Por Adrián Ventura/La Nación.- Cuando el cambio de gobierno se volvió inevitable, Oscar Parrilli apuró su renuncia a la AFI. Alejandro Vanoli, tras escenificar una incipiente resistencia, entendió que los tiempos estaban cambiando y se alejó del Banco Central. Martín Sabbatella pretendió quedarse en la Afsca, pero un DNU le borró el sillón y el organismo de un plumazo, y se tuvo que contentar con hacer una airada protesta. Con Alejandra Gils Carbó, las cosas parecen distintas.
La procuradora general, la jefa de los fiscales, parece empeñada en quedarse en su cargo y construirse a sí misma como un emblema de la resistencia cristinista.
¿Por qué está tan empeñada en conservar su cargo? Todas las cartas juegan en su contra.
En efecto, el presidente Mauricio Macri, que no abriga ningún resquemor con la mayoría de jueces y fiscales que fueron o son kirchneristas, está empeñado en esmerilarla. Hace un mes, dictó dos DNU para recortar sus atribuciones -por ejemplo, le sacó las escuchas judiciales, que pasaron a la Corte-.
Y ahora, con un proyecto de ley, intentará acortarle el plazo de su mandato, tal vez a cuatro o cinco años. Eso la pondría fuera del cargo a más tardar en 2017. En la ciudad y en muchos países los procuradores tienen un mandato con plazo.
El peronismo no kirchnerista no considera a Gils Carbó como tropa propia y no estaría dispuesto a defenderla.
Es más, si hoy fuese sometida a un juicio político -que, en rigor, es innecesario porque la Constitución no le da a la procuradora ese privilegio, que sí tienen los jueces de la Corte-, muchos senadores podrían votar en su contra.
Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y una de sus principales diputadas, Graciela Camaño, siempre solicitaron constituir una comisión bicameral para examinar el comportamiento de Gils Carbó y juntar pruebas contra ella. Este año podrían tener éxito en ese reclamo.
¿Por qué, entonces, Gils Carbó está dispuesta a permanecer? Cuando asumió, en 2012, sabía que Cristina Kirchner no la nombraba para cumplir un rol imparcial como le pide la Constitución.
En efecto, su antecesor, Esteban Righi, debió ser echado con malos modos. Él había avalado un allanamiento a un domicilio de Amado Boudou y el vicepresidente, con el respaldo de la primera mandataria, forzó su dimisión. Gils Carbó sabía que llegaba a la Justicia para hacer política. Y la hizo.
Aquel año, el debate por la ley de medios estaba al rojo vivo y Gils Carbó se transformó en un alfil contra el Grupo Clarín. También fue una de las fundadoras de Justicia Legítima. Ascendió al cargo de fiscales federales a una treintena de hombres y mujeres que, desde sus cargos, hacían y hacen cristinismo explícito -muchos de ellos, hoy, la instan a quedarse-.
Gils Carbó también instaló en las villas porteñas y metropolitanas oficinas para facilitar el acceso a la justicia de sus habitantes, pero aprovechó esas estructuras para hacer militancia.
Y mientras desde la cúpula de la Procuración General se organizó la persecución contra muchos empresarios, consultores, economistas, periodistas y políticos, abiertamente se militó en favor de Milagros Sala y de otros kirchneristas denunciados.
También hay otro motivo. Con un nuevo sistema de juicios penales, los fiscales pasarán a tener la llave de la acusación, de la persecución penal: Gils Carbó, que hace unos meses le hizo abrir a uno de sus hombres una investigación contra Macri por las declaraciones juradas, vio que ella y sus funcionarios tendrían otra fuente de poder, para perseguir a los adversarios.
Hoy, Gils Carbó busca prolongar sus aspiraciones, como también lo hacen los diputados de La Cámpora. Pero no advierte que el hartazgo social hacia ciertos métodos encogieron su horizonte político.
