Por Joaquín Morales Solá/La Nación.- El viernes, cuando la Argentina abandonó el default tras casi 15 años, Cristina Kirchner ya no estaba en Buenos Aires. Un día antes, el fiscal Carlos Rívolo (el mismo que juntó las pruebas para procesar a Amado Boudou en tiempos del apogeo de éste) comenzaba a hurgar en los papeles incautados por el juez Bonadio en empresas de Cristina en Santa Cruz. Busca documentación para sostener otra denuncia de lavado de dinero contra la ex presidenta: la de la empresa Los Sauces. "En cuatro meses, Cristina perdió mucho más que lo que ganó", decía sobre el fin de semana un peronista con funciones importantes. Y agregó: "El problema del peronismo es que debe responder por la herencia de corrupción más grande que haya tenido en su historia". Esas tres cosas (salida del default, caída del otrora omnipotente liderazgo de Cristina e insistente pesquisa de fiscales y jueces sobre la corrupción del gobierno que se fue) tuvieron -y tienen- un ritmo fulminante que ni analistas, ni políticos, ni politólogos pudieron prever.
Una encuesta entre ejecutivos de Wall Street hecha en febrero pasado indicó que una mayoría de esos financistas creía que el país abandonaría su situación de impago de su deuda sólo en diciembre de este año. No desconfiaban de Macri; sólo tenían en cuenta que esas negociaciones son siempre complejas y que los fondos buitre no cederían fácilmente. El equipo económico argentino cambió entonces la estrategia del cristinismo: empezó a tratar al juez Griesa con el respeto que merecen su cargo y su edad, y liquidó todas las deudas por honorarios con el special master Daniel Pollack.
La justicia norteamericana dejó de mirar a los funcionarios argentinos como un grupo de hooligans decidido a perpetrar el vandalismo institucional.
La segunda decisión que tomó la conducción económica fue ofrecer el pago en efectivo de la deuda. "Queremos pagar cash", anunció Alfonso Prat-Gay cuando escuchó la primera oferta de Paul Singer: esos fondos aceptarían cobrar en bonos con una tasa anual del 11 por ciento. Era mejor endeudarse a una tasa mucho menor y poner toda la plata sobre la mesa. Esa estrategia consiguió además la aprobación del Congreso, que constituyó, a su vez, la primera derrota política de Cristina; ella no quería que Macri saliera del default. Lo cierto es que el Gobierno les pagó a los fondos buitre con créditos que consiguió a una tasa promedio del 7,02% anual. Ahorrará en diez años unos 3000 millones de dólares si se compara esta tasa con aquel 11% que pedían al principio los holdouts.
Prat-Gay se convirtió, así, en el ministro que le dio al Presidente resultados más rápidos y decisivos para su gestión. Macri despejó todas las especulaciones sobre su relación con el ministro de Hacienda cuando lo elogió delante de los empresarios más importantes del país. No nombró a ningún otro funcionario y tenía a su lado a todos los ministros económicos. Prat-Gay suele sacudir el brillo de esas victorias: "Yo sé que tengo sólo seis meses para despejarles muchos problemas a los otros ministros", dice. El mercado financiero le ofreció 70.000 millones de dólares cuando el Gobierno sólo pedía 15.000. Prat-Gay no se sorprendió. Siempre recuerda que fue interrumpido con un sorpresivo aplauso en la primera reunión del G-20 a la que asistió; fue cuando agradeció la "paciencia" de ese club selecto de la economía por haber soportado, sin echarla, a "la Argentina de los últimos diez años".
Al país de Macri se le abrieron las puertas del financiamiento para escapar de la endemoniada opción que le dejó Cristina: sin crédito, debía hacer un severo ajuste de los gastos del Estado o tenía que seguir emitiendo dinero irresponsable, con las consiguientes consecuencias inflacionarias.
Cristina se perdió en la Patagonia antes de ver el final del default. Ya perdió demasiado. Ningún gobernador peronista le responde; casi el 50% de los senadores nacionales del peronismo (la herramienta institucional más importante de ese partido) desconoce su autoridad; más del 20% de los diputados nacionales ya no está con ella (el porcentaje podría ser mayor luego de la constitución de la nueva conducción del PJ), y un 40% de los diputados bonaerenses abandonaron el bloque peronista en disidencia con ella. Es un derrumbe notable en apenas 120 días sin poder, que la ex presidenta disimula con su incomparable capacidad para manejar el espectáculo mediático. Ni Macri, ni Prat-Gay, ni Massa ni Urtubey estarán nunca en condiciones de competir con ella por la calidad del show político. La política es también show, pero no sólo show.
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El destino de Macri no depende del peronismo ni de Cristina, sino de los propios resultados de Macri. Según dos encuestas prestigiosas, el Presidente perdió entre 8 y 5 puntos de popularidad en abril, cuando llegaron las nuevas facturas de los servicios públicos y la inflación no dejó de crecer. Sin embargo, Macri conserva aún el 61% de aceptación en una de ellas, y el 65 en la otra. El respaldo social con que cuenta sigue siendo importante. Macri y Prat-Gay están seguros de que la inflación bajará verticalmente a partir de junio y que el país estará en crecimiento en el último trimestre de este año. Nadie en el Gobierno olvida nunca que en el próximo año habrá elecciones legislativas. "Los argentinos tendrán entonces que estar tocando una realidad distinta para que ganemos. No valdrán sólo las promesas", suele espolear Macri a sus ministros.
Según esas dos encuestas, Cristina ha caído en la aceptación popular por debajo del 30% por primera vez en muchos años. Ella se enfrenta no sólo con la decadencia política propia de un presidente que se fue, sino también con la excitación de los jueces para investigarla. La AFIP se convirtió en una especie de oficina anticorrupción. Cerca de cien empleados de la agencia impositiva trabajan sólo para contestar los oficios de jueces y fiscales sobre los casos de corrupción que investigan.
¿Cuál es la sorpresa? El sistema de corrupción que aparece a la luz está conformado por empresarios kirchneristas que manejaban dinero de la familia Kirchner. Esa fortuna debía ser lavada y para eso se requería de la complicidad de los funcionarios de la AFIP. ¿No se llegó, acaso, a la grosería de que la conducción de la DGI oficiara en los hechos de contador de Lázaro Báez? ¿No intentó Cristóbal López trasladar las oficinas de su empresa Oil Combustibles al Sur, donde hay jueces y fiscales más amables y comprensivos? La AFIP y la Justicia no lo dejaron hacer eso ni le permitieron que Oil se declarara en concurso. Tanto para los jueces como para la actual AFIP el inmenso conglomerado de empresas de López (tiene unas cien compañías) pertenece a un solo grupo, Indalo. "No sé qué dirán los jueces, pero todos (Cristina, Lázaro, Cristóbal y Echegaray) formaron parte de una asociación ilícita", asegura un funcionario de carrera de la AFIP que trabaja 18 horas por día para responder a los jueces.
La investigación del fiscal Rívolo sobre otra empresa de la familia Kirchner, Los Sauces, revela una maniobra ramplona, una más, que descubrió Margarita Stolbizer. Lázaro Báez construyó con su dinero edificios sobre terrenos que pertenecen a los Kirchner. Luego, les alquiló esos edificios. ¿No hubiera sido más simple que comprara terrenos para edificar edificios que necesitaba, si es que los necesitaba? "El peronismo deberá arder en el fuego para purificarse", agrega aquel peronista que conoce los confines de la corrupción, esos que jueces y fiscales sólo suponen por ahora. Un destino de oradora frente a los tribunales es lo único cierto en la vida de Cristina Kirchner.
