Por Carlos Tórtora/El Informador.-
El ataque institucional del oficialismo contra Carlos Fayt se inició formalmente hace tres días, cuando el kirchnerismo convocó a la Comisión de Juicio Político de Diputados, que presidía la oficialista Adela Segarra, que fue reemplazada por la camporista Anabel Fernández Sagasti, con la intención de realizar un “cambio de autoridades”, medida que se da en momentos en que el Gobierno nacional mantiene una fuerte controversia con la Corte Suprema de Justicia. Esta movida del oficialismo se da en coincidencia con un nuevo pedido del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para que se le practique al ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, sobre quien existe un pedido de juicio político, un examen para que “demuestre que está en condiciones” de ejercer el cargo.
Semejante ofensiva sorprendió a los principales dirigentes de la oposición, que en general interpretan que la ofensiva del gobierno para echar a Fayt no le serviría de mucho, ya que no consiguió los dos tercios de los votos en el Senado para la designación de Roberto Carlés en reemplazo de Eugenio Zaffaroni, así que, en plena campaña electoral, menos aún lograría imponer un sucesor para Fayt.
Sin embargo, otra interpretación que surge del entorno de Aníbal Fernández, una vez más la primera espada del gobierno, es que el plan del cristinismo para la Corte sería más complejo. Mediante una ley sancionada por mayoría simple, el gobierno podría ampliar el número de ministros de la Corte a siete. Si en forma concordante consiguiera que Fayt renuncie a su cargo, la Corte quedaría reducida a sólo tres integrantes: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Con sólo tres sobre siete se caería el argumento de que el tribunal puede seguir funcionando normalmente, ya que sólo contaría con minoría. En esta situación extrema, la Corte se vería obligada a convocar como conjueces a los presidentes de las cámaras federales y entonces sí el oficialismo haría sentir su poder haciendo que la mayor parte de éstos le respondan políticamente. O sea que Lorenzetti, Highton y Maqueda podrían quedar en minoría. Esta obsesión cristinista por contar con mayoría propia en la Corte tiene que ver con el proyecto de impunidad que necesita el oficialismo para el 2016. Causas como la de Hotesur, la del lavado de Lázaro Báez, Ciccone y tantas otras que afectan directamente a CFK y su entorno, luego de pasar por la instancia de las cámaras de apelaciones y la Cámara de Casación, bien pueden terminar a mediano plazo en la Corte. Si el cristinismo, en un acto de defensa propia, consiguiera mantener un bloque de senadores nacionales que impida designar miembros de la Corte sin su apoyo, esta posibilidad de que el tribunal quede bloqueado y con conjueces no es impensable.
La impunidad no se detiene
A todo esto, la consagración de la impunidad está lejos de ser un objetivo lejano. Con escasa repercusión mediática, hace dos días, el juez federal Luis Rodríguez señaló que “por todo lo dicho constituye el dictado de sobreseimiento a favor de Norberto Oyarbide en orden a los delitos de prevaricato y omisión y persecución de delincuentes -y de Carlos Liuzzi (Subsecretario Legal de la Presidencia y mano derecha de Carlos Zannini) en delito de encubrimiento”.
El polémico funcionario era investigado por haber llamado a Oyarbide para suspender el allanamiento a la financiera PROPYME, perteneciente a Alejandro Greppi. El 28 de marzo de 2014, el fiscal federal Ramiro González le pidió a Rodríguez el secuestro de los teléfonos oficiales y personales de Liuzzi.
La denuncia por la que fueron sobreseídos Oyarbide y Liuzzi se originó en una presentación de los radicales José Cano, Manuel Garrido y Mario Negri, quienes consideraron que “llama poderosamente la atención que un juez decida interrumpir un procedimiento que él mismo fundamentó con el solo pretexto de que una dependencia del Poder Ejecutivo ‘le merece toda la confianza’”. En medios de Comodoro Py, se considera que el fallo de Rodríguez es candidato a ser revisado en el futuro por sus características de fraudulento, o sea que le podría ser aplicable la doctrina de la cosa juzgada írrita.
La Corte Suprema dejó instalado este tema recientemente, al desestimar un recurso extraordinario presentado por el ex juez federal Juan José Galeano -en la causa por encubrimiento en el caso AMIA- contra un fallo de cámara que lo condenó aplicando la cosa juzgada írrita. En este tema -y pese a los esfuerzos de ciertos operadores del gobierno- estaría por reeditarse el único libro que desarrolla pormenorizadamente el tema. Se trata de “Cosa juzgada fraudulenta”, cuyo autor es Federico Morgenstern.
En orden a la contienda electoral, en el seno del gobierno habría una creciente discusión acerca de si la embestida oficial contra la Corte Suprema puede restarle votos a Daniel Scioli al reavivar el rechazo de la clase media.
Para otros, la suerte del cristinismo en las urnas depende ya casi exclusivamente del voto clientelista y de los votantes cautivos de los aparatos partidarios, por lo cual no valdría la pena tratar de recuperar votos de clase media.
