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El fiscal pidió entonces que se investigaran las presuntas contrataciones irregulares realizadas en complicidad de funcionarios públicos del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, y que habrían generado a las empresas involucradas una facturación mensual de, al menos, $ 10 millones. Las compañías vinculadas a D’Elía serían contratadas por Enarsa y así escaparían de la órbita de los controles. Además, la empresa que se adjudica a D’Elía nunca habría tenido la experiencia ni antigüedad en el transporte de combustibles como para justificar tales acuerdos. Fuentes de la causa informaron a PERFIL que las fuerzas de seguridad secuestraron documentación que vincularía a D’Elía con los negocios de compraventa de combustibles al Estado. Los documentos secuestrados serán analizados en los próximos días. Ercolini sostuvo el jueves en un escrito cómo sería el modus operandi. Atalaya recibiría contratos de Enarsa a través de la empresa de transportes de combustible de Gustavo Elías, Chenyi, que derivaría parte de los contratos con el Estado. La causa avanza en medio de nuevas denuncias e investigaciones periodísticas sobre los negociados de Enarsa en torno de la importación de gas natural licuado (GNL) y fueloil durante la era kirchnerista. PERFIL viene revelando documentos inéditos que demostrarían desvío de fondos millonarios y sobreprecios.
