Por Elizabeth Peger/El Cronista.-
La medida, que destraba $ 8000 millones aportados por las obras sociales de los gremios, quedó en suspenso tras la bronca oficial con la marcha de la central obrera.
En el Ministerio de Salud estaba todo listo para el gran anuncio. Un año después del su lanzamiento original y en paralelo a la multitudinaria movilización de la CGT a Plaza de Mayo, desde la cartera que conduce Jorge Lemus comenzaron a organizar para hoy y junto a la conducción de la central obrera la implementación de la denominada Cobertura Universal de la Salud. Se trata de un ambicioso plan que permitirá a 15 millones de personas que carecen de servicio médico recibir atención en el sistema público y que será financiado con $ 8000 millones retenidos a las obras sociales sindicales del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
Sin embargo, el profundo malestar que la movilización de la central obrera provocó en el presidente Mauricio Macri y varios de sus colaboradores y que provocó, en tono de represalia, el desplazamiento de dos funcionarios ligados a la cúpula gremial (el viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, y el superintendente de Salud, Luis Scervino), puso en peligro el lanzamiento del programa. Hasta anoche el acto, que inicialmente estaba previsto para hoy con la presencia de Lemus, el desplazado Scervino, y el dirigente José Luis Lingeri, en representación de la CGT no estaba oficialmente confirmado.
"Más allá del desplazamiento, si el acto se hace voy a concurrir porque es muy importante y no se pueden mezclar las cosas", le dijo anoche a este diario Lingeri, padrino político del desembarco de Scervino en la Superintendencia.
En principio, la determinación oficial de "descongelar" los $ 8000 millones para poner en marcha el plan implica la conformará, con un año de demora, de la comisión que deberá tener a su cargo la instrumentación del programa para garantizar atención de sectores que no cuentan con ninguna cobertura de salud. La conducción sindical pugna para ser parte de esa comisión con el argumento de que los millonarios fondos que se destinarán a la cobertura universal corresponden a recursos resignados por las obras sociales de sus gremios.
Ocurre que en agosto de 2016 cuando el Gobierno cedió al histórico reclamo de la CGT por la distribución de los más de $ 30.000 millones acumulados durante todo el kirchnerismo en el FSR, repartió entre las obras sociales y bajo diferentes formatos alrededor de $ 22.000 millones. En tanto, retuvo los $ 8000 millones restantes para apuntalar el financiamiento de la cobertura universal que, además de brindar servicios de salud a 15 millones de personas que, ofrecerá el acceso a importantes descuentos en la compra de medicamentos con una credencial.
Según el proyecto diagramado por Lemus, a los pacientes que reciban la cobertura se les confeccionará una ficha médica personal y una historia clínica, para garantizar la continuidad de su tratamiento.
Junto con esa medida, los gremios aguardan una definición respecto a la puesta en marcha por decreto de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), que estudiará los medicamentos y sus condiciones de uso, los dispositivos e instrumentos médicos, además de los procedimientos clínicos y quirúrgicos.
