Por Sergio Farella/Tribuna de Periodistas.-
El megajuicio por corrupción vinculado a los negocios del empresario Lázaro Báez y la ex presidenta Cristina Kirchner va tomando forma, luego de que el fiscal Carlos Giménez Bauer pidiera que el Tribunal acepte la competencia en ambas causas, aunque resta saber quién será su reemplazante tras su renuncia y como se resolverá la falta de recursos para el sistema judicial.
La acumulación de las dos causas que ya están en juicio es un proyecto que viene desde hace años, cuando cada uno de los expedientes era investigado por distintos jueces, pero todo se encamina ahora concentrarse en un único lugar: el Tribunal Oral Criminal 9 de la Capital Federal.
Primero recayó en el la causa por la "ruta del dinero K", en la que está preso Báez aunque no Cristina Kirchner, pues nunca fue citada a indagatoria y sólo se llegó a un pedido en ese sentido de la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan y de las querellas Unidad de Información Financiera y Oficina Anticorrupción.
Luego, la causa por el fraude en la obra pública en la que está procesada Cristina Kirchner y Lázaro Báez recayó en el Tribunal Oral Federal 2 que, por conexidad con la "ruta del dinero K", la giró al 9.
Ahora, el fiscal de juicio que tiene competencia con el Tribunal Oral Criminal 9 dio el aval para la acumulación de ambas causas.
"La tarea deberá ser abordada sin demoras. Para ello, la dimensión y complejidad de la investigación y los puntos de contacto con otras en trámite en el fuero aconsejan plantearse estrategias y medios eficientes de adquisición", remarcó, al tiempo que aludió a razones de "economía procesal".
No obstante, no está todo dicho pues aún hay otras dos causas más relegadas que se supone también se van a concentrar en el mismo lugar, que son Hotesur y Los Sauces, en las cuales Cristina Kirchner está imputada junto a sus dos hijos y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
En las últimas semanas se conoció el primero de los planteos por la elección del Tribunal, pues fue uno de los cinco que, por propuesta del Gobierno de Mauricio Macri, se convirtió en federal tras una iniciativa enviada al Consejo de la Magistratura.
El planteo de recusación lo hizo el abogado de Báez, el detenido Jorge Chueco, pero la Fiscalía pidió fuera rechazado y salió a bancar al Tribunal.
Giménez Bauer, en tanto, ya presentó su renuncia al acogerse a la jubilación, algo que hizo poco después que recayera la causa por obra pública en el TOC9, y la fecha en que se retirará será el 1 de mayo próximo.
Sin embargo, ya mantuvo una reunión en febrero pasado con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en donde lo puso en sobre aviso: le sugirió que ante su partida la mejor idea era nombrar un equipo de fiscales multidisciplinario para encarar el megajuicio, teniendo en cuenta el volumen de las causas y la gran cantidad de acusados que reúnen.
"No es una causa más, es la estructura corrupta de un Gobierno", señaló una fuente judicial a NA, mostrando la importancia de los casos a juzgar.
Los motivos de la renuncia de Giménez Bauer, más allá de las especulaciones, tiene que ver con los tiempos, pues él no quería permanecer hasta finalizado el juicio de estas causas de corrupción que se extenderán por años, ni tampoco dejar todo a poco de comenzar los debates.
Hasta el momento, ya se coordinó el trabajo con los equipos de las fiscalías que trabajaron las causas en primera instancia, estos son los de Gerardo Pollicita en obra pública y el de Guillermo Marijuan en la "ruta del dinero k".
No obstante, resta saber si la cabeza de la Fiscalía será una sola o un equipo: esta última sugerencia caló hondo en Casal, quien avanzaría en ese sentido.
Uno de los primeros problemas son los tiempos: la causa de la "ruta del dinero k" y obra pública tiene detenidos y eso insta a apurar los procesos.
El 5 de abril próximo vencen los dos años de prisión preventiva de Lázaro Báez y sólo por ley puede permanecer sin condena un año más, aunque tiene que estar fundado, por lo que se prevé una serie de planteos del empresario atento a esa fecha.
Otro de los problemas es de recursos: la fiscalía de Giménez Bauer cuenta con tan sólo cuatro empleados y en el TOC 9 no hay más de una decena de personas trabajando, lo que hace imposible el funcionamiento ante la acumulación de causas y sobre todo de tanta connotación política como lo son las que les sortearon.
Sin ir más lejos, Giménez Bauer no sólo tiene radicada en su fiscalía la causa de obra pública, la "ruta del dinero k" y la de AMIA, sino además otras 35 del fuero federal con casi 100 detenidos y unas 60 de casos penales ordinarios.
