UN VIDEO QUE NO COMPLICA EN LO JURÍDICO: EL ABREVIADO ARRASTRA OTROS PROBLEMAS.

Hace dos años. “Guille” Cantero, en el video de polémica captura.
Lo tomaron policías el día que se presentó detenido.

    Por Hernán Lascano/La Capital.- El problema de la viabilidad del juicio abreviado que impone condenas atenuadas a 18 procesados de la Banda de Los Monos no tiene que ver con el video en el que aparece “Guille” Cantero hablando de delitos que se le adjudican a él y a su grupo. El problema de la viabilidad del juicio abreviado que impone condenas atenuadas a 18 procesados de la Banda de Los Monos no tiene que ver con el video en el que aparece “Guille” Cantero hablando de delitos que se le adjudican a él y a su grupo. Ese material no lo complicará. Fue obtenido a espaldas del acusado, que habla esposado y sin la presencia de un defensor, en una declaración informal en sede policial. No tiene valor judicial ni lo tendrá. No modifica en nada los elementos para definir la suerte del abreviado.   Los problemas del abreviado impulsado por el procurador Jorge Barraguirre, que bajó instrucciones a los fiscales de Cámaras Guillermo Camporini y Cristina Rubiolo, son otros. Y no tienen tanto que ver con sus calidades legales sino con otras de tipo político. Este video ilegal viene a acentuar este costado. El problema político del abreviado es que la sociedad, o al menos la parte de ella interesada en este tema, nunca entendió en qué la beneficia este convenio.   

Los fiscales son los representantes de una comunidad a la que desde el Poder Judicial y desde el poder político se le aseguró que algunos miembros de la familia Cantero, más otros allegados, habían sido un factor de peligro público. Que esas personas habían cometido delitos múltiples —homicidios, atentados a tiros, extorsiones, usurpaciones, lesiones— para asegurar negocios ilícitos. Y en un caso de colosal asesinato mafioso, el procesado como ejecutor de los balazos —quien habla en el video— termina apareciendo en un rol marginal en ese hecho. Sin ninguna explicación de los motivos. Incorporado. El punto de discordia es por qué a los delitos de asociación ilícita investigados por el juez Juan Carlos Vienna se le incorporó la causa por el homicidio de Diego Demarre, en la cual había evidencia para ir por la prisión perpetua de “Guille”. Lo que no se entiende, porque no hay argumentos, es qué hizo que “Guille”, hermano del Pájaro, dejara de ser el matador de Demarre. Hubo un montón de incidentes que develan el esfuerzo imaginativo y de planificación para garantizar ese cometido. Eso trastorna la capacidad de comprensión de la comunidad de que lo hecho es algo que la favorece.   El primer problema del abreviado es que se intentó algo disparatado que fue inadvertido, lo que es grave, por fiscales y jueces. Se trataba de que la viuda de Demarre, que lo había visto morir a su lado, ayudara a “Guille” a despegarlo del caso. En diciembre Betiana Quintana fue con los abogados del asesino a decirle a la fiscal Cristina Herrera que el hombre procesado por acribillar a su marido no era quien lo había hecho. Dos meses antes de que eso ocurriera en el juzgado de Instrucción donde se tramitaba la causa Monos había escuchas que anticipaban el modo en que el entorno de Los Monos preparó ese trámite desde la cárcel de Piñero, pagando a Betiana.

 Sólo la difusión periodística de ese despropósito, que implicó un reconocimiento judicial en el que Betiana dijo que “Guille” no era el asesino, tornó imposible el sobreseimiento que buscaban los defensores y que las fiscalías contemplaron. Pero la publicación hizo que se buscara un atajo: en vez de acusarlo de ejecutor le imputaron en el abreviado participación secundaria.   El segundo problema para el abreviado fue que dos fiscales rechazaron firmar al acuerdo en discordia con las figuras que beneficiaban a “Guille”. Cuando se lo pidieron a la fiscal Herrera, que lo había acusado como ejecutor del asesinato, ella primero se negó y después tomó licencia por razones de salud. Mariano Ríos fue designado como subrogante por 15 días sólo para avalar este caso pero un día antes del acuerdo se negó. Ese rechazo, lleno de significación política, incluyó a otros fiscales de primera instancia que, sin altisonancias, hicieron saber a sus superiores que estaban renunciando, con argumentos enclenques, a ir por más. Arbitrario. Un tercer problema para el acuerdo es que no ofrece ningún argumento contundente de por qué “Guille”, procesado como autor de homicidio calificado, pasa a ser partícipe secundario del homicidio agravado. Nunca los fiscales fundamentan en qué parte de la narración histórica del hecho juzgado se sostiene el cambio de rol. Si algo no se explica se vuelve arbitrario.   Un cuarto problema del abreviado es su congruencia con otros casos. El mismo juez que debe homologarlo, Edgardo Fertitta, condenó hace tres meses a una chica sin antecedentes llamada Rocío Quiroz a 20 años de prisión por doble homicidio en un caso de prueba muy controvertida. Aquí la pena para el jefe de una asociación ilícita que acepta cometer homicidios para afirmar sus negocios se lleva nueve años. Negocios que, según las escuchas obtenidas con orden judicial hasta febrero de miembros de la banda, se mantienen inalterables. 

Lo que revelan es que siguen ordenando asesinatos que luego se cometen, controlando remises de la zona del casino, instalando bunkers de droga, manejando personas para la venta de estupefacientes, comprando vehículos y armas y ordenando aprietes para demostrar poder.   Un quinto problema del abreviado es que se anunció que posibilitaría el decomiso de los bienes del grupo. El inventario marca 80 vehículos —muchos de alta gama—, doce viviendas —entre ellas la quinta de tres hectáreas en Pérez— y dinero. Pero lo que figura en el acuerdo es que Los Monos sólo entregan un Citroën C3, un Chevrolet Vectra y la suma total de 223.880 pesos integrada en varios depósitos judiciales. Un abrupto desequilibrio entre lo que el grupo recibe en relación a lo que da.   Desde el plano jurídico, convalidar o rechazar el abreviado es sencillo. Se lo puede avalar con el argumento de que casi no hay elementos legales, en el procedimiento penal santafesino, que permitan a un juez deshacer un acuerdo de partes. O deshacer en base a que no se explican cuestiones elementales y hasta vicios de forma: el apuro por cerrar el acuerdo hizo que “Guille” firmara un acta donde un cómplice lo señala como homicida de Demarre.   

Lo que no es fácil, para ir en una u otra dirección, es sustraerse de una atmósfera política donde no asoman líderes de opinión o personalidades con autoridad en materia penal que defiendan como algo provechoso este abreviado. Hasta el gobernador electo Miguel Lifschitz fue crítico.   El argumento que sí ampara este acuerdo es que acaso en un juicio oral no se obtenga condena. Si eso pasa no será por obra del azar sino por una estrategia persecutoria llena de lagunas. Por citar un ejemplo: el cuerpo de cuatro fiscales conformado para un aspecto medular —el acopio de los bienes económicos producto de ilícitos— fue desmantelado mucho antes de que terminara la investigación acusatoria. Pero los casos de superior interés público, como este, ameritan ventilarse en juicio oral aun cuando se pueda perder. De otro modo el esfuerzo procesal y probatorio de años se va por la rejilla. Refraseando algo ya dicho: las escuchas revelan cómo, después del atentado, personajes acusados de integrar la organización intentaron saber si Demarre murió o no, con cuántos tiros y con qué evidencia contaba la policía, en un intercambio de llamadas incesante.   La sociedad merece que eso se ventile en un proceso abierto, libre, democrático. Sobre todo cuando gobierno y Justicia le dijeron que esas personas eran responsables de causar de modo continuado aflicción comunitaria y conmoción pública. 

 La mirada de los jueces y el futuro del acuerdo 

 Los jueces Edgardo Fertitta, Julio Kesuani y José Luis Mascali son los que tienen bajo revisión el procedimiento abreviado definido en favor de 18 miembros de la llamada Banda de Los Monos. En el caso de que homologuen lo acordado por las partes las condenas pactadas, que implicaron la confesión de delitos de los imputados a cambio de penas reducidas, quedará firme. Pero si no lo hacen los dos casos seguirán como juicios normales en un proceso oral.   Así lo consignaron anoche fuentes judiciales consultadas por este diario. Las causas 913/12 por asociación ilícita, por un lado, y la 448/13 por el homicidio de Demarre, por otro, deberían tramitarse en juicios orales y públicos. Esto porque, de acuerdo a lo señalado, la ley 13.004 en su artículo 11 define que por un problema de conclusión todos los casos que fueron investigados en el viejo sistema penal y resultaron apelados, por una cuestión de inmediatez, deben ser resueltos en juicio oral.       Los casos ya fueron elevados a juicio por los fiscales. Por eso están en la instancia de sentencia. La complicación que surge en caso de que el abreviado no se homologue es que los imputados ya confesaron sus delitos. Pero si pasara que el acuerdo no prosperara tiene que hacerse un juicio como si tal no hubiera existido y no podrán considerarse válidas las admisiones de culpa que hacen los involucrados. En relación a los jueces que actúan en el abreviado estos podrán intervenir, en caso de juicio oral, si no emitieron opinión.