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| Miguel Ángel Pichetto, Héctor Recalde, Juan Manuel Urtubey y Jorge Capitanich. |
Por Pablo Ibáñez/Ámbito.-
La derogación de esa ley K, Para luego acordar con holdouts altera los frágiles acuerdos en el peronismo.
La tregua precaria y volátil que el peronismo ató el miércoles en Obras Sanitarias enfrentará en marzo uno de sus peores fantasmas: el PRO apurará la derogación de la "ley cerrojo", un expediente que pondrá en evidencia la tensión que anida en el partido y amenaza con hacer implosionar la unidad de cotillón que dibujó el PJ.
El macrismo planea bajar al recinto la carpeta "buitre" en la primera quincena de marzo. En el Congreso, Emilio Monzó y Federico Pinedo hacen números para ver cuántas manos junta el oficialismo entre propios y aliados no peronistas, para estimar luego cuántos votos del PJ/FpV tiene que salir a pescar en cada cámara.
El miércoles, en el Congreso del PJ, el tema "buitre" irrumpió en el debate a partir de una moción de sectores K (que no llegó a tratarse) para que el plenario partidario ordene a sus legisladores no votar ningún endeudamiento que sea para cancelar pagos con los holdouts.
Tironeo
El escarceo emblemático fue entre Miguel Angel Pichetto y Héctor Recalde, jefes de las bancadas del Senado y Diputados del FpV/PJ. El rionegrino se opuso a la moción; Recalde fue, junto a otros, promotor de la misma. Un anticipo del enfoque diferente que los peronismos de cada cámara tienen ante el tema buitre. Hay, claro, enlaces cruzados: el grupo de los 13 que agita Diego Bossio y tiene de sponsor a Juan Manuel Urtubey se alinea con la postura Pichetto y reporta a la demanda de los gobernadores. Ayer, el senador se vio con Gustavo Bordet, cacique de Entre Ríos, heredero de Sergio Urribarri que empieza a mostrar juego propio.
No es casual, en esos tironeos, el guiño que Mauricio Macri hizo a los mandatarios provinciales al avanzar con un plan de devolución, a largo plazo, del 15% de coparticipación que retiene la ANSeS. Esos fondos detonaron una demanda de Córdoba, Santa Fe y San Luis en la Justicia, que la Corte validó -lo que sembró el enojo de Macri con Ricardo Lorenzetti- y que luego Cristina, en una de sus últimas medidas de gobierno, amplió a todas las provincias con un decreto. Cuando Macri volteó esa medida y giró recursos extras a Capital, puso en alerta a los gobernadores que se reunieron en San Juan, en un temprano alerta a la Casa Rosada.
De fondo la disputa es básica. De un lado, el PJ territorial que no quiere romper con el Gobierno porque necesita niveles de diálogo, acuerdo y recursos. Del otro, el cristinismo, con epicentro en La Cámpora, que encarna desde el inicio de la gestión PRO una postura hipercrítica. El sueño húmedo del macrismo es que mediante pactos con los gobernadores le alcance para tener los votos para leyes clave y, de ese modo, animar el antagonismo con lo K. Hasta acá, lo PRO se nutre de lo no K.
Numerologías
Ayer, el interbloque Cambiemos juntó a sus 91 diputados para perfilar los movimientos luego de la apertura de sesiones del 1 de marzo. La juntada la encabezaron Monzó, el radical Mario Negri, Nicolás Massot del PRO y Elisa Carrió. "Estoy casada con Macri y no me voy a divorciar" dijo la diputada, lookeada con extravagantes lentes espejados. El punto central fue, justamente, ordenar los pasos para derogar la "ley cerrojo" (ver recuardo aparte).
En paralelo, un scrum K salió a cuestionar la postura de los peronistas que, encabezados por Pichetto, encarnan la postura acuerdista con los "buitres". Un puñado de alcaldes, entre ellos Francisco "Paco" Durañona, de San Antonio de Areco, y Jorge "Coqui" Capitanich, de Resistencia, se oponen a derogar la "ley cerrojo". Patricio Mussi, de Berazategui, y Jorge Ferraresi, Avellaneda, están en la misma trinchera.
La posición que gobernadores y legisladores tomen en torno al proyecto del PRO amenaza con romper todo dentro del PJ. José Luis Gioja nada dijo, todavía, al respecto. El sanjuanino es diputado y debe atender la demanda de su provincia, donde dejó como sucesor a Sergio Uñac, mientras se perfila para encabezar la lista de unidad del PJ ante lo cual debe hacer equilibrio.
Si, como se anticipa, los bloques del FpV/PJ votan divididos y las fracturas se hacen más visibles, a Gioja le resultará más complicado mantener el protocolo de la unidad partidaria. El cierre de listas es el 8 de abril, y la discusión legislativa sobre la "ley cerrojo" estallará en marzo en medio del armado de la lista de unidad. Otra vez, ante eso, volverá el riesgo de la intervención judicial del partido.
