Por Guillermo Cherashny/El Informador.- El cristinismo, a través de Horacio Verbitsky, anunció que se podría denunciar al presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti por falsedad ideológica. Es que el 21 de abril pasado fue reelecto como presidente de la Corte Suprema a través de una acordada que habría sido firmada por Carlos Fayt desde su casa, según el periodista operador del gobierno. Es posible que Fayt esté enfermo y que le lleven el despacho a su casa, lo que no es ningún delito. Es difícil que un juez o fiscal federal tome en serio esta disparatada denuncia, si es que se concreta. Pero el ataque tiene un objetivo claro y es que la oposición apruebe el pliego de Roberto Carlés como nuevo ministro de la Corte Suprema en reemplazo de Eugenio Zaffaroni. Está claro que el gobierno se niega al consenso y quiere nombrar un supremo militante.
¿Vuelve el caso Nisman?
Por ahora, Lorenzetti anunció que renunciará anticipadamente a la Corte a partir de enero del 2016 por “cansancio moral”. Obviamente la tensión no cede y el cristinismo está molesto porque la Corte declaró la inconstitucionalidad de la lista de conjueces aprobada sólo por mayoría simple, en tanto permite completar su integración con los presidentes de las cámaras que, según el gobierno, también fueron nombrados por mayoría simple. Y en la mayor parte de los casos surgieron de la agenda del gobierno nacional, por lo cual éste no puede alegar su propia torpeza.
En primer lugar, no está en discusión que la Corte ejerce el control de constitucionalidad -junto con todos los demás jueces- y puede determinar quién debe ser subrogante de un ministro de la misma. O sea que el planteo del gobierno vía Verbitsky es ilegal, poco serio y disparatado, y se trata, en definitiva, de un fuerte apriete, no sólo a la Corte sino a los 28 senadores de la oposición, para que aprueben un candidato nuevo. Verbitsky amenazó con que, a pesar de que el 10 de diciembre asuma un nuevo presidente, el cristinismo mantendrá un tercio o la mitad del Senado, por lo cual se podría entrar en un círculo vicioso ya que sería muy complicado designar un nuevo miembro del tribunal. Esta amenaza de Verbitsky no es muy sólida.
Si el próximo presidente es Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa, es muy posible que los senadores buscarán fondos para sus provincias y será entonces dudosa su lealtad a la actual presidente. La chequera estará en manos del futuro presidente, que no le tendrá que pedir permiso a Cristina Fernández para gobernar. En este manotazo de ahogado, está implícito el temor de que el juez Claudio Bonadío investigue los negociados hoteleros de la presidente. Y está también la posibilidad cierta de que la Cámara de Casación revise el dictamen del fiscal Javier de Luca desestimando la denuncia de Nisman, Pollicita y Moldes, ya que hay varios antecedentes jurisprudenciales en ese sentido. También existe el riesgo de que en Casación se debe decidir también la constitucionalidad del tratado con Irán. Aparte de confirmarse la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento, también se puede apuntar a que la firma de éste fue un delito, con lo cual el asesinato de Nisman volvería al primer plano, pese a los esfuerzos de la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini, muy temerosas ambas del gobierno nacional.
