaría de planeamiento provincial
Las frases de los gobernadores que convivieron con los Kirchner durante sus mandatos han sido bien elocuentes al respecto.
Peralta fue el que más duramente chocó contra Cristina, a quien acusó de querer forzar su renuncia como gobernador y de utilizar para ello una metodología de retaceo de recursos y de boicot político en la legislatura.
"Que alguien le pida a Cristina que nos mande lo que nos quitó", había expresado en 2012, luego de quejarse porque no le aprobaban la toma de deuda para financiar los pagos de aguinaldos y jubilaciones.
Luego, en 2013, ya en plena puja electoral que enfrentó al sector de Peralta con La Cámpora, el ex gobernador no dudó en hablar de una política de sabotaje.
"Compañera Presidenta, le pido desde Santa Cruz que respete nuestra autonomía y los recursos no renovables de los santacruceños", decía el gobernador, visiblemente ofuscado.
Peralta asumió en 2007 con relativo equilibrio presupuestario. Pero dejó el cargo con un "rojo" de $4.845 millones, déficit que utilizó como prueba para mostrar la asfixia financiera a la que había sido sometido.
Paradójicamente, ese mismo déficit es el que ahora Alicia Kirchner señala como la "pesada herencia" con la que le tocó asumir.
Lo curioso es que Santa Cruz llegó a esta situación de profunda crisis social a pesar de haber recibido recursos para obras públicas muy por encima del promedio nacional.
Como salió a la luz en la investigación de la causa Hotesur, el dinero destinado a proyectos viales llegó a ser el 12% del total nacional.
Esos fondos, por cierto, quintuplicaban el promedio provincial y son los que ahora dejan un manto de dudas sobre cómo esa jurisdicción llegó al actual descalabro económico.
Por lo pronto, la crisis ha revitalizado las denuncias por corrupción, como la de Mariana Zuvic, diputada santacruceña del Parlasur y "heredera" política de Elisa Carrió.
"El problema en Santa Cruz no es que falta plata, es que sobran ladrones", disparó.
"Recibió 46.000 millones en obras públicas. Sin embargo no hay rutas, no hay escuelas, no hay aguas, no hay cloacas, no hay infraestructura básica. Se robaron la plata, se la robaron toda", enfatizó Zuvic.
Juego de sillones
Peralta no fue el único que tuvo problemas con los K. Antes, en 2006, el gobernador Acevedo anunciaba su renuncia. Nadie tomó muy en serio su excusa formal de "razones personales", tratándose de un político que había llegado con el 70% de los votos.
En aquel momento, se hizo referencia a la mala relación personal con el entonces presidente Néstor Kirchner, quien ejercía un control cercano sobre su "pago chico" y no habría dado su aval para el auxilio presupuestario a la provincia.
Acevedo ya estaba afectado por el creciente descontento social, que había llevado a un levantamiento en Las Heras que terminó con la muerte de un policía.
Años más tarde, insinuaría que su dimisión estuvo motivada por su renuencia a las condiciones de otorgamiento de una obra pública que implicaba un adelanto en efectivo por parte de la provincia para el contratista privado.
Luego, en 2007, ya con Cristina como candidata presidencial, hubo otra renuncia de un gobernador.
Ahora se trataba de Sancho, quien adujo "problemas de salud", en medio de los graves disturbios por reclamos salariales de docentes y ante la pasividad de un Gobierno nacional que se resistía a intervenir en la provincia.
A lo largo de todo el período K, los conflictos con los gobernadores fueron moneda corriente, y las acusaciones sobre el uso discrecional del dinero público para impartir premios y castigos estaban a la orden del día.
Hasta se puede afirmar que ahora, cuando Alicia Kirchner dice que "quieren su cabeza para exhibirla como trofeo político", en realidad está siguiendo una tradición santacruceña que el kirchnerismo supo construir.
