Por Joaquín Morales Solá/La Nación.- El destino tiene a veces nombre y apellido. Cristina Kirchner parece haberse encontrado en esas encrucijadas de la vida en las que otra persona puede decidir la suerte propia. Si el contador Víctor Manzanares le contara al juez Claudio Bonadio que él obstaculizó las decisiones de la Justicia por orden de la ex presidenta, difícilmente el magistrado podría ignorar que también ella entorpeció el trabajo judicial. Cristina Kirchner quedaría con un pie dentro de la cárcel. Sólo dos razones pueden justificar la prisión preventiva: la posibilidad cierta de que el encartado intente fugarse o que haya usado la libertad para obstaculizar o eludir la acción judicial.
También la acumulación de causas puede ser una tercera razón, pero es improbable que este último argumento le sea aplicado a un ex presidente de la Nación.
De hecho, es sabido en tribunales que el juez Bonadio tiene dos características: es más veloz que la mayoría de sus lentos colegas para resolver los casos de corrupción y cultiva, además, ideas de respeto institucional. Cree que un ex presidente (o una ex presidenta, en este caso) debe ir a la cárcel por una condena, no como consecuencia de una prisión preventiva. Sin embargo, le será casi imposible a Bonadio eludir una decisión definitoria sobre Cristina Kirchner si Manzanares declarara que cumplió órdenes de la ex presidenta para seguir cobrando la renta de inmuebles intervenidos por la Justicia.
En verdad, el juez ya le había advertido una vez a Manzanares que no debía insistir en ese método porque terminaría preso. El contador continuó con su práctica, seguramente presionado por la familia Kirchner. El caso Los Sauces, una denuncia iniciada por Margarita Stolbizer, es el de una empresa, propiedad de los Kirchner, que sólo le alquilaba inmuebles (edificios, por lo general) a Lázaro Báez y Cristóbal López. Bonadio acusó y proceso a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero. Manzanares siguió indicándoles a los supuestos inquilinos (¿para qué querían alquilar inmuebles hombres de fortunas incalculables como Báez y López?) que depositaran el valor de los alquileres en una cuenta de Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz y figura de extrema confianza de los Kirchner.
Al final, Bonadio ordenó la prisión de Manzanares, histórico contador de los Kirchner, y ayer rechazó la excarcelación pedida por la defensa.
En síntesis, por primera vez Cristina Kirchner está cerca de la prisión. Ya antes la ex presidenta intentó eludir la Justicia en el manejo de los fondos intervenidos. Sucedió un episodio poco conocido en la sucursal del Banco Nación de Santa Cruz cuando ella tenía todas las cuentas embargadas por la Justicia. Entonces cobraba dos jubilaciones como ex presidenta (la suya y la de su esposo muerto), más de $ 300.000 mensuales. No obstante, Cristina se hacía de ese efectivo a pesar del embargo. En su momento, ya en tiempos de Mauricio Macri, la Justicia reclamó a las autoridades del Banco Nación que en la sucursal santacruceña se levantaba el embargo por unos minutos, se le entregaban las jubilaciones a Cristina y se volvía a aplicar el embargo. El escándalo interno fue enorme y parte del personal de la sucursal bancaria fue despedido con causa. Luego, se le permitió a Cristina cobrar su jubilación como ex presidenta, unos $ 170.000 mensuales, y se le prohibió percibir la que correspondía a Néstor Kirchner.
Bonadio suele contrastar con sus colegas por la rapidez con que resuelve las causas por corrupción. El caso de la tragedia de Once le llevó sólo once meses para elevarlo a juicio oral y público.
La causa por la venta de dólar a futuro, que según el juez significó una pérdida de US$ 7000 millones para los argentinos, le demandó un año para enviarla a juicio oral y público. Fue la primera causa en la que Cristina Kirchner resultó procesada. Con todo, es notable la comparación con los ejemplos extranjeros. En Perú, y por el caso más reciente de las coimas pagadas por la brasileña Odebrecht, ya está preso el ex presidente Ollanta Humala y se encuentra prófugo Alejandro Toledo, otro ex presidente. En España, ex funcionarios son puestos en prisión no bien el juez tiene la semiplena prueba de su culpabilidad en casos de corrupción. Esperan en la cárcel el juicio definitivo. En Brasil, toda una casta política está presa a la espera de los juicios que decidirán sobre culpabilidades e inocencias.
El caso Los Sauces tiene ahora un nuevo riesgo de demora o impunidad en la justicia argentina. El tribunal de alzada de esa causa es la sala I de la Cámara Federal, la única desprestigiada de las dos salas, la que integra el camarista Eduardo Freiler. La otra sala, la II, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani, es una de las instancias judiciales que cuentan con más prestigio en los tribunales.
Pero el expediente de Los Sauces está en manos de la otra sala, la que integran Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia. Bruglia es un juez nuevo que suele estar de acuerdo con las decisiones de los jueces de primera instancia que condenan casos de corrupción.
Según fuentes inmejorables, el inverosímil juez Freiler -a quien en el Consejo de la Magistratura acusan de haberse enriquecido ostensiblemente en el ejercicio de su función como magistrado- está militando para mejorar la situación de los Kirchner en el caso Los Sauces. Trata de influir en Ballestero (que va y viene en su posición sobre la corrupción de los otros) para que se eliminen de esa causa los delitos por asociación ilícita y lavado de dinero, que son los más graves. Quiere que sólo se juzgue a los Kirchner por administración fraudulenta. También influye en Ballestero para que la Cámara libere cuanto antes al contador Manzanares.
Bruglia no es un juez permeable a esas operaciones, pero si Freiler convenciera a Ballestero, las resoluciones que podrían beneficiar a los Kirchner ganarían por dos votos a uno.
Sólo un sentido muy profundo de impunidad puede llevar a un juez como Freiler, que hace poco se salvó de la destitución en el Consejo de la Magistratura por un voto, a ejecutar operaciones judiciales para beneficiar a la familia política con más denuncias de corrupción en la historia del país. El caso interpela al peronismo, que en última instancia permitió la salvación (¿temporaria?) de Freiler. Es probable que Freiler esté siendo presionado, a su vez, por el cristinismo que lo salvó del despido por el delito de corrupción, justo el mismo delito que debe juzgar como magistrado.
Jueces como Freiler son inexplicables en la Justicia y revelan, en alguna medida al menos, el porqué del rezago argentino en la condena de la corrupción que asoló el país durante más de una década. Son también imprescindibles para Cristina Kirchner, en un momento en el que el destino la puso más cerca que nunca de la cárcel.
