a producir de otros activos, afectará negativamente
al sector empresario"
Diego Goldberg/ Tribuna de Periodistas.-
A los recientes rechazos del Foro de Convergencia Empresarial y la Unión Industrial Argentina (UIA), entre otras entidades del sector, ahora se le sumaron la influyente AEA y la CAC para reclamar cambios en la iniciativa impulsada por diputados del kirchnerismo.
En un comunicado, AEA expresó su “desacuerdo total” con el proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario y alertó que “genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda, por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales”.
“El proyecto afecta la propiedad privada al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes como el de Bienes Personales. Incrementa así muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio”, advirtió.
Explicó que “la suma de los gravámenes sobre los activos podría alcanzar una tasa de hasta el 7,5%, la que se calcula sin considerar las deudas que pudiesen integrar el patrimonio del contribuyente”.
“El proyecto, al no diferenciar entre activos dedicados a producir de otros activos, afectará negativamente al sector empresario, con lo cual, se profundizarán los problemas que, agravados por la pandemia, soporta desde hace muchos años la economía argentina”, consideró.
Para la CAC, la norma incrementa la “presión impositiva, ya de por sí muy elevada”, y sostuvo que en el país “ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como el Impuesto sobre los Bienes Personales”.
En un comunicado, la cámara sostuvo que “la expansión económica y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen”.
Advirtió también que la nueva carga para las empresas tiene “el riesgo adicional de generar un éxodo a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”, al aludir a la situación de los empresarios que se mudan al Uruguay para tener una menor presión tributaria.
“Ante las urgencias fiscales, en lugar de apelar a un nuevo impuesto, deberían buscarse alternativas superadoras, en beneficio de la inversión, la generación de empleo y el progreso económico y social”, señaló la entidad.
La Cámara de Comercio propuso sustituir el proyecto por un “empréstito patriótico” en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos, para asegurar su recuperabilidad para los inversores.
La entidad reclamó elevar de $200 a $300 millones el mínimo imponible para que
alcance a menos contribuyentes, y transformar el mínimo exento en un mínimo no imponible, porque “significaría una importante mejora en materia de equidad”.
Reclamó también reducir las alícuotas y gravar con 0,5% las participaciones societarias y empresariales disponiendo el pago por las sociedades como responsables sustitutas, como es actualmente en el impuesto sobre los Bienes Personales.
La entidad reclamó también que el pago del aporte se pueda realizar en cuotas y que el impuesto no alcance a residentes en el exterior, porque “generaría un alto grado de conflictividad y judicialización”.
